Para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la justicia es el único camino

El gobierno colombiano debe centrar sus esfuerzos en la creación de las condiciones necesarias para que salga a la luz la verdad sobre el homicidio de ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, departamento de Antioquia, cometido el 21 de febrero de 2005, así como sobre otros 150 homicidios y “desapariciones” de miembros de esa comunidad ocurridos durante los últimos ocho años, ha manifestado Amnistía Internacional en respuesta a las declaraciones formuladas recientemente por el presidente Álvaro Uribe, quien acusó a los dirigentes de esta comunidad de colaborar con las fuerzas de la guerrilla. El 20 de marzo, el presidente Uribe acusó a algunos dirigentes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó de ayudar al grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de tratar de obstaculizar el camino de la justicia. También dijo que el ejército penetraría en el territorio de la comunidad dentro de un plazo de 20 días. “Acusar a los miembros de la Comunidad de Paz de colaborar con grupos guerrilleros coloca a esta comunidad en una situación de mayor riesgo frente a la posibilidad de ataques lanzados por paramilitares respaldados por el ejército. Las declaraciones del presidente, así como los comentarios formulados por el ministro de Defensa negando toda responsabilidad del ejército en la matanza de febrero, también suscitan el temor de que el carácter exhaustivo e imparcial que debe tener cualquier investigación de los hechos en torno a esta matanza se vea gravemente vulnerado”, dice Amnistía Internacional. Un testigo presencial de los hechos afirmó que los responsables de la matanza se habían presentado como miembros del ejército colombiano. Según otros testigos, con posterioridad a la matanza los soldados agresores dijeron a algunos vecinos que, si los homicidios no hubieran salido a la luz, habrían matado a más civiles y que las ocho víctimas eran "puro guerrillero muerto". "Es urgente que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales que permitan determinar la identidad de los autores de esta matanza y establecer si el ejército colombiano participó en ella. Esto reviste especial importancia a la vista de que en la zona de San José de Apartadó se habían estado llevando a cabo operaciones militares durante los días precedentes a estos homicidios." Cualquier investigación penal que se lleve a cabo debe encargarse exclusivamente al fuero civil y no al fuero militar, que en reiteradas ocasiones ha abdicado de su responsabilidad de hacer justicia en el caso de miembros de las fuerzas armadas implicados en graves violaciones de derechos humanos, incluso en los casos en que ha habido sólidas presunciones de hecho. Actualmente, sólo dos personas están detenidas por los más de 150 homicidios cometidos durante los últimos ocho años por todas las partes del conflicto armado, pero, principalmente, por paramilitares respaldados por el ejército. El proceso de investigación debe incluir, además, la adopción de medidas encaminadas a garantizar la seguridad de los testigos que presten declaración ante las autoridades judiciales. El presidente Uribe, al afirmar que la Comunidad de Paz no ha colaborado con el sistema de justicia, pasa por alto el hecho de que ella ha mantenido un diálogo constante con los sucesivos gobiernos colombianos sobre la seguridad de sus miembros y en torno a la necesidad de garantizar que se llevan a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales de los numerosos homicidios y “desapariciones” de que ha sido víctima. Ignorando repetidamente el derecho de la población civil a permanecer fuera del conflicto, el gobierno actual ha intentado activamente involucrarla en él. Esta situación expone a las comunidades civiles a ser atacadas por las fuerzas guerrilleras, que han incumplido en reiteradas ocasiones las normas del derecho internacional humanitario que establecen que los participantes en conflictos armados deben distinguir entre combatientes y civiles. "La única manera de garantizar la protección a largo plazo de los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó es poner fin a la impunidad que ha protegido a los responsables de abusos y violaciones de derechos humanos contra ellos. Información complementaria Durante sus ocho años de existencia, los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó han venido insistiendo en que las partes en conflicto deben respetar el derecho que les asiste, como civiles, a no ser involucrados en las hostilidades. A estos efectos, han insistido en que los combatientes deben permanecer fuera de las zonas en