Amnistía Internacional ha recibido con satisfacción el hecho de que los magistrados italianos hayan hecho responsables a individuos concretos de las brutalidades ocurridas en el centro de detención de Bolzaneto, en Génova, Italia. “Es un buen primer paso hacia la rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos que tuvieron lugar durante la cumbre del G8 en Génova, pero es preciso hacer más para garantizar que emerge toda la verdad y que los responsables responden plenamente de sus actos”, ha manifestado Amnistía Internacional. El 14 de julio de 2008, 15 personas fueron declaradas culpables de, entre otras cosas, infligir malos tratos a manifestantes recluidos en el centro de detención de Bolzaneto durante la cumbre del G8 celebrada en Génova en julio de 2001. También fueron declaradas culpables de abuso de poder. Las condenas impuestas por el tribunal italiano oscilan entre los cinco meses y los cinco años. Entre los condenados se encuentran agentes de policía, guardias de prisiones y médicos. Se espera que apelen contra sus sentencias condenatorias. Es poco probable que cualquiera de los condenados llegue a cumplir su pena de prisión, ya que, en virtud de las leyes de prescripción italianas, la responsabilidad penal por sus delitos habrá expirado cuando se complete el proceso de apelación. Otros 30 acusados fueron absueltos de cargos tales como agresión. A Amnistía Internacional le preocupa, no obstante, el hecho de que la tortura no esté tipificada como delito en el Código Penal italiano. Esto significa que no se puede procesar a nadie por tortura en relación con aquellos hechos ni siquiera aunque los malos tratos sufridos por los manifestantes puedan haber constituido tortura. Desde los sucesos de Génova de 2001, Amnistía Internacional ha recibido varios informes de malos tratos policiales y uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Italia. La organización, junto con varios órganos de la ONU, entre ellos el Comité contra la Tortura, ha pedido reiteradamente al gobierno italiano que ponga en marcha mecanismos efectivos de rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos presuntamente cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. “El rendimiento de cuentas por los abusos cometidos por agentes estatales, incluidos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, debe ser la norma. Las autoridades italianas deben poner en práctica las recomendaciones de los órganos y organizaciones internacionales pertinentes a este respecto para impedir que hechos así se repitan en el futuro”, ha manifestado Amnistía Internacional. Información complementaria Del 20 al 22 de julio de 2001, la ciudad italiana de Génova albergó la cumbre del G8. Se calcula que más de 200.000 personas participaron en manifestaciones antiglobalización en las calles de la ciudad. Al concluir la cumbre, un manifestante, Carlo Giuliani, había muerto por arma de fuego y centenares de personas habían resultado heridas durante los enfrentamientos con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Una sentencia largamente esperada
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