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Preocupaciones de derechos humanos

Londres.- Amnistía Internacional ha venido haciendo campaña a lo largo de los últimos 40 años contra las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Cuba, en particular contra el encarcelamiento de disidentes políticos y periodistas como consecuencia de las duras restricciones impuestas a la libertad de expresión, de asociación y de reunión.

Además, la organización ha expresado su profunda preocupación por las negativas consecuencias del embargo económico impuesto por Estados Unidos para la ciudadanía cubana y su capacidad de ejercer plenamente sus derechos humanos.

Libertad de expresión y de asociación

Duras restricciones a la libertad de expresión y de asociación afectan a miles de personas en toda Cuba.

En Cuba, todos los medios de comunicación impresos y audiovisuales están bajo el control del Estado. Además, el acceso a Internet está gravemente limitado fuera de las oficinas gubernamentales y las instituciones educativas.

Disidentes y detractores del régimen, incluidos periodistas, son a menudo encarcelados y privados de libertad, algunos bajo la acusación de “peligrosidad predelictiva”.
 
En 2006 se observó un aumento de los actos de hostigamiento e intimidación contra periodistas y bibliotecarios independientes.

Entre enero y agosto de 2006, el periodista Guillermo Fariñas protagonizó una huelga de hambre intermitente para obtener acceso a Internet. No lo consiguió.
Armando Betancourt Reina, periodista autónomo, fue detenido el 23 de mayo de 2006 cuando tomaba notas y fotografías de unos desalojos de viviendas en la ciudad de Camagüey. Se lo acusó de alterar el orden público. Según la información recibida, Armando Betancourt estuvo una semana recluido en régimen de incomunicación en la comisaría de policía antes de su traslado a la prisión de Cerámica Roja, en Camagüey, el 6 de junio de 2006.

Presos de conciencia

Al menos 67 presos de conciencia –personal docente, periodistas y defensores de los derechos humanos detenidos por sus actividades pacíficas– permanecen privados de libertad en cárceles de toda Cuba tras haber sido juzgados sin las garantías que exigen las normas internacionales.

Amnistía Internacional está estudiando en la actualidad decenas de casos de presos que también podrían ser considerados presos de conciencia.

Trece personas, entre hombres y mujeres, están cumpliendo pena fuera de la cárcel debido a problemas de salud.

En 2006 se puso en libertad a un preso de conciencia.

Orlando Zapata Tamayo, albañil y fontanero, había sido detenido en La Habana el 20 de marzo de 2003 cuando participaba en una huelga de hambre en la Fundación Jesús Yánez Pelletier para reclamar la liberación de Oscar Biscet y otros presos políticos.

Fue condenado a tres años de cárcel en 2003 por “desprecio a la figura de Fidel Castro”, “desorden público” y “resistencia”. En noviembre de 2005 le fueron impuestos otros 15 años de prisión por “desacato” y “resistencia” en el centro penitenciario. En mayo de 2006 fue enjuiciado de nuevo por los mismos cargos y condenado a una pena adicional de siete años. Actualmente cumple una pena de 25 años y 6 meses de cárcel.

Detenciones arbitrarias
Amnistía Internacional recibe prácticamente a diario informes de disidentes políticos, periodistas independientes y detractores que están siendo detenidos por participar en actividades disidentes o informar sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y enviados a prisión, donde se encuentran en espera de juicio. En algunos casos tienen que esperar durante meses e incluso años, mientras que en otros son juzgados y condenados al cabo de unos días.

El preso de conciencia Julio César López Rodríguez, vicepresidente del Frente Línea Dura y director de una biblioteca independiente, fue detenido el 22 de julio de 2005 cuando trataba de participar en una manifestación pacífica ante la Embajada de Francia. Lleva muchos años haciendo campaña en favor de la reforma política y la defensa de los derechos humanos, y en su biblioteca albergaba libros contra el totalitarismo. Está privado de libertad sin cargos ni juicio.

Reclusión sin cargos ni juicio

Hay decenas de personas en toda Cuba privadas de libertad sin cargos, y en algunos casos sin juicio, por sospecharse su participación en actividades contrarrevolucionarias o bajo acusaciones poco claras.
 
