Actuamos por los derechos humanos
en todo el mundo

Buscar
  • Blog
© Foto AP/Francisco Seco. Mujeres gritan consignas en la manifestación del Día Internacional de la Mujer en Madrid, el 8 de marzo de 2018.

2018: Entre la lucha y la desprotección de las mujeres en España

Por Ana Gómez Pérez-Nievas (@paisdejarl), responsable de Medios en Amnistía Internacional, 

En el año del #Cuéntalo, de la Huelga Feminista, de la sentencia de La Manada que sacó a las calles a miles de mujeres y provocó la indignación social sobre la #JusticiaPatriarcal, al menos 46 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas (10 de ellas solo en el denominado “septiembre negro”), una de cada cinco mujeres en España sufre abusos en las redes sociales y entre enero y junio de 2018 se denunciaron más de cuatro violaciones al día.

Han pasado 70 años desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se firmó cuando en España todavía las mujeres no podían divorciarse, y tenían que pedir permiso a sus maridos para poder trabajar o cobrar un salario, abrir cuentas bancarias u obtener su pasaporte y su carnet de conducir. Hasta 1981 la mujer solo podía pasar de niña a esposa: una mujer soltera se consideraba a efectos jurídicos como una menor, y no podía abandonar la casa sin el consentimiento paterno. De casada, su falta de autonomía permanecía intacta: se trasladaba de padre a marido, quien podía hasta disponer de los bienes comunes sin su consentimiento.

Es innegable que a lo largo de estas décadas, los avances para los derechos de las mujeres han sido muchos: la despenalización del aborto, la Ley del Divorcio, la Ley Integral contra la Violencia de Género. Sin embargo, 70 años después de que se firmara una Declaración que especificaba, gracias a la activista Hansa Mehta, los derechos de “los seres humanos” y no solo de los hombres, cuando aun no se hablaba de lenguaje inclusivo, en España, como en el resto del mundo, las mujeres continúan sufriendo discriminación y violencia.


Asistentes a la manifestación celebrada en Madrid para denunciar la violencia de género y sexual contra las mujeres, 25 de noviembre de 2018. © REUTERS / Sergio Perez

Un hashtag viral, una revolución mundial 

El hashtag #MeToo que recuperó en octubre de 2017 la actriz Alyssa Milano (inspirada en la creación de la activista afroamericana, Tarana Burke) tras el escándalo Weinstein para invitar a todas las mujeres a contar sus experiencias de acoso y violencia sexual, y que en Francia tomó la forma de #BalanceTonPorc (denuncia a tu cerdo), se transformó en el #Cuéntalo en España en abril de 2018. Miles de mujeres se atrevieron a contar, bajo ese hashtag, violaciones por parte de su padre y otros familiares, acoso y toqueteos no consentidos en bares, en medios de transportes, o en plena calle, impunidad en las denuncias y miedo, sobre todo miedo por el hecho de ser mujer.

La realidad es que no existen datos desagregados sobre la violencia sexual en España, y por lo tanto es difícil conocer la dimensión real de la misma y poner fin a un problema invisibilizado. Pero lo que sí sabemos es que entre enero y junio de 2018 se denunciaron 801 violaciones y otros delitos contra la libertad sexual, es decir, más de cuatro violaciones al día, un 30% más que en el mismo periodo de 2017 y solo la punta del iceberg de un problema mucho mayor puesto que muchas no se atreven a denunciar.

En un país donde, según datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujeres de 2015, el 13,7% de las niñas y mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, lo cierto es que el número de denuncias es bajo. Y es que ocupamos el puesto número 25 de 32 países europeos en cuanto al número de denuncias presentadas, muy por debajo de la media, cuando la Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer lo ha dicho muy claramente: "La tasa de denuncias revela si las mujeres creen cada vez más en la eficacia de los Estados para combatir la violencia".

En un reciente informe, Amnistía Internacional denunciaba que desde el momento en que una mujer sufre una violación o cualquier otra forma de violencia sexual, independientemente de si decide o no denunciar, se enfrenta a la falta de protocolos claros de actuación y a la ausencia de formación específica de los profesionales que las atienden (policía, personal médico, forense y judicial). Como consecuencia, los estereotipos y prejuicios que ponen en duda los testimonios de las víctimas minimizan la gravedad de las violaciones que sufren, e incluso las responsabilizan de las mismas, provocando una mayor indefensión en las mujeres y generando procesos judiciales traumáticos para las víctimas, algunas de las cuales aseguran que, de haberlo sabido, no volverían a denunciar. La ropa de la víctima, la hora a la que se produjo la violación, si había bebido o no, su nacionalidad, no pueden ser argumentos utilizados para mermar su credibilidad cuando llegan a comisaría a poner una denuncia, o cuando son atendidas en un hospital por personal forense.

