estado de excepción ponen en peligro los principios generales del Estado de derecho y las salvaguardias de derechos humanos.Pedimos al gobierno de Turquía que revoque las medidas establecidas en virtud del estado de excepción,
abusado de las disposiciones de emergencia para sofocar la disidencia, mediante la detención de un gran número de personaseliminación de las protecciones relativas a un juicio justo y de salvaguardias cruciales contra la tortura y otros malos tratos detenciones generalizadas
ampliación del estado de excepciónotros 90 días
instamos a los socios internacionales de Turquíaa condenar de manera pública e inequívoca las violaciones de derechos humanos cometidas en el país en el contexto del estado de excepción.
Eliminación de las salvaguardias contra la tortura y otros malos tratos
las autoridades turcas han ordenado la detención preventiva de 34.000 soldados, funcionarios, policías, jueces, fiscales, periodistas, profesores y otras personas. Hay 70.000 personas sometidas a investigación criminal
- detención policial prolongada, sin revisión judicial, por delitos relacionados con el terrorismo y por delincuencia común organizada; esta detención se ha ampliado de 4 a 30 días;
- negación, durante un plazo de hasta cinco días, del derecho de las personas detenidas a ver a un abogado, y severas restricciones del derecho a elegir abogado durante la detención policial;
- injerencias en el acceso confidencial a asistencia letrada, incluidas la observación y grabación de las comunicaciones a petición de un fiscal.
Abuso de las disposiciones de emergencia para silenciar las críticas
derecho a la libertad de expresión
- otorgando a los altos niveles de la administración el poder de cerrar cualquier organización de medios de comunicación;
- permitiendo al gobierno imponer toques de queda, prohibir reuniones, agrupaciones y concentraciones públicas, y restringir el acceso a espacios públicos y privados;
- permitiendo a las autoridades cancelar o confiscar el pasaporte a cualquier persona sometida a investigación. El 1 de septiembre, una enmienda al decreto amplió este poder, de manera que permitía a las autoridades cancelar o confiscar el pasaporte a los cónyuges y parejas de las personas sometidas a investigación.
las autoridades cerraron unos 150 medios de comunicación y empresas de publicación, con lo que dejaron sin empleo a más de 2.300 periodistas y profesionales de los medios de comunicación.
Organizaciones firmantes:
ARTICLE 19 Amnistía Internacional Human Rights Watch PEN International Association of European Journalists Canadian Journalists for Free Expression Committee to Protect Journalists Danish PEN English PEN Ethical Journalism Network European Centre for Press and Media Freedom European Federation of Journalists Fair Trials German PEN Global Editors Network Index on Censorship International Media Support International Press Institute IREX Europe My Media Norwegian PEN Norwegian Press Association PEN America Reporters Without Borders Swedish PEN Wales PEN Cymru
ARTICLE 19 Amnistía Internacional Human Rights Watch PEN International Association of European Journalists Canadian Journalists for Free Expression Committee to Protect Journalists Danish PEN English PEN Ethical Journalism Network European Centre for Press and Media Freedom European Federation of Journalists Fair Trials German PEN Global Editors Network Index on Censorship International Media Support International Press Institute IREX Europe My Media Norwegian PEN Norwegian Press Association PEN America Reporters Without Borders Swedish PEN Wales PEN Cymru
