Londres-. Amnistía Internacional ha acusado hoy al gobierno sudanés de retener a cientos de personas, entre las que hay mujeres y un niño de nueve meses, sin cargos ni acceso a asistencia letrada mientras se prepara para juzgar a otras 109 en parodias de tribunales por el atentado terrorista perpetrado el 10 de mayo por el Movimiento Justicia e Igualdad.
Siguen sin conocerse la suerte y el paradero de la mayoría de las personas que continúan recluidas en Jartum por el ataque del 10 de mayo. Aún no se sabe nada de muchas de ellas y Amnistía Internacional ha recibido informes de tortura y malos tratos de personas que fueron puestas en libertad. La organización teme que quienes siguen detenidos corran grave peligro de sufrir torturas o desaparición forzada.
La campaña de Amnistía Internacional comenzó cuando 8 presuntos miembros del Movimiento Justicia e Igualdad fueron condenados a muerte ayer por los sudaneses, en juicios que no cumplieron las normas internacionales sobre garantías procesales. La condena eleva a 38 el número de personas condenadas a muerte en relación con el ataque del 10 de mayo.
“Los Tribunales Especiales Antiterroristas de Sudán no son más que una parodia de justicia”, ha dicho Tawanda Hondora, director adjunto del Programa Regional para África de Amnistía Internacional. “Algunas de las personas condenadas ayer vieron a sus abogados por primera vez durante el juicio, mientras que varias afirmaron que las torturaron mientras estaban recluidas en régimen de incomunicación y las obligaron a confesarse culpables.”
“Esos juicios fueron claramente injustos y ahora Sudán se prepara para juzgar a más personas con este sistema. ¿Es eso justicia?”, ha dicho Tawanda Hondora.
Uno de los abogados de los condenados el 17 de agosto dijo a Amnistía Internacional que el tribunal había rechazado su petición de que se examinaran las denuncias de tortura y malos tratos de su cliente, incluida la petición para que se le realizara un examen médico, a pesar del hecho de que cuando comparecieron ante el juez los acusados “presentaban claras señales de malos tratos en sus cuerpos”.
Los abogados defensores han recurrido todos los veredictos en el limitado plazo que permiten los Tribunales Especiales. La decisión final, que se espera para las próximas semanas, deberá ser tomada por un Tribunal Especial de Apelaciones. A partir de entonces, el presidente tendrá que sancionar con su firma la decisión para que se lleven a cabo las ejecuciones.
“El gobierno sudanés tiene la obligación de investigar los delitos y poner a sus autores a disposición judicial, pero debe hacerlo de acuerdo con las leyes internacionales y su propia Constitución, que garantiza juicios justos”, ha dicho Tawanda Hondora. “Instamos a las autoridades sudanesas a que no ejecuten a estos hombres y revisen de inmediato sus causas, con arreglo a las leyes de Sudán”.
Amnistía Internacional ha instado también a las autoridades sudanesas a que revelen el paradero de todas las personas recluidas en el marco de la investigación de los sucesos del 10 de mayo y a que presenten cargos contra ellas sin demora o las pongan en libertad de inmediato. La organización también pide que todos los detenidos accedan de forma regular a sus abogados y familiares y que se les facilite la atención médica adecuada.
Información complementaria El 10 de mayo de 2008, el Movimiento Justicia e Igualdad lanzó un ataque en las afueras de Jartum.
En las semanas siguientes al ataque cientos de personas fueron detenidas por la policía y las fuerzas de seguridad sudanesas. Amnistía Internacional recibió informes de ejecuciones extrajudiciales durante las oleadas de detenciones.
El 29 de mayo se crearon los Tribunales Especiales Antiterroristas para juzgar a personas acusadas de participar en el ataque de Jartum. El veredicto del 17 de agosto es el cuarto dictado por estos tribunales.
