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Unos testigos periciales reciben amenazas de muerte tras un juicio por masacre

La Fundación de Antropología Forense de Guatemala analizando pruebas. © Xeni Jardin/FAFG

Londres.- Cuatro integrantes de un equipo de antropología forense de Guatemala han recibido amenazas de muerte después de testificar en un juicio de gran resonancia celebrado recientemente por una masacre perpetrada por el ejército en 1982 que se saldó con la muerte de más de 250 personas.

Fredy Peccerelli, miembro fundador y director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, recibió una amenaza de muerte manuscrita en Ciudad de Guatemala el 8 de agosto. La nota mencionaba también a sus colegas José Samuel Suasnavar, Leonel Estuardo Paiz y Omar Bertoni, todos los cuales testificaron en el juicio.

La amenaza se produjo después de que, el 2 de agosto, un juez de Ciudad de Guatemala condenase a 6.060 años de cárcel a cuatro ex soldados pertenecientes a una unidad de élite del ejército por su implicación en una masacre perpetrada en 1982 en la localidad de Dos Erres, en la región de Petén, en el norte de Guatemala.

“Es inaceptable que los testigos periciales sean intimidados de este modo, y las autoridades de Guatemala deben ordenar una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre estas amenazas y poner a disposición judicial a los responsables”, ha afirmado ', investigador de Amnistía Internacional para América Central.

“El pueblo de Guatemala lleva casi tres decenios esperando justicia en el caso de la masacre de Dos Erres y de cientos de violaciones graves de los derechos humanos, y el no poner fin a tales amenazas de muerte empañaría el proceso judicial.”

Los soldados condenados en el reciente juicio formaban parte de una unidad de élite de “kaibiles” que el 5 de diciembre de 1982 entró en Dos Erres, donde torturaron y mataron a unas 250 personas –hombres, mujeres y niños– en el transcurso de tres días antes de arrasar la población. Muchas de las mujeres y niñas fueron violadas, y numerosos residentes, entre los que había niños, fueron arrojados al pozo del poblado.

La Procuraduría General de la Nación guatemalteca había pedido a los expertos forenses que testificaran en el juicio sobre la base de su trabajo de exhumación y análisis de las víctimas de la masacre.

Freddy Pecerelli dijo a Amnistía Internacional que recibió una nota escrita a mano con tinta roja que decía: “Hijos de puta. Nos pagarán lentamente cada uno de los 6.050 años. Por ustedes los nuestros sufrirán, ahora sí no sólo los vigilaremos, los dejaremos como a los demás regados”.

La nota agregaba que “cuando menos sientan morirán. Revolucionarios su ADN no les servirá de nada. Sus familias pagarán, ustedes seguirán”.

“Guatemala tiene un terrible historial de impunidad, y permitir que estas últimas amenazas queden impunes sólo servirá para se afiance aún más”, ha afirmado Sebastián Elgueta.

“Las autoridades deben consultar con los miembros de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala para garantizar que se les proporciona protección plena y adecuada, tanto a ellos como a sus familias, y deben garantizar que los testigos periciales no corren riesgos en el futuro.”