Ante la noticia de que el presidente Vladimir Putin ha ordenado “operaciones de mantenimiento de la paz” en las denominadas “República Popular de Donetsk” y “República Popular de Luhansk”, en el este de Ucrania, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha afirmado:
“Después de semanas de negociaciones infructuosas, la protección de la población civil de Ucrania debe ser ahora la prioridad absoluta. Aunque la posibilidad de un conflicto a gran escala es ahora una realidad desoladora, no deben escatimarse esfuerzos para reducir al mínimo el sufrimiento de la población civil y dar prioridad a la humanidad en esta crisis. Todas las partes tienen la obligación legal de actuar de este modo”.
“Instamos a todas las partes a atenerse estrictamente al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Deben garantizar la protección de la vida de la población civil y abstenerse de ataques indiscriminados y del uso de armas como municiones de racimo. También pedimos a todas las partes que permitan y faciliten el acceso de las agencias humanitarias para prestar asistencia a la población civil afectada por las hostilidades.
Amnistía Internacional seguirá de cerca la situación para denunciar las violaciones del derecho internacional que cometan todas las partes.”
Información complementaria
Amnistía Internacional ha advertido previamente de los devastadores riesgos para los derechos humanos de un nuevo conflicto armado entre Rusia y Ucrania, entre ellos las amenazas para las vidas, los medios de sustento y las infraestructuras civiles, la posible escasez aguda de alimentos y el desplazamiento masivo. La organización ha documentado el alto precio que supuso para los derechos humanos el conflicto de 2014-2015 en el este de Ucrania, en el que se cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
