Se han conocido nuevos datos sobre el uso de la detención secreta por las autoridades ucranianas tras haber sido puestas en libertad 13 personas que se hallaban recluidas en un recinto del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en Járkov, han manifestado Amnistía Internacional y Human Rights Watch hoy. La liberación de estas personas se produce tras haber denunciado ambas organizaciones el uso de la tortura y la detención secreta, tanto por las autoridades ucranianas como por los separatistas prorrusos, durante el conflicto del este de Ucrania en el informe conjunto“You Don’t Exist.”Arbitrary Detentions, Enforced Disappearances, and Torture in Eastern Ukraine(EUR 50/21/2016). Las dos organizaciones han escrito ahora al fiscal jefe militar de Ucrania con nuevos datos sobre la detención secreta en el país, incluidos detallados testimonios de algunas de las personas puestas en libertad, así como con los datos de otras cinco que están todavía detenidas en secreto en el recinto. “Las autoridades ucranianas continúan negando la grotesca práctica de la detención secreta, pero las pruebas son abrumadoras. La liberación de estas 13 personas es un paso positivo, pero no hace más que confirmar la necesidad de poner fin a estos abusos e investigarlos y de hacer justicia a las víctimas”, ha señalado John Dalhuisen, director regional de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
Antes de la presentación del informe, las dos organizaciones se reunieron con el fiscal jefe militar de Ucrania y le entregaron una lista de 16 personas que, presuntamente, se hallaban recluidas en Járkov. Les prometió supervisar personalmente la investigación sobra la práctica de la detención secreta. Amnistía Internacional y Human Rights Watch supieron posteriormente que el 25 de julio fueron puestos en libertad seis hombres, y el 2 de agosto, seis hombres y una mujer. De estas personas, 12 figuraban en la lista de 16 presentada al fiscal jefe militar. Desde entonces se ha sabido que una de las personas de la lista original había sido puesta ya en libertad en marzo de 2016. Tres personas más fueron trasladadas al centro de detención secreta en abril de 2016, y una de ellas quedó en libertad el 2 de agosto. Representantes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch lograron ponerse en contacto con siete de las que acaban de ser puestas en libertad y entrevistaron a cinco de ellas. Sus casos confirman las terribles conclusiones del informe “You Don’t Exist”. Tres de las personas que estuvieron detenidas en secreto – Mykola Vakaruk, Vyktor Ashykhin y Dmytro Koroliov – están decididas a pedir justicia. Las otras dos han pedido que se mantenga su anonimato, por temor a represalias contra ellas o contra sus familias. “Instamos a Kiev a tomar de inmediato medidas para garantizar la puesta en libertad de las personas aún detenidas en secreto y proporcionar justicia –y, algo decisivo, protección– a quienes la están pidiendo ya”, ha afirmado John Dalhuisen. Intentos de ocultar el uso de la detención secreta Las entrevistas con personas que han estado detenidas revelan que las autoridades ucranianas parecen estar intentando ocultar el uso de la detención secreta en el recinto del SBU de Járkov. Vyktor Ashykhinfue sometido a desaparición forzada, tras ser detenido en su casa, en Ukrainsk, el 7 diciembre de 2014, y quedó en libertad el 25 de julio de 2016. Dijo a Amnistía Internacional que los guardias lo habían traslado tres veces durante sus 597 días de detención ilegal para impedir que lo vieran observadores independientes. El 10 de febrero de 2015, los guardias dijeron a los detenidos que recogieran todas sus cosas, les pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y los sacaron de sus celdas para llevarlos a otra planta del edificio. Los tuvieron varias horas sentados en el suelo en salas distintas antes de llevarlos de nuevo a sus celdas. Los detenidos dijeron que habían limpiado y ventilado las celdas para eliminar todo rastro de su reclusión en ellas. Posteriormente oyeron decir a los guardias que “alguien oficial” estaba visitando el