“Yo veía en su cara que no me estaba creyendo”, explicaba Blanca, una mujer violada que tuvo que repetir durante cinco horas en comisaría cómo habían sucedido los hechos. “Hasta me quedaba dormida en la mesa delante de los agentes, de puro sueño y cansancio”, añade esta joven de 20 años que tuvo que soportar como el médico forense quería encerrarla en una habitación para hablar a solas con ella, hasta que el médico del hospital lo impidió asegurando que ese no era un modo profesional de actuar ante una mujer violada.

Como ella, muchas mujeres en España no sabrían cómo actuar en caso de ser agredidas. ¿Qué pasos hay que seguir ante una situación así? ¿Acudir primero a comisaría, al hospital? ¿A cuál de ellos? La falta de iniciativas públicas, campañas y acciones de prevención, así como de servicios especializados de atención y recuperación de las víctimas, o la especialización de los agentes que intervienen en todo el proceso de atención a víctimas de violencia sexual son otros de los obstáculos a los que se enfrentan. Como ejemplo: ninguna de las comunidades autónomas cuenta con “centros de crisis" (Rape Crisis Center), es decir, espacios con personal multidisciplinar con una verdadera especialización en violencia sexual, disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, tal y como establece el Consejo de Europa. Y nueve de ellas (Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura, Euskadi, Galicia, La Rioja, Murcia y Navarra, además de Ceuta y Melilla) carecen hasta de centros de atención especializados para víctimas de violencia sexual.

Este año se ha visibilizado más que nunca la magnitud de la violencia y el abuso sexual contra las mujeres. Lo que comenzó como una pandemia que parecía situar a Hollywood bajo unos focos distintos a los habituales, se ha extendido también en España. Tras el #YoTambién mujeres de diferentes sectores laborales empezaron a contar sus historias de acoso y discriminación en su ámbito de trabajo: desde las fisioterapeutas y las enfermeras, hasta en las artes escénicas, pasando por el acoso en la universidad: pocas profesiones han quedado absueltas del escrutinio del MeToo. Lo que también es cierto es que esta revolución que empezó con una etiqueta o hashtag, y que después sacó a las calles a miles de mujeres como protesta a la fallida respuesta judicial al caso de la violación en grupo de La Manada, ha provocado que en España el Gobierno anunciara su intención de cambiar la legislación para reconocer el sexo sin consentimiento como violación.


Manifestación en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Madrid, 25 de noviembre de 2013. © AP/Andres Kudacki

Un año de Pacto… y de 46 asesinadas

Después de que en los últimos 15 años al menos 974 mujeres hayan sido asesinadas, por fin se han dado cuenta de la necesidad de crear un Pacto de Estado contra la violencia de género, un paquete de 212 medidas acordadas por los diferentes partidos políticos, organizaciones de mujeres y de derechos humanos, personas expertas, etc., para detener la violencia contra las mujeres. Un acuerdo que reconoce la necesidad de impulsar la formación y la educación en igualdad como vía de prevención y sensibilización, aboga por que el reconocimiento de la víctima no puede quedar supeditado a la interposición de una denuncia, y asegura que los huérfanos y huérfanas de violencia de género tengan garantizada una prestación.

Sin embargo, y además de que su puesta en práctica hasta ahora ha sido lenta y de que falta que se concreten las medidas y con presupuesto suficiente, contiene dos grandes ausencias: una verdadera política pública para combatir la violencia sexual y propuestas integrales para reparar a las víctimas mediante una indemnización adecuada y con garantías de no repetición.

Ya no pasa desapercibido en los medios de comunicación, como sucedía hace siete décadas, que muchas, demasiadas mujeres, son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, hasta la fecha al menos 46 mujeres habían sido asesinadas a manos de parejas o ex parejas en 2018, diez de ellas solo en el denominado “septiembre negro”, aunque podrían ser muchas más, puesto que en estas estadísticas solo se cuentan las mujeres que han tenido algún tipo de relación con sus asesinos, y no todas aquellas que han muerto por violencia de género. Además, desde 2013, al menos 27 menores fueron asesinados por la misma razón, tres de ellos en este año.

