¿Va a anteponer una vez más el Gobierno español los intereses económicos a los derechos humanos en sus relaciones con China?

Madrid.- Con motivo de la visita a la República Popular China de la Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que realiza esta semana, Amnistía Internacional (AI) reclama al Gobierno español que no vuelva a ignorar la grave situación de derechos humanos que se vive en China. “Hasta la fecha, el Gobierno español, en sus contactos al más alto nivel con las autoridades chinas, ha antepuesto sus intereses económicos a la situación de derechos humanos allí, un país donde se producen ejecuciones, torturas y malos tratos, detenciones arbitrarias, desalojos forzados, restricciones a la libertad de expresión y otras graves violaciones de derechos humanos. Pedimos a la Vicepresidenta un compromiso expreso de que los derechos humanos serán una prioridad en esta nueva visita”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. Amnistía Internacional ha solicitado a la Vicepresidenta un pronunciamiento público pidiendo a las autoridades chinas que cumplan los compromisos relativos a los derechos humanos que contrajeron en abril de 2001, cuando se eligió a Pekín como sede de los próximos Juegos Olímpicos, igual que los que asumió cuando resultó elegida para el nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo 2006. Estos compromisos incluyen un avance notable en la situación de derechos humanos en el país, algo que no se ha producido. Antecedentes de las reuniones entre ambos países En las anteriores reuniones bilaterales, como la visita del Presidente Zapatero a China en julio de 2005 o la del Presidente chino Hi Jantao a España en noviembre de 2005, no se trataron asuntos de derechos humanos. Durante la visita del Presidente Zapatero a China la prioridad fue estrechar los lazos comerciales y culturales entre ambos países y resultó alarmante la ausencia de mensajes destinados a promover el respeto de los derechos humanos. Además, el Presidente Zapatero abogó sin reservas por el levantamiento del embargo de armas a China, por considerarlo anacrónico, a pesar de las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en este país. Otra muestra de esta actitud se produjo durante la visita del Presidente chino a España. En esta ocasión, ambos gobiernos firmaron un Tratado de Extradición. Amnistía Internacional insiste al Gobierno español en que no se puede extraditar a nadie a lugares donde puedan sufrir violaciones de derechos humanos; y China es país donde la aplicación de la pena de muerte se caracteriza por el secretismo y la falta de transparencia y la tortura es generalizada. Preocupaciones de Amnistía Internacional sobre China· El país con más ejecuciones del mundo En China la pena de muerte se impone por al menos 68 delitos, algunos como fraude impositivo, malversación de bienes del Estado y aceptación de sobornos. Algunos juristas chinos han recomendado que se reduzca el ámbito de aplicación de esta pena mediante medidas como su eliminación para los “delitos económicos” pero, hasta ahora, estos llamamientos no se han tomado en cuenta. AI calcula que en 2005 se ejecutó a más de 1.770 personas y se condenó a muerte a 3.900. Se cree que las cifras reales son mucho más elevadas. En marzo de 2004, un miembro de la Asamblea Nacional Popular declaró que China lleva a cabo 10.000 ejecuciones anuales. Desde que se introdujo en 1996 el uso de la inyección letal como forma de ejecución, puede estar facilitándose la extracción de órganos de los presos ejecutados. En marzo de 2006 especialistas chinos en transplantes estimaron que los órganos procedentes de presos ejecutados suponen alrededor del 99% del total de órganos transplantados. El transplante de órganos se ha convertido en un gran negocio, sobre todo desde la privatización del sistema de salud en China, lo que podría ser un incentivo económico para mantener la pena de muerte. En julio de 2006 entró en vigor un nuevo reglamento que prohíbe la compraventa de órganos y subraya que la extracción debe contar con el consentimiento escrito del donante. Sin embargo algunos expertos ya han criticado esta nueva ley porque sólo regula los transplantes de donantes vivos. Amnistía Internacional considera que los presos a la espera de ser ejecutados no