centro. Se volvió a intentar ocultar de manera similar a los detenidos en 20 de abril y el 20 de mayo de 2016. Mykola Vakarukfue sometido a desaparición forzada, tras ser detenido en su casa, en Ukrainsk, el 9 diciembre de 2014, y quedó en libertad el 25 de julio de 2016. En octubre de 2015 contrajo una fiebre muy alta. Lo llevaron al Hospital 17 de Járkov, donde fue ingresado con el nombre falso de Serhey Petrovich. Tras extirparle quirúrgicamente el riñón, lo tuvieron 10 días en la unidad de cuidados intensivos y 20 días más en recuperación postoperatoria. Durante este tiempo, estuvo esposado a la cama y vigilado por agentes del SBU en todo momento. Cuando los detenidos quedaron en libertad, los guardias le entregaron sus pasaportes y entre 50 y 200 grivnas (2-10 dólares de EE. UU.) “para gastos de transporte”. Les advirtieron expresamente de que no dijeran nada sobre su detención secreta en el recinto del SBU y los amenazaron con sufrir graves consecuencias si hablaban en público de ello. Amnistía Internacional y Human Rights Watch piden a las autoridades ucranianas que se comprometan a realizar una investigación exhaustiva, independiente y efectiva sobre estos casos y a garantizar la seguridad de las personas puestas en libertad. Siguen recluidas en secreto 5 personas Según las personas entrevistadas por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, hay al menos cinco más recluidas aún en secreto. Dos de ellas con ciudadanos rusos, y otras dos, ucranianos de Járkov. Parece que la quinta padece una enfermedad mental, aunque las personas entrevistadas no pudieron aportar ninguna información sobre su identidad. Una de las personas aún detenidas en secreto es el ciudadano rusoVladimir Bezobrazov. Fue detenido cuando pasaba las vacaciones con su familia en Karolino-Bugaz, región de Odesa, en mayo de 2014. El jefe de la unidad local de la guardia fronteriza oyó a Bezobrazov hacer unos comentarios en favor de los separatistas prorrusos en una cafetería y lo detuvo en el acto. Tras pasar dos días en la base de Karolino-Bugaz de la guardia fronteriza, Bezobrazov “confesó” haber viajado a Ucrania para reclutar a combatientes separatistas prorrusos y fue acusado en seguida de intentar destruir la integridad territorial de Ucrania, en aplicación del artículo 110 del Código Penal. Bezobrazov se retractó de su “confesión” ante los tribunales, afirmando que la había hecho bajo coacción. En marzo de 2015, los mediadores ucranianos en un canje de prisioneros se pusieron en contacto con el abogado de Bezobrazov para ofrecerle dejar en libertad a éste a cambio de un combatiente ucraniano capturado por los separatistas prorrusos en Luhansk y si confirmaba su “confesión” ante los tribunales. Bezobrazov accedió, y el 6 de marzo de 2015 el Tribunal de Distrito de Ovidiopol le impuso una condena condicional de tres años. Cuando Vladimir Bezobrazov salía del juzgado, varios hombres salieron de en una camioneta que se acercó en ese momento a la entrada e, introduciéndolo de un empujón en ella, se lo llevaron. Desde entonces está en paradero desconocido. Dos meses después, en mayo de 2015, su madre, Lyudmila Korobova, supo, por un hombre que había estado detenido en secreto en el recinto de Járkov del SBU, que se hallaba recluido allí. Entre mayo de 2015 y agosto de 2016, Korobova recibió una llamada de Bezobrazov, así como varias más de compañeros de celda suyos que habían sido puestos en libertad, confirmando su detención en el centro de Járkov. El Estado de derecho es ya frágil en Ucrania. Las autoridades ucranianas no pueden esperar reparar su maltrecho sistema de justicia penal mientras elementos de sus organismos encargados de hacer cumplir la ley se dediquen a estas prácticas atroces con total impunidad. Servirán mucho mejor a los intereses de Ucrania si abordan este problema, en vez de negarlo”, ha añadido John Dalhuisen.“Las autoridades ucranianas continúan negando la grotesca práctica de la detención secreta, pero las pruebas son abrumadoras”John Dalhuisen, director regional de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central
