Amnistía Internacional siente preocupación por que al menos 82 personas de una madrasa (escuela religiosa) pueden haber sido ejecutadas extrajudicialmente en un ataque aéreo al amanecer del 30 de octubre en Bajaur, una zona tribal designada cerca de la frontera con Afganistán. No parece haberse hecho ningún intento de detener a las víctimas, descritas por el general de división Shaukat Sultan, portavoz del ejército, como 70 u 80 “extremistas” que estaban “adiestrándose y aprendiendo tácticas terroristas” en la madrasa. Los habitantes de la zona dicen que las víctimas eran líderes religiosos y estudiantes de la escuela, muchos de ellos menores de 18 años. Los corresponsales afirman que entre los fallecidos había niños de tan sólo seis años. Los habitantes de la zona han declarado que el ataque inicial se llevó a cabo con aviones teledirigidos no tripulados; afirman haber oído fuertes explosiones y haber observado la destrucción de la madrasa. A esto le siguió, unos 20 minutos después, la aparición de dos helicópteros artillados que dispararon cohetes contra la zona. Según los informes, los residentes afirman haber visto aviones teledirigidos sobrevolando el pueblo en los días previos al ataque. El portavoz del ejército paquistaní, Shaukat Sultan, negó la participación de Estados Unidos en el ataque aéreo, y declaró que había sido llevado a cabo por helicópteros artillados paquistaníes que atacaron el recinto de la madrasa, sometido a vigilancia desde hacía un tiempo. Un portavoz del ejército estadounidense en Afganistán negó también la participación de Estados Unidos en el ataque aéreo. Amnistía Internacional desea recordar a las autoridades paquistaníes que, si estos homicidios fueron deliberados y se llevaron a cabo sin un intento previo de detener a presuntos delincuentes, sin previo aviso, sin que los sospechosos ofrecieran resistencia armada y en circunstancias en las que los sospechosos no constituían una amenaza inmediata para las fuerzas de seguridad, entonces los homicidios se consideran ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional de los derechos humanos. En virtud del derecho y de las normas internacionales de derechos humanos, todo ser humano tiene el derecho inherente a la vida. La privación arbitraria de la vida –lo cual incluye las ejecuciones extrajudiciales– es siempre ilegal, y no puede invocarse circunstancia alguna –como guerra o emergencia pública– para justificarla. Todas las denuncias de ejecuciones extrajudiciales deben ser investigadas de forma inmediata e imparcial, con el fin de llevar ante la justicia a los responsables de ordenarlas y llevarlas a cabo. En virtud de las normas internacionales de derechos humanos, las fuerzas de seguridad sólo pueden usar armas de fuego cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro de cualquier otra forma la vida de otras personas, y siempre que no baste con medidas menos extremas para reducir o aprehender al presunto delincuente. Se ha informado de que el ejército ha impedido la entrada a la zona a los periodistas que han tratado de acceder a ella. A consecuencia de ello, no se han podido transmitir informaciones independientes desde la zona afectada. Información complementaria Desde 2003, el ejército paquistaní mantiene en la frontera con Afganistán una operación de seguridad en la que participan unos 80.000 soldados. Con ella pretenden eliminar a los combatientes que han cruzado desde Afganistán y ganarse a sus simpatizantes locales. En el pasado, las autoridades gubernamentales paquistaníes han afirmado que la operación en curso en las zonas tribales de Pakistán es una operación de seguridad respaldada por el ejército, no una operación militar. En un reciente informe titulado Pakistán: Los derechos humanos no cuentan en la “guerra contra el terror”, Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por el uso de fuerza excesiva y letal en la operación de seguridad y ha pedido al gobierno que garantice que todos los casos de posible ejecución extrajudicial se investigan de forma inmediata e independiente, y que los responsables comparecen ante la justicia.
Más de 80 personas víctimas de posible ejecución extrajudicial en Bajaur
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