“Nos preocupa que esto sea un paso más en la denominada Fortaleza Europa, más ocupada por cerrarse a cal y canto y externalizar fronteras que por las personas y sus derechos humanos”. “Hemos documentado en numerosas ocasiones el coste humano de estas políticas que se centran en la externalización de sus responsabilidades internacionales de derechos humanos: la realidad es que las personas siguen huyendo de sus países de origen pero se encuentran cada vez con más peligros por el camino”, asegura Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional España.
La externalización de fronteras ha provocado numerosas vulneraciones de derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, ya que países como Marruecos o Libia, no son países seguros para estas personas. El propio Tribunal de Derechos Humanos condenó a España por llevar a cabo expulsiones en caliente desde Melilla a Marruecos sin los debidos procedimientos, y la situación que viven las personas migrantes y refugiadas en Libia es de sobra conocida. En Marruecos, además, Amnistía Internacional ha denunciado recientemente cómo la policía marroquí, junto con la Gendarmería Real y las Fuerzas Auxiliares, llevan a cabo grandes redadas en barriadas de varias ciudades donde viven personas refugiadas y migrantes, con especial intensidad en las provincias septentrionales de Tánger, Nador y Tetuán, cercanas a las fronteras españolas. Unas 5.000 personas se han visto afectadas por estas redadas discriminatorias, en las que las personas son introducidas en autobuses y abandonadas en zonas remotas cerca de la frontera con Argelia o en el sur del país y, en ocasiones, detenidas arbitrariamente.
“Durante los últimos años, la UE y sus Estados miembros han enfocado toda su energía en construir una fortaleza cada vez más impenetrable para impedir la entrada de migrantes y solicitantes de asilo a través de sus fronteras, llenándolas de fuerzas y cuerpos de seguridad y complicados sistemas de detección de personas migrantes y posibles refugiadas; así como dejando la responsabilidad del control de la migración a terceros países mediante acuerdos de cooperación que ayudan a bloquear la migración irregular hacia Europa”.
Los derechos humanos deben ser la piedra angular de toda cooperación con terceros países en materia de control migratorio. Para ello, los acuerdos deben cumplir las siguientes características: ser transparentes, consagrar medidas de protección adecuadas, incluir una cláusula de protección y salvaguardias de derechos humanos, así como mecanismos de vigilancia de su implementación.
Solicitar asilo: un derecho que no los Estados no pueden olvidar “Amnistía Internacional reconoce las labores de salvamento y rescate realizadas por España, especialmente en estos últimos años, donde se han incrementado el número de personas que han intentado llegar a las costas españolas. Sin embargo, la organización recuerda que los estados deben facilitar también que aquellas personas que huyen de violaciones de derechos humanos puedan acceder a procedimientos de asilo”.
Más de 60 millones de personas han sido desplazadas a la fuerza de sus lugares de origen debido a conflictos, violencia o persecución. De ellas, más de 25 millones de personas son refugiadas y necesitan protección, de las cuales el 85% se encuentran en países en vía de desarrollo. “La Unión Europea puede y debe acoger a más personas refugiadas. No solo tiene la capacidad, sino además la obligación internacional de proteger a quienes lo necesitan”.
