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No debe permitirse que ejerzan el poder los perpetradores de abusos contra los derechos humanos condenados por la justicia

Al menos ocho personas condenadas por cometer abusos contra los derechos humanos o sobre las que pesan acusaciones formales en relación con estos delitos están libres en Haití y deben comparecer de inmediato ante los tribunales de justicia, dice un nuevo informe de Amnistía Internacional.

 

Louis Jodel Chamblain y Jean Pierre Baptiste (conocido como “Jean Tatoune”), condenados por abusos contra los derechos humanos, encabezan las fuerzas rebeldes que se mueven con libertad en Puerto Príncipe. Amnistía Internacional ve con honda preocupación el hecho de que las fuerzas internacionales presentes en Haití hayan permitido que las fuerzas rebeldes, dirigidas por individuos que han perpetrado abusos contra los derechos humanos en el pasado, tomaran el control efectivo de parte de la capital. La organización teme que estas fuerzas puedan unirse a ex asociados militares o paramilitares que, hasta su fuga de la Penitenciaría Nacional, de la que se informó el domingo, estaban encarcelados por abusos contra los derechos humanos.

 

«La Fuerza Multinacional Provisional debe garantizar la seguridad de los funcionarios policiales y judiciales, los testigos y los defensores de los derechos humanos que participaron en su momento en los esfuerzos para llevar a estos perpetradores ante la justicia, ya que todos ellos corren peligro de convertirse en víctimas de actos de represalia», dice Amnistía Internacional.

 

Además, la organización ha reiterado sus llamamientos para que se excluya a estos dos líderes rebeldes y a cualquier otro individuo que haya participado en graves abusos contra los derechos humanos de todo cargo público en cualquier estructura de gobierno que se establezca en Haití y ha recordado a la comunidad internacional que cualquier intento de conferir el indulto a los que han cometido abusos contra los derechos humanos recientemente o en el pasado sería inadmisible y constituiría una violación de las normas internacionales de derechos humanos.

 

«La conveniencia política no debe dictar que se permita que los autores de homicidios ilegítimos, tortura u otros abusos queden impunes», señala la organización.

 

«El hecho de que las matanzas, las ejecuciones extrajudiciales y los actos de tortura que les valieron el procesamiento hayan tenido lugar hace varios años no elimina la necesidad de hacer rendir cuentas de sus actos a los perpetradores. El hecho de que se haya omitido hacerlo en el pasado ha contribuido a la violencia presente.»

 

De acuerdo con informes aparecidos en la prensa internacional, el líder rebelde Guy Phillippe ha manifestado su confianza en que sus fuerzas tendrán un papel destacado e influyente en la vida pública del país. Causan preocupación los informes que indican que algunos dirigentes de la oposición política haitiana han indicado que están dispuestos a negociar con los individuos condenados por abusos contra los derechos humanos que forman parte del grupo de líderes rebeldes con el fin de llegar a un acuerdo político.

 

«De ocurrir, esto tendría repercusiones devastadoras para la posibilidad de establecer un Estado de derecho real y duradero en Haití. Los juicios en los que se condenó a estas personas infundieron en la población haitiana la esperanza de que, por primera vez en la historia del país, se pudiera romper de una vez por todas el círculo vicioso de la violencia política. Ahora esa esperanza se ha visto defraudada», subraya Amnistía Internacional.

 

Amnistía Internacional insta a la comunidad internacional, por medio de su Fuerza Multinacional Provisional, a que adopte de inmediato las siguientes medidas con vistas a responder a la amenaza que plantean estos individuos para el Estado de derecho en Haití:

 

— La Fuerza Multinacional Provisional debe tomar medidas urgentes para garantizar que los conocidos autores de abusos contra los derechos humanos que tienen sentencias o cargos pendientes serán puestos bajo custodia y llevados antes las autoridades judiciales haitianas. Los fugados deben ser llevados de vuelta a la prisión, y los condenados in absentia , que, conforme a la legislación haitiana, pueden volver a ser juzgados, deben quedar bajo custodia hasta que se celebre el nuevo juicio.

 

— La Fuerza Multinacional Provisional debe adoptar medidas inmediatas para desarmar a los grupos rebeldes y a las bandas armadas partidarias del ex gobierno, a fin de reducir al mínimo el riesgo de abusos contra los derechos humanos.

 

— La comunidad internacional debe dar prioridad a las medidas para garantizar que bajo ninguna circunstancia se confiere a personas condenadas por graves abusos contra los derechos humanos o presuntamente involucradas en ellos ningún tipo de autoridad pública, ya sea en un gobierno provisional o en el seno de las fuerzas de seguridad, autoridad que podrían usar para cometer más abusos.

 

— La Fuerza Multinacional Provisional debe tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de todos los funcionarios policiales y judiciales, los testigos y los defensores de los derechos humanos que han participado en los esfuerzos para llevar ante la justicia a los autores de abusos contra los derechos humanos.

 

— La Fuerza Multinacional Provisional debe dar pasos para proteger los archivos policiales y judiciales relativos a abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado.

 

— No debe permitirse ninguna medida de indulto para los autores de abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado o recientemente.

 

— A más largo plazo, la comunidad internacional debe proporcionar asistencia al sistema judicial de Haití a fin de que pueda someter a juicio a todas las personas acusadas de participar en la comisión de abusos contra los derechos humanos.