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Día Mundial del Hábitat

Una vivienda desalojada en Callao denunciará que España incumple sus obligaciones internacionales

AI instala este domingo una vivienda desalojada en la plaza de Callao, Madrid © AI

Madrid.- En el Día Mundial del Hábitat, que se celebra este lunes 5 de octubre, Amnistía Internacional sale de nuevo a la calle para instalar en la Plaza de Callao de Madrid una vivienda desalojada, en la que los objetos que hay en su interior “explican” la historia de la familia que dejan atrás. Activistas y asistentes podrán pasear por ella para comprender algunas de las violaciones de derechos humanos que se producen en el marco de los procesos de ejecución hipotecaria. Con esta acción simbólica, la organización, que ha publicado el informe “Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España”, pretende llamar la atención sobre cómo cientos de miles de personas han perdido o están en riesgo de perder su vivienda como consecuencia de los desalojos hipotecarios.

Y es que, tal y como denunció Amnistía Internacional, entre 2008 y el primer trimestre de 2015 se han iniciado 598.747 procesos de ejecución hipotecaria en España. A nivel internacional, el Comité DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) de Naciones Unidas ha pedido a España que asegure la accesibilidad a recursos jurídicos para las personas que se enfrentan a procedimientos de ejecución hipotecaria y han recordado que el gobierno debe garantizar que su legislación y su aplicación sean conformes con las obligaciones del PIDESC (Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales).

Así lo advirtió Amnistía Internacional en su informe, Derechos Desalojados, en el que pide que se paralicen todos los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección de derechos humanos. En concreto, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para que los jueces analicen, caso por caso, la razonabilidad y proporcionalidad de un desalojo, y el establecimiento de un mecanismo obligatorio para supervisar las negociaciones entre las entidades financieras y las personas.

“Las autoridades deberían exigir a las entidades financieras que el desalojo sea la última alternativa y que se prioricen soluciones que permitan a las familias permanecer en las viviendas donde residen”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

La organización presentó el documento a las autoridades españolas y, a nivel internacional, ha denunciado la situación ante la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada. España es uno de los países con menor número de vivienda social en Europa, con tan sólo el 1,1% frente al 32% de Holanda, el 23% de Austria o el 18% de Reino Unido. También es el que cuenta con el mayor número de viviendas vacías: el 30% de todas las que hay en Europa se encuentran en España. Además, las autoridades españolas han tomado medidas regresivas injustificadas de reducción del gasto social en vivienda.

Amnistía Internacional ha pedido además a los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales el compromiso de tomar medidas concretas, como la adopción de una Ley sobre el derecho a la vivienda que defina el contenido y alcance del derecho a la vivienda. Asimismo, la organización reclama una reforma constitucional que refuerce las garantías de protección del derecho a la vivienda y que asegure el acceso a la justicia ante vulneraciones de este derecho.

“Hasta ahora la vivienda ha sido un derecho invisible en la legislación, pero ya es hora de que las autoridades hagan todo lo posible para evitar más desalojos”, ha añadido Esteban Beltrán.

A pesar de que ha habido algunos avances, como el acuerdo del Fondo Social de Vivienda para ampliar en 3.974 el número de viviendas a disposición de personas especialmente afectadas por la crisis y de flexibilizar los criterios de acceso a las mismas, estas medidas no son suficientes. Amnistía Internacional insta una vez más al Gobierno a adoptar medidas legislativas para proteger y realizar el derecho a una vivienda adecuada.

 

Información complementaria

Amnistía Internacional lanzó el pasado mes de junio la campaña #UnaPuertaUnaHistoria, para exigir al Gobierno que proteja el derecho a la vivienda. Más de 70.000 personas han firmado nuestra ciberacción para recordar al gobierno que ninguna persona debería encontrarse indefensa por no poder pagar una hipoteca.