Varias organizaciones de la sociedad civil se dirigen a la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF), con sede en Bruselas, para solicitar la apertura de una
investigación en relación con la posible utilización de Fondos Europeos por parte del
Estado español en actuaciones que podrían vulnerar los derechos humanos en la
frontera sur, relacionadas con acciones violentas perpetradas por las fuerzas policiales,
tanto marroquíes como espanolas, contra las personas que intentan acceder al territorio
europeo y que tienen como consecuencia la vulneracion del derecho a la vida y a la
integridad física y la falta de acceso al procedimiento de proteccion internacional y la
vulneracion del principio de no devolucion.
En concreto se hace referencia a los fondos utilizados por Espana para ejecutar la llamada
política de lucha contra la inmigracion irregular –Fondo de Seguridad Interior (FSI) y al
Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras y la Política de Visados (IGFV)–
y su posible relacion con actuaciones violentas y desproporcionadas perpetradas por las
fuerzas policiales que pudieron tener como consecuencia la muerte, las lesiones y la
devolucion ilegal de las personas migrantes y refugiadas, como las que tuvieron lugar en
Melilla el pasado 24 de junio.
Senalamos asimismo la inadecuada constitucion y composicion del mecanismo de vigilancia
sobre el uso de los Fondos, la falta de transparencia sobre su gestion y ejecucion así como la
limitada participacion de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al ambito
migratorio.
Entendemos que la OLAF tiene competencia para entrar a analizar esta situacion y
determinar el posible incumplimiento de la normativa por la falta de respeto a la Carta de
Derechos Fundamentales de la UE, la falta de transparencia y por no disponer, adema s, de la
adecuada constitucion de los mecanismos previstos para la monitorizacion del uso de los
Fondos.
Organizaciones firmantes:
Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía,
Asociación Pro-Derechos Humanos de España, Comisión Española de Ayuda al Refugiado
(CEAR), Iridia-Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Stop Mare Mortum y Red
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