Unas cifras tan alarmantes que cuesta “celebrar” que por fin el Tribunal Supremo condenara a España a cumplir el Dictamen del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) e indemnizar a Ángela González, una mujer cuya hija fue asesinada por su exmarido maltratador en una de las visitas no vigiladas que le fueron concedidas a pesar de las denuncias de malos tratos. Quince años de luchas judiciales le ha costado a Ángela que el sistema judicial español reconociera el peligro que ambas corrían, cuatro desde que la CEDAW, el segundo tratado más ratificado del mundo, con 189 estados firmantes, lo advirtiera.


Manifestación en el día Internacional de la Mujer. © AI/Carmen López

La pobreza tampoco es igual

De media, el sueldo bruto por hora de una mujer en la Unión Europea está un 16,2% por debajo del de un hombre, según los datos de Eurostat más recientes, correspondientes a 2016. Aunque en el caso de España es algo menor, la brecha salarial asciende a un 14,2%, casi el triple de países como Italia, Rumanía o Luxemburgo. Un porcentaje que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), se incrementa con la edad, alcanzando su punto álgido sobre las mujeres de entre 55 y 64 años, cuando llega hasta el 22,7%. Esto equivale a que en España las mujeres trabajan gratis 52 días al año. Es decir, si comenzamos la cuenta en el día de hoy, hasta el próximo 30 de enero las mujeres españolas estarían trabajando sin cobrar. Al fin y al cabo, solo hace 23 años desde que España derogó un decreto que prohibía a las mujeres desempeñarse en una gama de trabajos, como la minería y ciertos trabajos de construcción y electricidad. Tenemos suerte: hoy son 104 los países que todavía mantienen leyes que impiden a las mujeres ejercer determinados empleos.

Las Las mujeres no solo reciben de media un salario inferior al de los hombres, sino que tienen más probabilidades de realizar trabajos no remunerados y de trabajar en empleos informales, inseguros y no cualificados. Son, además, quienes han sufrido de manera diferenciada las consecuencias de las medidas de austeridad tomadas por los gobiernos durante la crisis, con terribles efectos en el acceso a derechos económicos, sociales y culturales (DESC), como el derecho a la vivienda y a la salud, tal y como Amnistía Internacional ha denunciado también en este año.

Solo hay que sumar factores. Al desempleo, que ha afectado de manera ligeramente más alta a las mujeres (un 16,2% frente al 13,1% en los hombres en 2018), al riesgo de pobreza (el 40,6% de las familias monoparentales, la mayoría de las cuales están encabezadas por mujeres, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, frente a la media española del 21,6%), hay que agregar el retraso en la aplicación de la ley de dependencia, que ha vuelto a traspasar la atención de personas dependientes al cuidado informal, en su mayoría ejercido por mujeres. Y así es como se genera el círculo vicioso, que trae como consecuencia el riesgo de sinhogarismo y de desahucio: tal y como Amnistía Internacional documentó en su último informe sobre vivienda, los desahucios relacionados con el impago del alquiler afectan especialmente a las mujeres, que sufren formas múltiples y entrecruzadas de discriminación, como las madres solteras, las mujeres con personas a su cargo, las mujeres migrantes, las mujeres con discapacidad y las supervivientes de violencia.

Las mujeres son también quienes tienen que soportar de manera más acuciada los efectos de los recortes sanitarios, que han duplicado las listas de espera, han generado un personal sanitario con ansiedad y explotado y han aumentado el copago farmacéutico. Así lo explicaba Amnistía Internacional en su último informe sobre sanidad: La Receta Equivocada

Una sanidad menos accesible y más cara que, sumado a otros elementos que afectan de manera especial a las mujeres, deja historias de madres cabeza de familia que no compran determinados medicamentos para ahorrar, que solo acuden al médico cuando no pueden soportar más el dolor o que temen que les estén recetando medicamentos o productos más baratos que no atiendan sus necesidades de la mejor manera. Marta, una mujer de 49 años, con una enfermedad ósea degenerativa que le provoca un fuerte dolor en la pierna, aseguraba que tardaron casi un año en darle cita con un especialista: “Ahora todo el mundo tiene que soportar mucho dolor antes de poder ir realmente al médico”, declaraba.

La buena noticia es que éste ha sido también el año del anuncio del nuevo gobierno de Pedro Sánchez para volver a la sanidad universal, un paso en la dirección adecuada que se tiene que concretar con un reglamento que lo clarifique en detalle para blindar el derecho a la salud para todas las personas.


