Londres.- "Sólo aprendiendo de los errores de la intervención internacional de hace diez años puede la comunidad internacional proteger de forma eficaz los derechos humanos en el Haití de hoy", declaró Amnistía Internacional, a la vez que hacía un llamamiento al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que tenga en cuenta cinco lecciones clave en materia de derechos humanos aprendidas en la intervención internacional en Haití de 1994 y sus consecuencias, mientras se despliega la Fuerza Multinacional de Paz. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha autorizado a esta Fuerza Multinacional para que colabore con las fuerzas de seguridad haitianas para "restablecer y mantener la seguridad pública así como la ley y el orden". Su tarea consistirá asimismo "en promover y proteger los derechos humanos". Resulta significativo que la resolución también afirme que "habrá responsabilidad individual y que no habrá impunidad para quienes hayan violado los derechos humanos". Sobre la base de estos compromisos, Amnistía Internacional realiza de forma urgente los siguientes llamamientos: 1. Que la Fuerza Multinacional de Paz se comprometa a garantizar el desarme tanto de las fuerzas rebeldes como de las milicias favorables a Aristide. En 1994, no desarmar a las fuerzas militares y paramilitares fue una de las causas de que la violencia política se perpetuara hasta la actualidad. 2. Que la Fuerza Multinacional de Paz garantice que los perpetradores de abusos contra los derechos humanos, con sentencias pendientes de cumplimiento por delitos relacionados con abusos contra los derechos humanos, como los líderes rebeldes Louis Jodel Chamblain y Jean Pierre Baptiste (alias "Jean Tatoune") sean puestos bajo custodia y llevados ante el sistema judicial haitiano. 3. Que la comunidad internacional garantice que bajo ninguna circunstancia se otorgue ningún puesto de autoridad a los declarados culpables de graves abusos contra los derechos humanos o a quienes se hayan visto implicados en los mismos, bien sea en el marco de un gobierno transitorio o en las fuerzas de seguridad, donde pueden cometer aún más violaciones contra los derechos humanos. 4. Que la Fuerza Multinacional de Paz contribuya a garantizar que todos los que presuntamente han cometido abusos contra los derechos humanos, en cualquiera de las partes en conflicto, sean llevados ante la justicia. Sólo de esta manera puede mantenerse el estado de derecho y romperse el ciclo de violencia política. 5. Que se desplieguen observadores internacionales y civiles de derechos humanos con carácter de urgencia, además del personal internacional militar y de policía, para que actúen como factores disuasores de que se produzcan aún más abusos contra los derechos humanos y para garantizar que se proporcione información detallada sobre derechos humanos en cada fase de la respuesta internacional a la situación por la que atraviesa Haiti. Información General En la actualidad, Estados Unidos, Canadá y Francia tienen desplegado personal militar en Haití. En septiembre de 1995, el actual líder rebelde Louis Jodel Chamblain se encontraba entre los siete altos líderes militares y paramilitares condenados en ausencia y sentenciados a cadena perpetua con trabajos forzados por estar involucrados en la ejecución extrajudicial de Antoine Izméry, conocido activista en favor de la democracia, en septiembre de 1993, durante una misa pública en una iglesia de Puerto Príncipe. Chamblain, que se exilió para evitar ser llevado ante la justicia, también se encontraba entre los declarados culpables en ausencia por participación en la masacre de Raboteau de 1994, que fueron asimismo condenados a trabajos forzados de por vida. Otro de los líderes rebeldes, Jean Pierre Baptiste (alias "Jean Tatoune") también es un antiguo líder paramilitar que fue condenado a trabajos forzados de por vida por su participación en la masacre de Raboteau de 1994. Se escapó de la prisión de Gonaïves, donde cumplía su sentencia, durante la evasión de agosto de 2002. Tanto Louis Jodel Chamblain como Jean Tatoune pertenecían a la organización paramilitar FRAPH, compuesta de autoridades militares que fueron los líderes de facto del país durante el golpe de estado de 1991 contra el entonces presidente Aristide. Los miembros del FRAPH fueron responsables de numerosas violaciones de derechos humanos antes de que se restaurara el gobierno democrático en 1994.