Una niña sostiene un cartel que dice "Abuso sexual infantil nunca más, gritos sin voz", en una manifestación frente a la Fiscalía General en Ciudad del Este, Paraguay. © AP Photo/Peter Prengaman
Con título en guaraní Mitãkuña ndaha’eiva’erã sy (Son niñas, no madres), Amnistía Internacional ha lanzado un informe en el que analiza las fallas del sistema que existe en Paraguay para abordar casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. En él explica el duro camino de obstáculos a los que se enfrentan para reconstruir sus vidas y obtener justicia en un país donde las autoridades ignoran sus voces y las obligan a llevar a término embarazos producto de violaciones.
La crisis es monumental. Solo en 2019, el Ministerio Público recibió, en promedio,12 denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes cada día. Expertas estiman que por cada dos casos que conocen, pueden existir al menos otros 10.
Una joven de la zona de Concepción sostiene un cartel que dice "Los niños no son juguetes sexuales y su inocencia no está en venta" durante una protesta que exige al gobierno proteger a los niños de los abusos en Asunción, Paraguay. © AP Photo/Jorge Saenz
Paraguay sigue teniendo algunas de las leyes más restrictivas de las Américas respecto al acceso a un aborto seguro y legal. La interrupción del embarazo es un delito penado con privación de la libertad, con la excepción de los casos cuando la vida de la gestante corre peligro.
Para las niñas, las opciones suelen ser muy limitadas, a pesar de los enormes riesgos que un parto precoz puede significar para sus cuerpos y vidas – las niñas menores de 15 años tienen cuatro veces más probabilidades de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo, además de correr un mayor riesgo de tener partos prematuros.
Sin opciones, muchas niñas terminan viviendo con sus abusadores o en hogares infantiles donde a menudo sufren presiones para convertirse en madres, y son sujetas a más abusos, alejadas de toda posibilidad de una educación de calidad y un proyecto de vida digno.
Además, como consecuencia de no escuchar a las personas profesionales que responden a la violencia sexual en niñas y adolescentes, las autoridades paraguayas no están promoviendo la detección temprana, no están impartiendo la educación integral en sexualidad con enfoque de género y no están coordinando y agilizando su respuesta para evitar la revictimización secundaria.
Una niña es fotografiada con un cartel que dice "Que nuestros sueños sean más grandes que nuestros miedos" durante una marcha para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Asunción, Paraguay. © REUTERS/Jorge Adorno
El Código de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay reconoce la importancia de la educación Integral de la Sexualidad. Sin embargo, en el 2011, las autoridades frenaron su implementación. En 2017, el Ministerio de Educación y Ciencias prohibió “la difusión y utilización de materiales […] referentes a la teoría y/o ideología de género, en instituciones educativas”.
En 2018, Paraguay adoptó la ley 6202 para prevenir el abuso sexual y garantizar la atención integral a niños, niñas y adolescentes sobrevivientes. Tres años más tarde, la ruta para su implementación todavía no fue finalizada.
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