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Se debe corregir la situación de la comunidad romaní

María y sus hijos en el campo Centocelle, Roma, Italia, 2010 © Amnesty International

Las autoridades italianas deben actuar de inmediato para combatir la discriminación de la comunidad romaní y ofrecer resarcimiento a todas las personas afectadas por las violaciones de derechos humanos generalizadas cometidas durante el estado de emergencia, declarado ilegal.

Amnistía Internacional hace este llamamiento después de que el Consejo de Estado, máxima instancia judicial administrativa del país, ha declarado ilegal el decreto de 2008 por el que se estableció el estado de emergencia en relación con los asentamientos nómadas

(la “emergencia nómada”).


En su informe publicado hoy, ‘Zero tolerance for Roma’: Forced evictions and discrimination against Roma in Milan, Amnistía Internacional describe cómo las autoridades, en virtud de la “emergencia nómada”, han podido cerrar campamentos de romaníes –autorizados y no autorizados– en Milán en contravención de legislación que protege derechos humanos.


“Declarar sin fundamento el estado de emergencia con una minoría étnica como objetivo específico y mantenerlo en vigor durante tres años y medio es un escándalo. La emergencia nómada era ilegal y discriminatoria con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos; no se tenía que haber declarado” ha afirmado Valentina Vitali, investigadora de Amnistía Internacional sobre Italia.


“En virtud de la ‘emergencia nómada’, las autoridades pudieron llevar a cabo desalojos forzosos con impunidad. Ahora el gobierno de Mario Monti debe corregir esa situación. Debe proporcionar reparación a todas las personas afectadas por los desalojos forzosos y otras violaciones de derechos humanos. Los derechos humanos deben ocupar un lugar prioritario en su agenda”.


En mayo de 2008, el gobierno italiano declaró el estado de emergencia en relación con los asentamientos de comunidades nómadas en varias regiones –entre ellas Lombardía, de la que forma parte Milán– para abordar lo que consideraba una “situación de alarma social grave, con posibles repercusiones para la población local en términos de seguridad y orden públicos”.


La declaración de la emergencia se refería a los asentamientos nómadas, pero en realidad iba dirigida contra las comunidades romaníes, la inmensa mayoría de las cuales no son nómadas. El 16 de noviembre de 2011, el Consejo de Estado italiano declaró ilegal la “emergencia nómada”. El gobierno italiano todavía no ha anunciado cómo va a dar cumplimiento a esta resolución.


La “emergencia nómada” permitió a las autoridades poner en marcha una campaña de desalojos forzosos de campamentos no autorizados en Milán que dejó sin hogar a cientos de familias romaníes. Esos desalojos se llevaron a cabo en ausencia de todo procedimiento adecuado y sin que se ofreciera alojamiento alternativo apropiado a los afectados. Sus consecuencias para las familias romaníes han sido demoledoras, especialmente para los centenares de niños y niñas cuya escolarización se ha visto interrumpida.


Una madre de cinco hijos que ha sido desalojada con su familia de varios asentamientos no autorizados en Milán contó lo siguiente a Amnistía Internacional:


“Los desalojos nos hacen daño; nos quitan nuestros derechos y nuestra felicidad. La policía nos trata como ladrones; nos grita, nos empuja. Es traumático, mi hijo de ocho años estuvo meses sin hablar después de un desalojo debido a la impresión”.


Según el derecho internacional, los desalojos sólo pueden llevarse a cabo como último recurso, una vez examinadas todas las demás alternativas viables y sólo si se respetan las garantías legales y de procedimiento correspondientes.


Tales garantías incluyen: consulta genuina a las personas afectadas, preaviso apropiado y razonable, vivienda alternativa adecuada e indemnización por todas las pérdidas, garantías sobre cómo se realizarán los desalojos y acceso a recursos y procedimientos legales efectivos, incluida asistencia letrada gratuita si fuera necesaria.


Los gobiernos también deben garantizar que ninguna persona queda sin hogar o expuesta a sufrir otras violaciones de derechos humanos como consecuencia de un desalojo. Hasta la fecha, Italia no ha aprobado y aplicado legislación que prohíba los desalojos forzosos de manera inequívoca, en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos.


“Las autoridades de Milán deben parar de inmediato todos los desalojos forzosos. Tienen obligación de ofrecer alojamiento alternativo adecuado, sin discriminación, a todas las personas desalojadas que no pueden conseguirlo por sus medios; en particular, la oficina del alcalde debe garantizar que se ofrece refugio de emergencia a todas las personas que lo necesitan, sin separar familias” ha señalado Valentina Vitali.


En Milán, el estado de emergencia también allanó el camino al plan acordado por autoridades locales y nacionales para cerrar prácticamente todos los campamentos autorizados que albergan romaníes. El plan está vinculado además a la Exposición Universal que se celebrará en la ciudad en 2015, y ya se han cerrado dos campamentos autorizados debido a proyectos de edificación para este evento internacional.


“Las autoridades milanesas deben suspender y revisar sus planes de cerrar campamentos autorizados para asegurarse de que cumplen estrictamente las normas de derechos humanos. Deben establecer protecciones jurídicas para los afectados, poner en marcha procesos de consulta genuina con ellos y ofrecerles alojamiento alternativo adecuado” ha manifestado Valentina Vitali.


“Seis meses después de asumir el cargo de alcalde de Milán, Giuliano Pisapia aún no ha demostrado que hayan cambiado realmente las cosas para los hombres, mujeres, niños y niñas romaníes que viven en Milán. Para esas personas, poner fin a los desalojos forzosos y a la discriminación, junto al establecimiento de un diálogo significativo en el que se aborden sus condiciones de alojamiento con arreglo a las normas internacionales, significarían un cambio real”.