Un fuerte incremento en el uso de la pena de muerte en Irak ha elevado el número de ejecuciones conocidas a un máximo histórico en los diez añostranscurridos desde el derrocamiento de Sadam Husein en 2003, con la ejecución ayer de al menos siete presos, lo que hace temer que muchos más presos en espera de ejecución estén en peligro, ha dicho Amnistía Internacional.
“El aumento del uso de la pena de muerte en Irak, a menudo tras juicios injustos en los que muchos presos denuncian haber sido torturados para conseguir su confesión, es un vano intento de resolver los graves problemas de seguridad y justicia del país”, ha dicho Phillip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Para proteger mejor realmente a la población civil de los ataques de grupos armados, las autoridades iraquíes deben investigar eficazmente los abusos y poner a sus responsables en manos de la justicia en un sistema justo y sin recurrir a la pena de muerte.” Al menos 132 personas han sido ejecutadas en Irak en lo que va de año, la cifra más elevada desde que el país reinstauró la pena capital en 2004. Sin embargo, la verdadera cifra podría ser mayor y las autoridades iraquíes aún no han publicado estadísticas completas.
Anteriormente, sólo en 2009 (al menos 120 ejecuciones) y en 2012 (al menos 129) fueron comparables las cifras de ejecuciones conocidas con el total de 2013 a falta de más de un mes para terminar el año.
“El fuerte aumento observado en las ejecuciones en 2012 no ha hecho más que empeorar en 2013. El gobierno parece negarse a aceptar que la pena de muerte no sirve de nada para impedir los ataques de grupos armados contra la población civil en Irak ni otros graves abusos contra los derechos humanos", ha dicho Phillip Luther.
A menudo se dictan penas de muerte tras juicios sumamente injustos, en los que los presos no tienen acceso a representación letrada adecuada, y las “confesiones” de delitos suelen extraerse mediante tortura y otros malos tratos.
En declaraciones recientes anunciando la ejecución de 23 presos en septiembre y de 42 en octubre, el Ministerio de Justicia iraquí afirma engañosamente que todas las condenas a muerte son revisadas y confirmadas por el Tribunal de Casación antes de llevarse a efecto.
Pero el Tribunal de Casación no suele abordar la cuestión de la admisión por los tribunales de pruebas controvertidas –incluidas “confesiones” que los acusados han retirado y denuncias de coacción y tortura– al confirmar las condenas a muerte en la fase de revisión. El procedimiento de casación, en general puramente burocrático, no ofrece a los acusados una verdadera revisión.
“Para que la justicia prevalezca en Irak, las autoridades tienen aún mucho que hacer para abordar las deficiencias de su sistema de justicia penal, investigar denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia y, cuando proceda, permitir nuevos juicios que cumplan plenamente las normas internacionales sobre juicios justos”, ha dicho Phillip Luther.
“Las autoridades iraquíes deben abandonar su dependencia de la pena de muerte declarando la suspensión inmediata de las ejecuciones como primer paso, y conmutando todas las penas de muerte por penas de prisión.” Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte, la forma extrema de castigo cruel, inhumano y degradante, en todos los casos sin excepción, por ser una violación del derecho a la vida.