El preso de conciencia Emilio Leyva Pérez, presidente del Frente Línea Dura y delegado de la Asamblea para promover la Sociedad Civil, fue detenido el 13 de julio de 2005 cuando participaba en un acto pacífico celebrado en La Habana. Está privado de libertad sin cargos ni juicio. Con anterioridad fue declarado preso de conciencia tras ser detenido en febrero de 2002. En aquella ocasión estuvo encarcelado sin juicio hasta que lo pusieron en libertad en junio de 2004.

Condenas injustas
Disidentes políticos y detractores a menudo son condenados por un delito de “peligrosidad social”. Se trata de una medida preventiva definida como “la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos”, que persigue toda conducta contraria a la “moral socialista”, como “embriaguez”, “drogadicción” y “conducta antisocial”, aunque se aplica a disidentes políticos, periodistas independientes y detractores. Las personas juzgadas por “peligrosidad” son condenadas a penas de hasta cuatro años de cárcel a pesar de que la ley dispone el tratamiento terapéutico, la reeducación o la vigilancia por parte de la Policía Nacional Revolucionaria.

Alexander Santos Hernández, coordinador nacional de la Alianza Democrática Oriental (ADO) fue detenido el 5 de junio de 2006 y condenado en juicio sumario a cuatro años de cárcel por “peligrosidad social”.

En noviembre de 2004 había cumplido ya una pena de seis meses de prisión por el delito de “desobediencia”, por recoger firmas para el proyecto Varela, cuyo fin era solicitar la celebración de un referéndum nacional sobre la adopción de reformas democráticas.

Acoso e intimidación de disidentes y detractores

En 2006 hubo un aumento de los actos de hostigamiento e intimidación de detractores y disidentes políticos por parte de grupos cuasioficiales en los denominados “actos de repudio”.

Están aumentando los actos de repudio, manifestaciones protagonizadas por simpatizantes del gobierno contra disidentes políticos y detractores. Según éstos, tales actos y manifestaciones se organizan con la complicidad de las autoridades. Amnistía Internacional considera que los actos de repudio podrían equivaler a tortura psicológica dada la tensión que pueden ocasionar a la víctima y a sus familiares. Los informes recibidos indican que también se han producido agresiones físicas en algunos de estos actos.

Juan Carlos González Leiva, presidente de la Fundación Cubana de Derechos Humanos, fue objeto de varios actos de repudio en su domicilio, en la localidad de Ciego de Ávila. Él y su familia fueron repetidamente amenazados por los manifestantes. Lo detuvieron en marzo de 2002 por “desacato”, “desorden público”, “resistencia” y “desobediencia”, y estuvo dos años encarcelado sin juicio. En abril de 2004 fue condenado a cumplir cuatro años de privación de libertad en su domicilio.

Pena de muerte

Cuba mantiene la pena de muerte para delitos muy graves, como los actos de terrorismo, y en los últimos años sólo se ha aplicado en contadas ocasiones.

La última ejecución de que se tuvo noticia fue en abril de 2003, cuando tres jóvenes fueron condenados a muerte por el secuestro de un barco para huir de la isla.
 
Según la información de que dispone Amnistía Internacional, actualmente hay en toda Cuba unas 40 personas condenadas a muerte. Dadas las restricciones de acceso a las actas judiciales y otros documentos oficiales, es difícil establecer el número exacto.  

Amnistía Internacional se opone a la aplicación de la pena capital en cualquier circunstancia por considerar que se trata de un castigo o trato cruel, inhumano o degradante en grado máximo.
 
Consecuencias del embargo estadounidense

Amnistía Internacional ha pedido el levantamiento del embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba, ya que perjudica gravemente la capacidad de la población cubana para disfrutar toda una gama de derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la alimentación, a la salud y a unas condiciones higiénicas, lo cual afecta en particular a los sectores de población más débiles y expuestos.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la disponibilidad de medicamentos y material médico básico ha descendido en Cuba a causa del embargo impuesto por Estados Unidos a la isla.
 
Además, Amnistía Internacional considera que el embargo estadounidense ha menoscabado la libertad de circulación entre Cuba y Estados Unidos y limitado las reunificaciones familiares.