Las autoridades del estado nigeriano de Lagos deben anular de inmediato los planes de demolición de todas las estructuras en situación irregular de las comunidades ribereñas del estado dentro de tres días, medida que dejaría a decenas de miles de personas sin hogar y en la indigencia, ha manifestado Amnistía Internacional hoy. Decenas de miles de personas que viven en asentamientos situados en zonas ribereñas, la mayoría de los cuales son comunidades pesqueras pobres, corren riesgo de desalojo forzoso. La causa de ello son los planes concebidos por las autoridades de Lagos para demoler las estructuras en situación irregular con el fin de mejorar la seguridad, dado el aumento de los secuestros en el estado. El derecho internacional prohíbe a las autoridades nigerianas utilizar los desalojos forzosos como medida punitiva. “Aunque el Gobierno tenga que abordar la cuestión de los secuestros, destruir los hogares de la gente y desalojar a la fuerza de sus viviendas a decenas de miles de personas no será nunca una solución legítima”, ha señalado Morayo Adebayo, investigador de Amnistía Internacional sobre Nigeria. “Mucha gente de estos asentamientos se gana la vida en las riberas de la laguna de Lagos o sus inmediaciones y se enfrenta ahora a un futuro terriblemente incierto". “Al intentar echar a los habitantes de las riberas avisándoles sólo una semana antes, sin una verdadera consulta previa y sin planes de indemnización o vivienda alternativa, las autoridades de Lagos están violando sin reparos el derecho internacional de los derechos humanos. Instamos a las autoridades de Lagos a que detengan de inmediato su plan de desalojar a la fuerza a las comunidades ribereñas de todo el estado". Al día siguiente del anuncio del gobernador, Amnistía Internacional habló con el baale (gobernante tradicional) de la comunidad pesquera de Illubirin, Peter Simenou, quien contó: “Ayer vino el gobernador y nos dijo que teníamos que irnos de aquí dentro de siete días. Así que le respondimos que [...] somos pescadores; no tenemos ningún sitio donde ir. Dijo que nos había dicho todo lo que había venido a decir, y no dijo nada más". Amnistía Internacional pide al Gobierno de Lagos que detenga sus planes de demolición de las estructuras en situación irregular de las zonas ribereñas de todo el estado y garantice que no se utilizan los desalojos forzosos como medida punitiva ni como instrumento para hacer cumplir la ley. Incluso en las situaciones en que los desalojos se consideran justificados, los gobiernos están obligados a garantizar que se llevan a cabo cumpliendo estrictamente el derecho internacional, incluidos los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Los gobiernos deben tener en cuenta todas las alternativas posibles a los desalojos, en consulta con todas las personas afectadas. Toda persona afectada por un plan de desalojo debe recibir el debido aviso por escrito y con antelación razonable. También deben respetarse otras salvaguardias del proceso debido, como el ofrecimiento de recursos judiciales y de indemnización. Los gobiernos tienen que garantizar que ninguna persona se queda sin hogar y proporcionar otro alojamiento adecuado a quienes no tengan medios de sustento. "Es increíble que Lagos no tenga todavía una ley que prohíba los desalojos forzosos y garantice el derecho a la vivienda. Las autoridades de Lagos deben establecer una suspensión de los desalojos masivos hasta que cuenten con un reglamento con que garantizar que éstos cumplen las normas internacionales”, ha afirmado Morayo Adebayo.
