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Una decisión histórica que abre el camino hacia la justicia en el país

Londres.- La histórica decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida abre el camino hacia la verdad y la justicia en Argentina, dijo hoy Virginia Shoppee, investigadora para Argentina de Amnistía Internacional.

 

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida intentaron institucionalizar la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad – incluyendo casos de secuestro, "desaparición" forzada y tortura -- cometidos durante los gobiernos militares en la Argentina, entre los años 1976 y 1983.

 

"Esta decisión no sólo abre la puerta de la justicia sobre un oscuro capítulo de la historia de Argentina y constituye un importantísimo precedente jurídico internacional, sino que envía un mensaje muy claro a países como Chile y Uruguay en los que las leyes de impunidad continúan vigentes y otros como Argelia que actualmente están considerando implementar legislación de esta índole."

 

"Las leyes de amnistía que intentan cubrir crímenes de lesa humanidad como 'desapariciones' forzadas y la tortura sistemática son contrarias a la legislación internacional de derechos humanos y contribuyen a cimentar la impunidad. Los países que continúan manteniendo leyes de amnistía o consideran su aplicación están enviando el peligroso mensaje que los abusos de derechos humanos son permitidos."

 

"Con esta decisión, se hace aún más inaplazable la responsabilidad que recae sobre el poder judicial y demás autoridades argentinas de proseguir con las investigaciones y enjuiciamiento de los responsables de miles de casos de 'desapariciones', tortura y ejecuciones extrajudiciales que 30 años mas tarde continúan impunes."

 

Información General

El 14 de junio la Corte Suprema de Justicia Argentina resolvió, con siete votos a favor, uno en contra y una abstención, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.Además, la Corte aprobó con cinco votos a favor la ley del Congreso que declaro nulas ambas leyes hace dos años, permitiendo la reapertura de decenas de causas en el país.

 

Las leyes fueron expedidas por el gobierno del Presidente Raúl Alfonsín en 1986 y 1987 respectivamente. Posteriormente, el gobierno del Presidente Carlos Menem expidió un indulto en favor de militares implicados en violaciones de derechos humanos.

 

El informe publicado en noviembre de 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), catalogó 8.960 casos de "desapariciones", durante los gobiernos militares que gobernó el país entre 1976 y 1983, señalando que la cifra verdadera podría ser mayor aún. Organizaciones de derechos humanos en la Argentina han estimado en 30,000 el número de victimas.