las que viven y cultivan la tierra. Las fuerzas de seguridad y altos cargos del gobierno y funcionarios públicos han respondido a estos pedidos acusando a la comunidad de subversión. Por su parte, las FARC han interpretado la negativa de la comunidad a colaborar con ellas como una forma de colaboración con sus enemigos. De modo creciente, los civiles se han visto arrastrados al conflicto contra su voluntad, ya que tanto los guerrilleros como las fuerzas gubernamentales y sus aliados paramilitares exigen su apoyo y colaboración. Por más involuntario que hubiera sido, el apoyo a una de las partes los ha hecho blanco frecuente de las represalias de la otra parte. Para asegurar su distanciamiento del conflicto, algunas comunidades se han organizado para exigir que las partes del conflicto respeten su derecho a no tomar partido y el derecho a la vida que les asiste como civiles. Algunas de estas comunidades se han declarado “Comunidades de Paz”, prometiendo que sus miembros no portarán armas ni proporcionarán información o apoyo práctico a ninguna de las partes. A cambio de ello, exigen que las partes en conflicto no traspasen los límites geográficos de la comunidad y respeten su derecho a la vida, su condición de civiles y su decisión de no participar en el conflicto ni colaborar con ninguno de sus protagonistas. En el año 2000, el gobierno acordó crear una comisión especial de investigación judicial encargada de investigar el homicidio y “desaparición” de miembros de la Comunidad de Paz y asegurar que los responsables sean llevados ante los tribunales, pero se han hecho escasos avances al respecto. Los testigos que han prestado declaración ante la Comisión han sido, a su vez, víctimas de actos de intimidación y graves violaciones de derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad y, asimismo, otras personas que han denunciado violaciones de derechos humanos han sido objeto de intimidación. El 15 de abril de 2004, la Corte Constitucional concedió una “acción de tutela” (mandato judicial para la protección de derechos fundamentales) en favor de la Comunidad de Paz. La Corte instó al Estado colombiano a garantizar la seguridad de la Comunidad de Paz de conformidad con la decisión adoptada en el año 2000 y reiterada en el año 2004 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó la adopción de “medidas provisionales de protección” de la Comunidad de Paz. En las resoluciones de la Corte se establece que el gobierno colombiano debe tener en cuenta la posición de la comunidad al poner en ejecución estas medidas provisionales. Amnistía Internacional insta al gobierno colombiano a que respete plenamente los términos de las medidas provisionales de protección ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y garantice, de conformidad con las mismas, que las autoridades del país no adoptarán medida alguna que pueda involucrar aún más a los habitantes de la Comunidad de Paz en el conflicto que se libra en Colombia. En 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exhortó al gobierno colombiano a “que adopte, sin dilación, cuantas medidas sean necesarias para asegurar que las personas beneficiadas con las presentes medidas puedan seguir viviendo en su residencia habitual” y a “que dé participación a los peticionarios en la planificación e implementación de las medidas [provisionales de seguridad]”. La decisión de ordenar la adopción de medidas provisionales de protección en favor de la Comunidad de Paz se produjo tras recibir la Corte un escrito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de fecha 3 de octubre de 2000 en el que se manifestaba que debe respetarse el pedido de la Comunidad de Paz de que los combatientes permanezcan fuera de la zona en la que viven: “Que las medidas de protección sean acordadas de común acuerdo entre el Estado y los miembros de la Comunidad y los peticionarios. En este sentido, y con el fin de asegurar su efectividad y pertinencia, debe tenerse en consideración la compatibilidad de las medidas de seguridad ofrecidas con el carácter de la experiencia de la Comunidad de Paz, dado que la protección personal y armada de estas personas puede poner en peligro los principios de neutralidad colectiva y zona humanitaria que informan su propia existencia y generar respuestas violentas por parte de los actores armados de la región”. En una declaración difundida el 22 de marzo, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al Estado colombiano que adoptara todas las medidas necesarias para proteger a los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, conforme a las medidas provisionales decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.