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Turquía: Farsa judicial que debe concluir con la absolución de defensores y defensoras de los derechos humanos

Más de dos años después de haber sido detenidos por primera vez, el presidente honorario y la exdirectora de Amnistía Internacional Turquía, así como otros nueve defensores y defensoras de los derechos humanos, deben ser absueltos de los absurdos cargos a los que aún se enfrentan. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas de su juicio, que se reanuda mañana en Estambul.

Taner Kiliç, presidente honorario de Amnistía Internacional Turquía, e Idil Eser, exdirectora de Amnistía Internacional Turquía, están siendo juzgados junto con otras nueve personas por acusaciones infundadas de “pertenecer a una organización terrorista”.

“Después de más de dos años, y sin que se haya presentado la más mínima prueba creíble para fundamentar los absurdos cargos formulados contra estas personas, ya es hora de poner fin a esta farsa judicial y absolver a Taner y a los 10 de Estambul”, ha manifestado Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional

Sin la más mínima prueba creíble contra ellos, es hora de poner fin a esta farsa judicial y absolver a Taner y a los 10 de Estambul
Kumi Naidoo, Amnistía Internacional

“En el transcurso de ocho vistas, la fiscalía no ha conseguido presentar pruebas dignas de crédito sobre ningún tipo de actuación delictiva; pese a ello, la amenaza de la condena ha pendido sobre estos 11 defensores y defensoras de los derechos humanos, y además ha sido una advertencia para cualquier otra persona que se alzara en defensa de los derechos humanos en Turquía.”

Taner Kılıç pasó más de 14 meses en prisión antes de quedar en libertad bajo fianza en agosto de 2018. Ocho de los 10 de Estambul pasaron casi cuatro meses cada uno entre rejas antes de quedar en libertad bajo fianza en octubre de 2017

“Taner y los 10 de Estambul han dedicado su vida a defender los derechos de otras personas, y son poderosos símbolos de lo que todavía sucede bajo la implacable represión que las autoridades ejercen contra la sociedad civil en Turquía”, ha manifestado Kumi Naidoo.

“Los defensores y defensoras de los derechos humanos de Turquía pasan sus días consumiéndose en prisión o viviendo con el miedo constante a la detención, el procesamiento y el encarcelamiento. Tanto los 10 de Estambul como Taner deben ser exonerados, y todas las personas encarceladas simplemente por defender los derechos humanos deben ser puestas en libertad de forma inmediata e incondicional.”

Información complementaria

La fiscalía no ha conseguido presentar ninguna prueba de actuación delictiva, no digamos ya de “terrorismo”, durante los más de dos años que lleva en marcha este procesamiento.

La declaración de culpabilidad de cualquiera de los 11 constituiría una criminalización mayor y aún más flagrante del activismo de derechos humanos.

Además, los defensores y defensoras juzgados que se dedican a la abogacía (Taner, Nalan y Şeyhmus) podrían perder su licencia para ejercer su profesión si son declarados culpables de un delito de terrorismo.

La causa de la fiscalía contra Taner se basaba en la acusación de que éste tenía la aplicación ByLock instalada en su teléfono. ByLock es una aplicación que, según las autoridades turcas, era utilizada exclusivamente por los miembros de la Organización Terrorista Fethullahista, a la que acusan de haber organizado un intento de golpe de Estado en julio de 2016.

En junio de 2018, meses después de su detención, finalmente se presentó al tribunal un informe policial de 15 páginas. En él se mostraba que no había indicios de que Taner Kılıç hubiera tenido nunca instalado ByLock en su teléfono.

El informe, que Amnistía Internacional ha visto, revela que se llevaron a cabo exámenes periciales del ordenador portátil de Taner Kılıç, su teléfono móvil, tres memorias USB, una tarjeta SIM y una tarjeta de memoria.

ByLock no aparece en la lista de elementos encontrados en el teléfono, incluidas las aplicaciones borradas. Esto corrobora las conclusiones de cuatro informes periciales independientes presentados previamente al tribunal. En todos ellos se determinaba que no había ninguna prueba de que Taner hubiera descargado o utilizado alguna vez la aplicación ByLock.

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