Madrid.- En una primera valoración sobre el contenido del Anteproyecto de Ley aprobado hoy en Consejo de Ministros sobre “reconocimiento y ampliación de derechos y establecimiento de medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, y según la información avanzada por el Gobierno tras el Consejo de Ministros, Amnistía Internacional considera que su contenido es decepcionante, se aleja de las normas internacionales de derechos humanos, olvida la justicia, no repara adecuadamente a las víctimas y no avanza de manera sustancial en la búsqueda de verdad.
Las medidas incluidas en el Anteproyecto de Ley, según el resumen publicado en www.lamoncloa.es, son medidas de carácter meramente asistencial incluyendo compensaciones económicas parciales para determinadas víctimas, continuando así la tendencia de las últimas décadas de compensar de una manera parcial y sin mediar mecanismo alguno para determinar la verdad y obtener justicia a víctimas de violaciones graves de derechos humanos.
Por lo que se refiere a la cuestión de las decenas de miles personas “desaparecidas” o víctimas de ejecuciones extrajudiciales que aún permanecen en fosas comunes, en muchas ocasiones sin localizar, el Anteproyecto sigue la línea decepcionante de la orden del Ministerio de la Presidencia del pasado diciembre, que establecía subvenciones a particulares para la exhumación de restos, trasladando así al ámbito privado la responsabilidad del Estado de investigar los graves crímenes contra el derecho internacional que se cometieron durante la guerra civil y el régimen franquista.
En este sentido el Anteproyecto de Ley parece no tener en cuenta la responsabilidad del Gobierno español en dictar legislación y las normas reglamentarias necesarias para las actuaciones en materia de localización de fosas, exhumaciones, identificación de restos y restitución a sus familias para su inhumación.
Además enmarca la recuperación de restos en un contexto histórico y patrimonial, y no en un contexto judicial, como establecen las normas internacionales de derechos humanos para estos graves crímenes.
Con relación a los archivos, las medidas anunciadas, aunque pueden suponer alguna mejora para la conservación y localización de la información de los “archivos de la represión”, no parecen estar orientadas a facilitar a las víctimas y sus familiares el acceso a una información vital para demostrar la condición de víctima –y así poder acceder a las ayudas arbitradas- y satisfacer su derecho a conocer la verdad.
El Anteproyecto tampoco aborda la anulación de condenas dictadas tras juicios injustos. Amnistía Internacional quiere recordar que, en virtud del derecho internacional, toda violación de derechos humanos genera la obligación de proveer y garantizar un recurso efectivo. El derecho a un recurso ante graves violaciones de derechos humanos es inderogable, especialmente cuando se alega la violación del derecho a la vida.
Por todo ello este Anteproyecto, en opinión de Amnistía Internacional no solamente es tardío sino claramente insuficiente y muy alejado de lo establecido en el derecho internacional para las víctimas de graves violaciones y abusos contra los derechos humanos.
Esteban Beltrán, Director de la Sección Española, ha declarado “ después de 30 años de democracia este anteproyecto de ley no repara la deuda pendiente del Estado español con las víctimas olvidadas de la guerra civil y del franquismo. Esperamos que el trámite parlamentario logre cambios sustanciales que garanticen verdad, justicia y reparación”.
