El acuerdo político sobre la Ley de Servicios Digitales (LSD) al que han llegado los colegisladores es un hito en la historia de la regulación de Internet. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
La LSD contempla nuevas normas que obligarán a las grandes empresas tecnológicas —incluidas Facebook e Instagram (de Meta) y YouTube (de Google)— a evaluar y gestionar los riesgos sistémicos, como la apología del odio y la difusión de desinformación, que presentan sus servicios.
Por primera vez, las grandes empresas tecnológicas también deberán someterse a auditorías anuales independientes, y proporcionar a los organismos reguladores y terceras partes dedicadas a la investigación —como la sociedad civil— acceso a los datos de las plataformas e información sobre las “cajas negras” de sus algoritmos para garantizar un mayor nivel de escrutinio y rendición de cuentas.
“El acuerdo que se ha alcanzado hoy sobre la Ley de Servicios Digitales constituye un hito en la historia de la regulación de Internet. Poniendo un freno al poder sin control de las grandes empresas tecnológicas, la LSD nos lleva hacia un entorno online más respetuoso de nuestros derechos humanos”, ha declarado Claudia Prettner, asesora jurídica y sobre políticas de Amnesty Tech.
“Nuestros datos de carácter más íntimo llevan mucho tiempo instrumentalizándose para menoscabar nuestro derecho a la privacidad, intensificar la desinformación, avivar el racismo e, incluso, influir en nuestras propias ideas y opiniones. La LSD protegerá por fin a la ciudadanía europea contra la recolección de datos intrusiva y los anuncios que utilizan la información personal —como las creencias religiosas, la opinión política o las preferencias sexuales— de formas que nunca hubiéramos imaginado ni deseado.
“Para defender verdaderamente el derecho de las personas a la privacidad, la protección de datos y la no discriminación, la LSD podría haber ido más allá y haber eliminado progresivamente todas las prácticas invasivas de publicidad que se basan en la recopilación de datos.
“Ahora es esencial que la LSD se aplique de forma enérgica para que no se convierta en simple papel mojado. También es fundamental que otras jurisdicciones de todo el mundo sigan el ejemplo y adopten leyes firmes para proteger más a la población contra los perjuicios causados por los modelos de gestión basados en la recopilación de datos por los que se rigen las grandes empresas tecnológicas”.
Al adoptar un enfoque sistémico para combatir los abusos contra los derechos humanos, la LSD contribuirá a proteger los valores humanos básicos —dignidad, autonomía y privacidad— de la era digital. Esta ley supone un primer paso hacia el replanteamiento del lucrativo modelo de gestión basado en la recopilación de datos que predomina en las grandes empresas tecnológicas.
Amnistía Internacional acoge con satisfacción el hecho de que la LSD vaya a exigir a las principales plataformas que estudien la manera en que sus sistemas de algoritmos, sus modelos de publicidad y sus prácticas en materia de datos contribuyen a los riesgos sistémicos, y adapten debidamente sus sistemas y procesos en función de las deficiencias que se identifiquen.
La LSD también garantizará que las personas tengan ya el derecho a elegir el modo en que se les presentan los contenidos en las actualizaciones de noticias, por ejemplo escogiendo el orden cronológico y no la perfilación algorítmica que se afina para aumentar al máximo y mantener la vinculación.
Información complementaria
La Comisión Europea propuso la Ley de Servicios Digitales el 15 de diciembre de 2020 para mejorar las normas que rigen los servicios digitales en la Unión Europea (UE). Amnistía Internacional ha hecho campaña en defensa de que la legislación proteja de manera suficiente los derechos humanos de la gente en Internet.
Tras los debates mantenidos y después de varios meses de trabajo de incidencia y campaña de la sociedad civil, las partes negociadoras del Parlamento Europeo, la presidencia francesa del Consejo de la UE y la Comisión Europea han alcanzado hoy un acuerdo sobre la LSD.
El texto definitivo de la ley aún no se ha hecho público, pero —pese a unos esfuerzos de cabildeo sin precedentes realizados por las empresas tecnológicas— el acuerdo incluye las disposiciones clave por las que ha luchado la sociedad civil.
En una encuesta realizada por Amnistía Internacional y Global Witness este mismo año, quienes están al frente de las pequeñas empresas en Francia y Alemania manifestaron que desean alternativas a la publicidad basada en el rastreo que predomina en Facebook y Google.>