están en condiciones mentales de dar un consentimiento voluntario, libre e informado. · Detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos La utilización de la “reeducación por el trabajo” está aún muy extendida en China, pese a los repetidos llamamientos hechos dentro y fuera del país para pedir su abolición. Esta técnica de detención administrativa, sin cargos ni juicio, se aplica a cientos de miles de personas que corren peligro de sufrir tortura o malos tratos. Según los informes, las autoridades de Pekín han aprobado el uso de este sistema con personas sin hogar y delincuentes menores en su intento de "limpiar" la ciudad antes de los Juegos Olímpicos de 2008. Según informes, la Asamblea Nacional Popular está examinando la "Ley de Corrección de Conductas Ilegales", para sustituir la "reeducación por el trabajo". Aún no se ha dado a conocer el borrador de esta ley, que al parecer dista mucho de cumplir las normas internacionales sobre garantías procesales. Amnistía Internacional insta a las autoridades a que supriman totalmente este sistema e incluyan todos los delitos punibles con privación de libertad dentro del Código Penal. Desde la prohibición de Falung Gong en julio de 1999 por ser una "amenaza para la estabilidad social y política", decenas de miles de practicantes de este movimiento espiritual han sido detenidos arbitrariamente en China. Las personas acusadas de ser dirigentes u organizadores de Falun Gong han sido encarceladas, mientras que otras han sido ingresadas en hospitales psiquiátricos. Sin embargo, la inmensa mayoría han sido recluidas en centros de "reeducación por el trabajo". Según informes, muchos practicantes de Falun Gong han sido torturados o maltratados, especialmente los que se niegan a renunciar a sus creencias. · Ausencia de garantías judiciales De forma habitual, se niega el debido procedimiento legal a personas acusadas tanto de delitos políticos como de delitos comunes. Persisten las severas restricciones al acceso de los detenidos a abogados y familiares, y los juicios no cumplen las normas internacionales de justicia procesal. · Restricciones al trabajo de los defensores de derechos humanos Las autoridades chinas siguen utilizando disposiciones del Código Penal relativas a “subversión”, “secretos de Estado” y otros delitos contra la seguridad nacional definidos de forma imprecisa para procesar a activistas pacíficos y partidarios de la reforma. Abogados, periodistas, activistas en favor de los derechos de las personas con VIH/sida y defensores del derecho a la vivienda son hostigados, detenidos o encarcelados por documentar abusos contra los derechos humanos, hacer campaña a favor de la reforma o intentar conseguir un resarcimiento para las víctimas de violaciones de derechos humanos. · Límites a la libertad de expresión La represión contra periodistas, periódicos y sitios web en China continuó el año pasado, suscitando serias dudas al respecto del cumplimiento del compromiso de garantizar “completa libertad a los medios de comunicación” durante los Juegos Olímpicos de Pekín. Cientos de sitios web internacionales continúan bloqueados y miles de sitios web chinos han sido cerrados. El Club de Corresponsales Extranjeros de China se hizo eco de todas estas preocupaciones en una encuesta que publicó el 7 de agosto de 2006, en la que se señaló que la policía había detenido a corresponsales extranjeros en al menos 38 ocasiones en los últimos dos años, a la mayor parte de ellos mientras cubrían acontecimientos relacionados con cuestiones sociales, como protestas sobre el medio ambiente, litigios sobre tierras y la suerte de las víctimas de VIH/sida. · Discriminación de migrantes internos Los migrantes internos en China –entre 150 y 200 millones de ciudadanas y ciudadanos chinos procedentes de zonas rurales que residen y trabajan en ciudades– son víctimas de diversas violaciones de derechos humanos y de discriminación debido a su origen social. Se les excluye de una amplia gama de servicios, prestaciones sociales y derechos positivos disfrutados por otros residentes urbanos, y muchos siguen corriendo el riesgo de ser trasladados a la fuerza a sus lugares de origen. Sus hijos, es decir unos 20 millones de niños son discriminados en su derecho a una educación gratuita y obligatoria.