Las autoridades rusas han utilizado por primera vez la represiva ley sobre “organizaciones indeseables” para iniciar acciones penales contra la defensora de los derechos humanos Anastasia Shevchenko, que corre el riesgo de ser condenada a seis años de prisión; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional. Esta mañana, Anastasia Shevchenko, coordinadora del movimiento Rusia Abierta (OtkrytayaRossiya), ha sido acusada de “participación reiterada en las actividades de una organización indeseable”. Hasta ahora, las infracciones de esta ley se castigaban con arreglo al derecho administrativo. “En los últimos años, las autoridades rusas han ahogado y criminalizado progresivamente la disidencia. El movimiento Rusia Abierta se ha convertido en la víctima más reciente de esta represión”, ha dicho Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central. “Este nuevo precedente es sumamente preocupante: será el primer enjuiciamiento de una persona defensora de los derechos humanos en virtud del Código Penal por presunta cooperación con 'organizaciones indeseables'. Es evidente que las autoridades están ampliando sus herramientas para encarcelar a personas activistas y defensoras de los derechos humanos; por tanto, si esta práctica se vuelve generalizada, tendrá consecuencias de gran alcance sobre el derecho a la libertad de expresión.”En los últimos días, la policía ha abierto investigaciones criminales y ha llevado a cabo redadas y detenciones de activistas de Rusia Abierta en todo el país. Información complementaria El 21 de enero, la policía asaltó las viviendas de seis activistas de Rusia Abierta, en Rostov del Don (Rusia meridional) y Kazán (Rusia central). Se abrió una investigación criminal sobre Anastasia Shevchenko, coordinadora del movimiento en Rostov del Don. Fue la primera causa penal abierta en aplicación del artículo 284.1 del Código Penal, que establece que la infracción reiterada de la ley sobre “organizaciones indeseables” es constitutiva de delito. El 17 de enero, LiyaMilushkina, coordinadora de Rusia Abierta en Pskov, y su esposo, ArtyomMilushkin, fueron detenidos y acusados de vender drogas, delito punible con hasta 20 años de prisión. Artyom, quien también es activista político, había denunciado anteriormente que, durante su reciente detención en noviembre, los policías habían amenazado con colocarle drogas encima. Amnistía Internacional ha entrevistado a varias personas relacionadas con los Milushkin y todas creen que el proceso penal contra el matrimonio se basa en cargos falsos. Amnistía Internacional ha documentado varios casos de procesamiento de activistas en Rusia por cargos falsos relacionados con drogas, como el defensor de derechos humanos OyubTitiev, que está siendo juzgado en Chechenia. El 18 de enero, la policía emprendió acciones penales contra Yana Antonova, coordinadora de Rusia Abierta en Krasnodar, por publicar un vídeo sobre la escasez de centros escolares en la región. Fue acusada de “participación en las actividades de una organización indeseable”, que se considera falta administrativa cuando se “comete” por primera vez.
