En su Informe Anual 2009, publicado el pasado 28 de mayo, Amnistía Internacional ha constatado cómo los casos de tortura y malos tratos durante el año 2008 y los primeros meses de 2009 se produjeron de forma generalizada en todas la regiones del mundo. 107 países, de los 157 que analiza la organización han practicado tortura y malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad, la policía y otras autoridades del Estado. Esto significa que, pese a la prohibición universal de la tortura, en más del 50 por ciento de los países del mundo se han aplicado estas prácticas. Una cifra que se sitúa en el 79 por ciento cuando nos referimos a los países que integran el G-20. “Con demasiada frecuencia, las víctimas siguen indefensas porque sufren un sistema de justicia que no exige rendición de cuentas a los responsables, y no cuentan con acceso inmediato a representación letrada. En muchas ocasiones, los fiscales no emprenden investigaciones, las víctimas tienen miedo a ser objeto de represalia si denuncian, y las penas que se imponen a los agentes declarados culpables son muy leves. El resultado es que en muchos lugares se ha perpetuado una cultura de impunidad”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. En países de África como Camerún, Chad, la República Centroafricana, Sudán o Sierra Leona hubo una amplia variedad de violaciones de derechos humanos como la brutalidad policial, el uso de fuerza excesiva y numerosos casos de detención arbitraria y prolongada sin cargos. Muchas personas fueron torturadas o sufrieron otras formas de malos tratos y también se recibieron informes de ejecuciones extrajudiciales. En Zimbabue, 23 activistas políticos y de derechos humanos sufrieron desaparición forzada y luego fueron recluidos por la policía entre octubre y diciembre de 2008. Fueron torturados bajo custodia y algunos por ello siguen recibiendo tratamiento médico. Todos menos tres obtuvieron la libertad bajo fianza en febrero y marzo de 2009. En América, algunos Gobiernos cerraron los ojos ante las denuncias de torturas y homicidios ilegítimos e intentaron justificar los abusos diciendo que eran necesarios en el actual clima de inseguridad pública. Apenas hubo comisiones independientes de investigación y sigue preocupando el trato dado a los más de 200 detenidos que continúan en la base estadounidense de Guantánamo. En México, los homicidios ilegítimos, las torturas, el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias por parte de la policía fueron generalizados. Se adoptaron medidas para crear una policía federal única con mayores atribuciones en materia de investigación, pero no se pusieron en marcha iniciativas importantes para reforzar la rendición de cuentas de la policía. Las investigaciones sobre casos emblemáticos recientes como las torturas y otros malos tratos a decenas de manifestantes en Guadalajara en 2004, las torturas –incluida violación– de al menos 26 detenidas en San Salvador Atenco en mayo de 2006, y las decenas de casos de torturas, detenciones arbitrarias y homicidios ilegítimos registrados durante la crisis política de Oaxaca en 2006 y 2007 apenas arrojaron resultados positivos. En Asia y Oceanía la organización también ha documentado diferentes casos de tortura, tanto a manos del Estado como de grupos armados. En China, tras los disturbios de marzo de 2008, las zonas habitadas por población tibetana continuaron totalmente cerradas al escrutinio exterior. Salvo los primeros días, las protestas fueron fundamentalmente pacíficas. Sin embargo, se recibieron informes de tortura y otros malos tratos a personas detenidas, que en algunos casos les acarrearon la muerte. El Comité contra la Tortura criticó la práctica policial de efectuar automáticamente un registro corporal de todas las personas detenidas. Según cifras oficiales, entre julio y septiembre la policía realizó más de 1.600 registros corporales en los que se obligó a los detenidos a desnudarse. El Comité instó a que se limitasen los registros corporales a aquellos casos en que estuviesen claramente justificados. En Europa y Asia Central, Estados como Italia, Dinamarca, Alemania y Reino Unido se conformaron con recibir «garantías diplomáticas» de terceros países, por muy imposibles de cumplir que fueran, y utilizarlas como justificación para expulsar a presuntos terroristas a países donde corrían peligro real de tortura y otros malos tratos. En Francia, Amnistía Internacional denunció en