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© Hani Al-Ansi/picture-alliance/dpa/AP Images. Funeral masivo de niños, principalmente, tras un ataque aéreo de la coalición liderada por Arabia Saudí contra los rebdeldes chiítas en Saada, al norte de Yemen.

Yemen-Cádiz: Hilos de (des)esperanza

Por Juan Ignacio Cortés (@JuanICortes), colaborabor de Amnistía Internacional,

El contrato por valor de 1.812 millones de euros entre Arabia Saudí y la empresa pública española Navantia supone un terrible dilema ético, pues enfrenta a las víctimas de un terrible conflicto bélico que ha causado miles de muertes con las víctimas de la precariedad laboral en una de las regiones españolas más castigadas por la crisis económica.

Con tasas de paro que llegaron a alcanzar el 35% en lo más duro de la cruda crisis económica, Cádiz es una de las provincias españolas más castigadas por el desempleo y la carga de precariedad económica y desesperanza.

En medio de este sombrío panorama, la perspectiva de que la empresa pública Navantia pueda firmar un multimillonario contrato (1.812 millones de euros) con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas en sus astilleros de San Fernando representa una perspectiva de alivio económico para miles de familias gaditanas (se estima que podría generar unos 6.000 empleos directos e indirectos).

Lo que normalmente sería una buena noticia oculta sin embargo un verdadero drama, ya que esos navíos serían adquiridos por un país responsable de atroces violaciones de los derechos humanos en Yemen, un país desgarrado desde 2015 por una cruenta guerra civil que ha destrozado las vidas de las más de 6.000 personas civiles que han resultado muertas, las más de 50.000 que han resultado heridas, las más de tres millones que han sido obligadas a huir de sus hogares y las más de 22 millones que necesitan asistencia humanitaria a causa del conflicto.

En agosto, después de la terrible muerte en Yemen de 40 menores por un bombardeo de la coalición, desde Amnistía dimos la bienvenida a los anuncios tanto del MAEC como del Mindef de que iban a revisar los contratos pendientes.

Grúas de la empresa española Navantia en Puerto Real, Cádiz. © Foto AP/Javier Barbancho

Entre las revisiones saltó a los medios y fue confirmado por el Ministerio de Defensa la posible paralización de un contrato, esta vez no tan multimillonario (9,2 millones de euros) por el que el ejército español se comprometió a vender al saudí 400 bombas de precisión láser de fabricación estadounidense. Este anuncio para Amnistía Internacional fue una gran noticia. Sin embargo ha desatado una extraordinaria tormenta política y mediática ante la posibilidad de que la no-venta de las bombas causase el daño colateral de la ruptura del contrato de venta de los barcos de guerra.
Ayer, tras una asamblea de los trabajadores de la empresa pública Navantia en San Fernando, el presidente de su comité de empresa, Jesús Peralta, anunciaba movilizaciones para presionar al Gobierno español para que garantizara que la operación de venta de las corbetas no corre peligro. Según Peralta, la poca claridad de la ministra de Defensa Margarita Robles al respecto representa un duro golpe a los “hilos de esperanza” de que las familias gaditanas tengan empleo.

Lo que Peralta, los trabajadores de Navantia y algunos políticos españoles entre los que se cuentan el alcalde de Cádiz y la presidenta de la Junta de Andalucía no ven es que esos “hilos de esperanza” son los mismos que tejen la red de desesperanza que no solo asfixia, sino que mata a los hombres, las mujeres, los niños y las niñas yemeníes.

Precisamente, entre las más crueles manifestaciones de la guerra civil yemení figuran el bombardeo de objetivos civiles y el bloqueo naval al que la coalición liderada por Arabia Saudí somete al conjunto del país, restringiendo enormemente la llegada de alimentos y de material de ayuda. Bloqueo que las corbetas fabricadas en Cádiz podrían contribuir a consolidar en el futuro.

Ante este tipo de hechos, Amnistía Internacional apela a los textos legales nacionales e internacionales y a los principios del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Esos principios que dicen que incluso en una guerra hay reglas y que la población civil nunca debe ser objetivo militar. Esos textos legales como el Tratado sobre el Comercio de Armas o, en España, la Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso que prohíben la exportación de armamento cuando existe el conocimiento –como es claramente el caso– de que las armas se pueden utilizar para cometer graves violaciones de los derechos humanos.

Siendo todo eso cierto, es más terrible, absoluta y brutalmente cierto que de los hilos de horror de los que hablaba antes cuelgan los 51 muertos que causó el pasado 9 de agosto el ataque de la coalición encabezada por Arabia Saudí contra un vehículo escolar en un mercado en Dahyan, una localidad del norte de Yemen. De esos 51 muertos, 40 eran niños y niñas.

Todo indica que el ataque fue perpetrado por una bomba guiada de precisión Lockheed Martin, fabricada y suministrada por Estados Unidos. Una bomba del mismo tipo de las 400 cuya venta ha paralizado –de momento– el Gobierno español. Si hacemos una macabra cuenta de la vieja, 400 bombas por 50 muertos dan como resultado 20.000 muertos. Si dividimos 9,2 millones de euros entre 20.000 muertos, el muerto yemení sale a 460 euros. Un precio bastante barato para una vida, no cabe duda.

Supervivientes de un ataque aéreo descansan en el hospital de Saada, Yemen, el 10 de agosto de 2018. © AP Photo/Kareem al-Mrrany

Ustedes podrán decir que esta cuenta no deja de ser un ejercicio de demagogia. Pero, al fin, es de lo que estamos hablando, de poner en una misma balanza derechos humanos y beneficios económicos y ver qué pesa más en la conciencia y en las decisiones políticas de los gobernantes y en las manifestaciones de la ciudadanía. Igual de demagógico que enfrentar paro y muerte, es enfrentar empleos y crímenes de guerra.

Los contratos de los que los medios hablan masivamente estos días –y todos aquellos de los que ni siquiera se habla– deben ser revisados y, en su caso revocados o suspendidos hasta que Arabia Saudí deje de cometer crímenes de guerra.

Amnistía Internacional y sus activistas y simpatizantes en España tenemos claro que pesa más en la balanza y por eso decimos que no deben venderse armas a Arabia Saudí mientras el reino árabe siga manchándose las manos con la sangre de civiles inocentes en Yemen.

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