Nosotras, las organizaciones abajo firmantes, reconocemos que el gobierno turco tiene el derecho y el deber de investigar los violentos sucesos del intento de golpe de Estado de julio de 2016 y llevar a todos los responsables ante la justicia. También reconocemos que el periodo inmediatamente posterior al intento de golpe de Estado es el tipo de circunstancia excepcional en la que un gobierno podría invocar legítimamente un estado de excepción, pero incluso en esas circunstancias el gobierno tiene que cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, nos preocupa cada vez más el hecho de que los poderes discrecionales de largo alcance, casi ilimitados, ejercidos por las autoridades turcas durante los tres primeros meses del estado de excepción –ahora ampliado otros tres meses más– ponen en peligro los principios generales del Estado de derecho y las salvaguardias de derechos humanos.Pedimos al gobierno de Turquía que revoque las medidas establecidas en virtud del estado de excepción, cuya aplicación, en la práctica, es incompatible con las obligaciones contraídas por el país en materia de derechos humanos.
Durante los tres primeros meses del estado de excepción, las autoridades turcas han abusado de las disposiciones de emergencia para sofocar la disidencia, mediante la detención de un gran número de personas, entre las que se encontraban personas que criticaban –o de las que se creía que criticaban– al gobierno, y otras. La eliminación de las protecciones relativas a un juicio justo y de salvaguardias cruciales contra la tortura y otros malos tratos superó lo admisible, justificó derogaciones y amenazó con violar la prohibición absoluta, establecida en el derecho internacional, de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. En la práctica, la aplicación de las disposiciones permite detenciones generalizadas, en las que a las personas detenidas no se les presentan pruebas creíbles, lo que les impide rebatirlas o pedir reparación por violaciones de derechos humanos.
Teniendo esto en cuenta, la ampliación del estado de excepción y sus disposiciones asociadas para otros 90 días, a partir del 19 de octubre, resulta sumamente preocupante. Como mínimo, instamos al gobierno de Turquía a limitar el alcance de las medidas de emergencia revocando las disposiciones que permiten violaciones de derechos humanos y que no son conformes con las obligaciones contraídas por el país en virtud del derecho internacional.
También instamos a los socios internacionales de Turquía, en especial la Unión Europea, Estados Unidos y los órganos internacionales de derechos humanos pertinentes, a condenar de manera pública e inequívoca las violaciones de derechos humanos cometidas en el país en el contexto del estado de excepción. Asimismo, estos socios deben pedir al gobierno turco que revoque todas las disposiciones de emergencia que permiten las violaciones de derechos humanos, y que revoque el estado de excepción a menos que pueda demostrar que la situación interna sigue amenazando la vida de la nación. Eliminación de las salvaguardias contra la tortura y otros malos tratos Desde el intento fallido de golpe de Estado, las autoridades turcas han ordenado la detención preventiva de 34.000 soldados, funcionarios, policías, jueces, fiscales, periodistas, profesores y otras personas. Hay 70.000 personas sometidas a investigación criminal. Numerosas disposiciones de los decretos de emergencia turcos han suspendido salvaguardias clave que protegen a las personas detenidas frente a la tortura y otros malos tratos, y lo han hecho de maneras que violan las obligaciones internacionales contraídas por Turquía y ponen en peligro a las personas detenidas. Entre ellas están:
- detención policial prolongada, sin revisión judicial, por delitos relacionados con el terrorismo y por delincuencia común organizada; esta detención se ha ampliado de 4 a 30 días;
- negación, durante un plazo de hasta cinco días, del derecho de las personas detenidas a ver a un abogado, y severas restricciones del derecho a elegir abogado durante la detención policial;
- injerencias en el acceso confidencial a asistencia letrada, incluidas la observación y grabación de las comunicaciones a petición de un fiscal.
Abuso de las disposiciones de emergencia para silenciar las críticas Las disposiciones de los decretos de emergencia afectan al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, y se han utilizado para facilitar la detención y el acoso de periodistas, escritores y profesionales de los medios de comunicación, por ejemplo:
- otorgando a los altos niveles de la administración el poder de cerrar cualquier organización de medios de comunicación;
- permitiendo al gobierno imponer toques de queda, prohibir reuniones, agrupaciones y concentraciones públicas, y restringir el acceso a espacios públicos y privados;
- permitiendo a las autoridades cancelar o confiscar el pasaporte a cualquier persona sometida a investigación. El 1 de septiembre, una enmienda al decreto amplió este poder, de manera que permitía a las autoridades cancelar o confiscar el pasaporte a los cónyuges y parejas de las personas sometidas a investigación.
Durante los primeros dos meses y medio del estado de excepción, de acuerdo con los decretos antes expuestos, las autoridades cerraron unos 150 medios de comunicación y empresas de publicación, con lo que dejaron sin empleo a más de 2.300 periodistas y profesionales de los medios de comunicación. Se ha detenido al menos a 99 periodistas y escritores, con lo que el total de profesionales de los medios de comunicación detenidos por cargos que, según se cree, están relacionados con su ejercicio del derecho a la libertad de expresión ascendía, el 19 de octubre de 2016, a al menos 130. Estas cifras no incluyen a otros periodistas que están actualmente detenidos en calabozos policiales, o que han sido detenidos y puestos en libertad sin cargos durante el estado de excepción. Las disposiciones de emergencia se han utilizado también para acosar a familiares de periodistas que han huido al extranjero o se han ocultado: entre otras cosas, les han cancelado los pasaportes o los han detenido en lugar de los acusados.
Esas medidas contra periodistas y profesionales de los medios de comunicación obstaculizan el derecho de la población de Turquía a recibir información sobre sucesos actuales y a hacer rendir cuentas al gobierno.
El gobierno de Turquía debe garantizar que el estado de excepción y los decretos de emergencia relacionados con él no se usan como herramientas para facilitar violaciones graves de derechos humanos y para silenciar la disidencia. Mientras tanto, los socios internacionales de Turquía no deben ignorar los graves abusos cometidos en el contexto del estado de excepción, y deben pedir urgentemente a Turquía que revoque o enmiende las disposiciones de emergencia que no son conformes con las obligaciones internacionales contraídas por el país en materia de derechos humanos.