abril de 2009 que continuaron los malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La mayoría de las denuncias afectaban a ciudadanos franceses de minorías étnicas o a ciudadanos extranjeros. Ni los órganos encargados de hacer cumplir la ley, ni las autoridades judiciales investigaron esas denuncias de acuerdo con las normas internacionales. La discrepancia entre el número de denuncias presentadas y el número de sanciones disciplinarias impuestas plantearon dudas sobre la minuciosidad e imparcialidad de las investigaciones. Lo que contribuyó a consolidar el clima de impunidad. En Oriente Medio y Norte de África uno de los principales objetivos de las prácticas de tortura fue obtener confesiones. Se celebraron juicios de opositores al Gobierno ante tribunales que no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos. El poder desmesurado de los servicios de seguridad e inteligencia, se hizo sentir en toda la región. Esta policía secreta tenía permiso para detener a sospechosos, interrogarlos y, en muchos casos, someterlos a tortura y otros malos tratos con impunidad. En Israel y Territorios Ocupados, aumentaron los informes sobre tortura y otros malos tratos infligidos por el Servicio General de Seguridad, especialmente durante interrogatorios de palestinos sospechosos de planear o efectuar ataques armados. En los informes se mencionaban métodos como atar a los detenidos en dolorosas posturas en tensión durante largos periodos, impedirles dormir y amenazarlos con causar daño a sus familias. Eran comunes las palizas y otros malos tratos en el momento de la detención y posteriormente, así como durante los traslados del detenido de un lugar a otro. Los jueces de los tribunales militares israelíes raras veces ordenan investigaciones sobre estas denuncias y no hay noticia de ningún procesamiento de agentes del Servicio General del Seguridad por torturas a palestinos.
Acciones de Amnistía Internacional Amnistía Internacional lleva años denunciando cómo la política de Estados Unidos y sus aliados en la “guerra contra el terror” con la práctica de reclusiones secretas, desapariciones forzadas y torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes ha contribuido a legitimar el uso de la tortura, garantizando su impunidad, pese a que el derecho internacional prohíbe absolutamente estas prácticas, incluso durante un estado de guerra o excepción. Aunque el presidente Barack Obama está tomando medidas para cerrar Guantánamo y para garantizar que Estos Unidos no recurra a la tortura, reconociendo el uso de estas prácticas por la CIA entre 2002 y 2005 al desclasificar cuatro memorandos del Departamento de Justicia, Amnistía Internacional se ha dirigido tanto al Gobierno de Estados Unidos, como a otros ejecutivos para pedir que se pongan en marcha medidas efectivas que acaben con la impunidad de los responsables de la tortura y malos tratos. Por ello, y con ocasión del Día contra la Tortura, la organización se ha movilizado para pedir a:
- Estados Unidos, que cree una comisión efectiva que investigue de acuerdo a los estándares internacionales el régimen de detención aplicado por la administración estadounidense desde el 11 de septiembre de 2001.
- Arabia Saudí, que libere inmediatamente y sin condiciones a 7 activistas, considerados presos políticos por la organización, que demandaban pacíficamente cambios políticos y respeto de los derechos humanos, a los que se acusa de terrorismo. Igualmente la organización pide la liberación, a menos que sean sometidos a un juicio justo, de Hamad Al-Neyl Abu Kassawy, Mahmoud Ahmed Al Sheikn, Ahmad Abbas ‘Ahmad Mamad, todos ellos acusados de terrorismo. Todos estos detenidos corren riesgo de sufrir malos tratos y tortura.
- Polonia, que se garantice que la investigación que están llevando a cabo desde 2008 la Fiscalía General sobre la participación de Polonia en el programa de detención secreta de la CIA sea imparcial, transparente y efectiva.
- España, que ponga fin al régimen de incomunicación que puede durar hasta 13 días sin acceso a abogado, a la familia, o a un médico, régimen bajo el cual fue presuntamente torturado Mohammed Fahsi, detenido en Barcelona en 2006, y que se investiguen estas denuncias. Tres años después no se ha abierto ninguna investigación. Se solicitó la apertura de investigaciones al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía de Madrid, pero ambos organismos respondieron que no había razones para ello.
