El gobierno de Pakistán debe poner fin de inmediato a las continuas detenciones y deportaciones así como al acoso generalizado de las personas refugiadas afganas; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
“Miles de personas refugiadas afganas están siendo tratadas como fichas de un tablero político al ser devueltas a un Afganistán sometido a la autoridad de los talibanes, donde su vida y su integridad física corren peligro en medio de una catástrofe humanitaria y de derechos humanos que no cesa. Ninguna persona debería ser sometida a una deportación colectiva, y Pakistán haría bien en recordar sus obligaciones jurídicas internacionales, entre ellas la de respetar el principio de no devolución (non-refoulement)”, ha afirmado Livia Saccardi, directora regional adjunta de Campañas de Amnistía Internacional para Asia Meridional.
“Si el gobierno paquistaní no suspende las deportaciones de inmediato, estará privando de acceso a seguridad, educación y medios de vida a miles de personas afganas en situación de riesgo.”
“Miles de personas refugiadas afganas están siendo tratadas como fichas de un tablero político al ser devueltas a un Afganistán sometido a la autoridad de los talibanes, donde su vida y su integridad física corren peligro en medio de una catástrofe humanitaria y de derechos humanos que no cesa”
Según el gobierno, más de 170.000 personas afganas, muchas de las cuales llevaban décadas en Pakistán, han tenido que marcharse del país desde el 17 de septiembre debido al ultimátum dado por el gobierno a todas las “personas extranjeras sin registrar” para que se vayan de Pakistán. Desde que el 1 de noviembre expiró el plazo señalado por el gobierno de Pakistán, la policía ha pasado de registrar los casos en aplicación de la Ley de Extranjería de 1946 —que penaliza la entrada ilegal en Pakistán, entre otras cosas— a recluir directamente a las personas refugiadas consideradas “ilegales” en centros de deportación.
Amnistía Internacional tiene motivos de preocupación relacionados con la ausencia total de transparencia, debido proceso y rendición de cuentas en las detenciones y deportaciones practicadas la semana pasada. Los episodios cada vez más frecuentes de acoso y hostilidad hacia las personas refugiadas afganas en Pakistán no hacen sino empeorar la situación.
“No nos dieron ninguna información”
Según el gobierno, se han abierto 49 centros de detención —también denominados centros de “internamiento” o de “tránsito”— en todo Pakistán, y es posible que se abran más. Estos centros de deportación no se han establecido en aplicación de una ley concreta y funcionan en paralelo al sistema oficial.
Amnistía Internacional ha verificado que en al menos siete centros de detención no se respetan los derechos de las personas detenidas, como el derecho a asistencia letrada y a establecer comunicación con familiares. Tales centros conculcan el derecho a la libertad y el derecho a un juicio justo. Además no se hace pública ninguna información, lo que dificulta a las familias la localización de sus seres queridos.
Maryam*, activista afgana en Islamabad, contó a Amnistía Internacional que, el 2 de noviembre, varias personas refugiadas afganas fueron recluidas en la comisaría de policía de Shalimar y “las que no tenían documentación fueron enviadas a centros de deportación sin que sus familias recibieran ninguna información sobre el lugar al que las trasladaban ni cuándo serían deportadas”.
En otro caso, un muchacho de 17 años fue detenido en una redada en Sohrab Goth, Karachi, el 3 de noviembre. A pesar de que había nacido en Pakistán —tenía la tarjeta de inscripción en registro expedida por el ACNUR— y era menor de edad, no se autorizó el acceso de su familia al centro de detención. Fue deportado al día siguiente y se desconoce su paradero exacto.
Amnistía Internacional ha confirmado con periodistas de todo Pakistán que los medios de comunicación tampoco tienen permiso para acceder a estos centros, lo que suscita dudas en cuanto a la transparencia.
Junaid*, refugiado afgano que estuvo más de cuatro horas recluido en el centro de internamiento Khayaban e Sir Syed de Islamabad el 3 de noviembre, contó que faltaban traductores de dari y pastún en el centro, lo que dificultaba a las personas detenidas la comprensión de cuestiones complejas sobre la documentación.
“Vivimos en permanente estado de angustia”
“Entre la comunidad afgana hay miedo […] vivimos en permanente estado de angustia; en cuanto oímos un coche policía en la zona cerramos con llave”, dijo Junaid.
