Londres.- Las autoridades yemeníes deben dejar de sacrificar los derechos humanos en aras de la seguridad a la hora de hacer frente a las amenazas de Al Qaeda y los rebeldes chiíes zaidíes en el norte, y abordar el problema de la reivindicación creciente de la secesión en el sur, según afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
El informe “Yemen: Cracking Down Under Pressure” documenta un catálogo de violaciones de derechos humanos, que incluye homicidios ilegítimos de personas acusadas de tener vínculos con Al Qaeda y los activistas del Movimiento del Sur así como detenciones arbitrarias, torturas y juicios sin las debidas garantías.
Los yemeníes acusados de apoyar a los huthis –rebeldes chiíes zaidíes armados en la región septentrional de Sada– o al Movimiento del Sur también han sido blanco específico de detención arbitraria, palizas y juicio injusto ante un tribunal especial, al igual que periodistas, disidentes, defensores de los derechos humanos y personas críticas con el gobierno.
Algunos han sido víctimas de desaparición forzada durante semanas o meses a manos de unos servicios de seguridad que apenas rinden cuentas y que informan directamente al presidente de Yemen, Alí Abdulá Salé.
“Ha prosperado una tendencia sumamente preocupante, a saber, que las autoridades yemeníes, sometidas a la presión de Estados Unidos y otros países para que combata a Al Qaeda, y de Arabia Saudí para que resuelva el problema con los huthis, utilizan la seguridad nacional como pretexto para hacer frente a la oposición y acallar todas las críticas” afirmó Malcolm Smart, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“La protección de los derechos humanos debe estar en la base de todas las medidas adoptadas en nombre de la lucha antiterrorista o para resolver otros problemas de seguridad en Yemen.”
El número de condenas a muerte impuestas a personas acusadas de tener vínculos con Al Qaeda o con los grupos armados huthis ha descendido notablemente. En 2009, al menos 34 personas acusadas de vinculación a grupos armados huthis fueron condenadas a muerte.
Las fuerzas de seguridad han matado al menos a 113 personas desde 2009 en operaciones que, según el gobierno, tienen como objetivo a los “terroristas”. La frecuencia de los ataques ha aumentado desde diciembre de 2009 y, en algunos casos, las fuerzas de seguridad no hicieron el menor intento de detener a los sospechosos antes de matarlos.
El 17 de diciembre de 2009, al menos 41 personas, de las que 21 eran menores de edad y 14 eran mujeres, resultaron muertas cuando su asentamiento en la zona de Al Majalah, en el distrito septentrional de Abyan, fue alcanzado por misiles.
“Las autoridades de Yemen tienen la obligación de garantizar la seguridad de la población y de llevar ante la justicia a los responsables de ataques dirigidos deliberadamente contra civiles, pero al hacerlo deben respetar en todo momento el derecho internacional –señaló Malcolm Smart–. La desaparición forzada, la tortura y otros malos tratos y la ejecución extrajudicial no son prácticas aceptables en ninguna circunstancia, y las autoridades yemeníes deben poner fin de inmediato a estas violaciones de derechos humanos.”
“Resulta especialmente preocupante que Estados como Arabia Saudí o Estados Unidos estén ayudando directa o indirectamente al gobierno yemení, en una espiral descendente que se aleja de la anterior trayectoria de avance en materia de derechos humanos.”
El Movimiento del Sur es una coalición poco articulada de personas, grupos políticos y otras organizaciones que abogan por la mejora de los derechos de la población del sur, cuyos orígenes se remontan a la guerra civil de 1994 entre el norte y el sur de Yemen. Muchas facciones del Movimiento del Sur reclaman ahora la secesión del sur del resto de Yemen.
Los huthis, seguidores de Hussain Badr al Din al Huthi en la región de Sada, luchan contra el gobierno desde 2004, en lo que comenzó como una protesta por la invasión de Irak liderada por Estados Unidos y desembocó en un conflicto armado, sobre todo desde que el gobierno dio muerte a su líder.
El Tribunal Penal Especial se constituyó en nombre de la lucha contra el terrorismo en 1999. En 2004 se amplió su mandato y en 2009 se establecieron otros tres tribunales especiales. El Tribunal Penal Especial se ha utilizado para condenar, por ejemplo, a periodistas que informaban sobre el conflicto en Sada o las quejas expresadas por el Movimiento del Sur.
Desde su creación, el Tribunal Penal Especial ha enjuiciado a cientos de personas. En la actualidad, las autoridades yemeníes utilizan este tribunal contra una amplia diversidad de personas cuyas actividades o informaciones se consideran hostiles o perjudiciales para el gobierno.
Qassem Askar Jubran, ex diplomático, y Fadi Ba’oom, activista político, fueron detenidos en abril de 2009, acusados de “lesionar la independencia de la República” y “la unidad de Yemen” y de organizar protestas en apoyo del Movimiento del Sur. Ambos fueron condenados a cinco años de cárcel en marzo de 2010, y han sido puestos en libertad.
“Lo único que tienen en su contra es su participación en el Movimiento del Sur, sus artículos en el periódico Al Ayyam, su asistencia a reuniones” contó Salah Askar Jubran, madre de Qassem, a Amnistía Internacional en marzo.
Cundía la impresión de que el gobierno había establecido el Tribunal Especial de Prensa y Publicaciones en mayo de 2009 como medio de reprimir la oposición no violenta y la expresión de opiniones críticas en los medios de comunicación.
Anissa Uthman, periodista que trabaja para el diario Al Wassat, está entre los periodistas y directores de publicaciones juzgados por este tribunal. Fue condenada in absentia a tres meses de cárcel en enero de 2010 por difamación del presidente Saleh. Según informes, su procesamiento se debió a unos artículos que había escrito en los que criticaba la detención y el encarcelamiento de activistas de derechos humanos.