Marian, argelina de 27 años, víctima de violencia de género fue caso Amnistía Internacional. © AI

La discriminación cruzada

En su comparecencia, el pasado mes de noviembre, en la comisión de interior del Congreso de los Diputados para debatir la reforma de la Ley Mordaza, Amnistía Internacional pidió, entre otros aspectos, que se elimine el artículo 36.11 que castiga a las mujeres que ejercen la prostitución en la calle, entre las que puede haber víctimas de trata y citó como ejemplo el caso de una mujer, que posteriormente fue identificada por la Guardia Civil como víctima de trata, que llegó a ser multada hasta en nueve ocasiones entre marzo y junio de 2016, con sanciones de hasta 600 euros cada una. Este año, el actual gobierno ha creado un grupo de trabajo interministerial, coordinado por Vicepresidencia, para trabajar en un proyecto de ley contra la trata.

España es uno de los principales países receptores de las casi 16.000 personas que fueron registradas como víctimas de trata en la Unión Europea entre 2013 y 2014. Aunque las cifras subestiman la verdadera escala del problema, lo cierto es que es necesaria una Ley Integral que asegure un enfoque integral que abarque todos los tipos de trata, sea cual sea la finalidad de la explotación (no solo la sexual), y que incluya medidas de protección y asistencia incorporando una perspectiva transversal de género. De hecho, solo 125 de las 10.111 personas en situación de riesgo detectadas en 2017 han sido identificadas como víctimas de trata. También es necesario que se haga de manera coordinada y unificada en todo el territorio estatal. 

Entre las personas en riesgo de ser víctimas de trata se encuentran las solicitantes de asilo y migrantes irregulares. Ellas son un ejemplo de quienes sufren formas entrecruzadas de discriminación, no solo por razón de género, sino también por origen y nacionalidad.

En su último informe sobre Ceuta y Melilla, Amnistía Internacional lamentaba que eran muy pocas las víctimas de trata finalmente identificadas como tal por la policía y adecuadamente protegidas. A pesar de que existen protocolos de identificación y de que ambos Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI, donde llegan por primera vez tras cruzar desde Marruecos) colaboran con organizaciones especializadas, estos centros no reúnen las características necesarias para que las víctimas se sientan seguras para denunciar. En ellos, las víctimas corren el riesgo de seguir controladas por las propias redes que las explotan, por lo que su salida del CETI hacia la Península debe ser inmediata.

Lamentablemente, la trata con fines de explotación sexual no es el único riesgo que corren las  migrantes y refugiadas en España por ser extranjeras y mujeres. Marian, argelina de 27 años, llevaba un año en el CETI de Melilla junto a su hija de 3. Había sufrido agresiones continuas por parte de su marido, que incluso la obligó a prostituirse. En diciembre de 2015 su marido le agredió en plena calle en Melilla y algunos testigos avisaron a la policía. Sin embargo, finalmente Marian retiró la denuncia y la causa fue archivada. Su marido fue readmitido en el CETI, y le pegó solo dos días después. “Volvió peor que antes. Me amenazó diciendo que iba a pagar caro por haberle denunciado y llegó a decirme que, aunque él volviera a Argelia, antes me mataría”, relataba.

Aunque, gracias al trabajo de organizaciones como Amnistía Internacional y otras organizaciones y activistas, finalmente Marian fue trasladada a la Península y pudo así alejarse de su marido, mujeres maltratadas como ella deben tener garantizada en todo momento su integridad física y psicológica. La simple expulsión de los maltratadores del CETI (que en ocasiones se quedan mendigando frente al centro hasta que se les readmite) no ataja el problema, puesto que esto hace que muchas víctimas no quieran denunciar por temor a represalias. De hecho, en su último informe, el Defensor del Pueblo destaca que desde enero de 2016 a mayo de 2017, se habían registrado ocho casos de denuncia por violencia de género y, en siete de ellos, tanto el agresor como la víctima eran beneficiarios del CETI; y recomienda la elaboración de un protocolo para  la  prevención de situaciones de violencia sexual y de género en el centro.

Discriminación, violencia, desigualdad… e indignación. Porque a pesar de todas estas dificultades, este año, como otros, una marea de mujeres ha salido a las calles para reivindicar sus derechos, que no son tantos: los mismos que le corresponden a la otra mitad de la población. “La libertad se aprende ejerciéndola”, decía Clara Campoamor, muy consciente de las vallas colocadas contra las mujeres en esta carrera de obstáculos. Porque un hashtag viral ni siquiera visibiliza la magnitud de la situación que viven las mujeres, ni mucho menos acaba con ella.

 

Basta de obstáculos para las víctimas de violencia sexual

¡Firma!