Asimismo, Amnistía Internacional ha recibido informes sobre varios casos de hostigamiento. El 1 de noviembre, al menos 12 personas propietarias de modestos negocios que tenían documentación válida de su nacionalidad afgana permanecieron más de 24 horas privadas de libertad en las comisarías de Colonia Nishtar y Garden Town de Lahore sin ser presentadas ante un tribunal y sin un parte inicial de denuncia contra ellas. El 24 de octubre, comerciantes afganos presentes en Akbari Mandi, Lahore, fueron registrados en busca de documentación por hombres vestidos de civil que afirmaban ser agentes de policía y que les confiscaron el dinero que llevaban. 500.000 rupias en efectivo.
Desde que se anunció el plazo de salida del país, se han emitido avisos a través de folletos, altavoces de mezquitas locales y declaraciones para advertir que quienes ofrezcan alojamiento a personas refugiadas afganas sin documentación se exponen a una multa o el arresto. Farah*, mujer periodista que vive en Peshawar, afirmó que aunque la mayoría de las personas afganas están siendo rechazadas, “los arrendadores que ofrecen alojamiento cobran cinco veces más de lo que cobrarían normalmente por el alquiler.”
Desde principios de octubre, varios katchi abadi (asentamientos informales) que albergan a personas refugiadas afganas han sido demolidos por la Autoridad de Urbanismo de la Capital Federal en Islamabad. Estas demoliciones se llevaron a cabo sin el debido proceso o sin el aviso oportuno, ya que los asentamientos informales tienen derechos de propiedad limitados, y como consecuencia se destruyeron viviendas con pertenencias aún en su interior.
“Estoy seguro de que me matarán si vuelvo.”
Hay aproximadamente 200 periodistas afganos en situación de riesgo en Pakistán, según el Foro Internacional de Periodistas Afganos-Pakistán. Asad*, periodista afgano que se esconde en Pakistán desde que los talibanes tomaron el poder en 2021, dijo: “Aunque entré en Pakistán con un visado en regla y he solicitado la renovación, no tengo nada que enseñar a las autoridades si se presentan en mi casa. Desde hace dos semanas no dejo que mis hijos vayan a la escuela […]”
Asad y su familia huyeron de Afganistán en 2021 al ver que asesinaban a sus colegas y amistades tras la llegada al poder de los talibanes. “Mi nombre está en varias listas confeccionadas por los talibanes, y estoy seguro de que me matarán si vuelvo”, dijo.
Muchas mujeres que viven en asentamientos mayoritariamente afganos viven en permanente estado de angustia extrema. La abogada de derechos humanos Moniza Kakar, quien lleva casos de personas refugiadas afganas en Karachi, dijo: “Muchas mujeres duermen completamente tapadas (con velos) por miedo a las redadas nocturnas de la policía, efectuadas por agentes varones.”
Las mujeres paquistaníes casadas con refugiados afganos también corren mayor riesgo de deportación al carecer de documentación adecuada. Debido a las barreras económicas y culturales que soportan en Pakistán, las mujeres a menudo no tienen acceso al documento nacional de identidad informatizado, con una brecha de género de 10 millones en los censos electorales, según informes.
Amnistía Internacional ha documentado la represión draconiana y sistémica de los derechos de las mujeres y las niñas ejercida por los talibanes desde hace más de dos años.
La población refugiada afgana que pertenece a una minoría religiosa se enfrenta a riesgos adicionales en el contexto de las deportaciones, ya que está doblemente expuesta a sufrir persecución a su regreso. Un activista que trabaja con comunidades de personas refugiadas cristianas en Islamabad, Chaman y Quetta contó que un albergue donde se alojaban una docena de estas familias cristianas tuvo que cerrar después de varios registros policiales.
“Pakistán debe cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos de garantizar seguridad y bienestar a las personas refugiadas afganas dentro de sus fronteras y suspender inmediatamente las deportaciones para evitar una escalada de esta crisis. El gobierno debe, junto con el ACNUR, acelerar la inscripción en registro de las personas que soliciten asilo en Pakistán, sobre todo si son mujeres y niñas, periodistas o miembros de minorías y comunidades étnicas, dado que corren mayor peligro”, ha afirmado Livia Saccardi.
