Las autoridades marroquíes están intensificando la represión de las voces críticas con una nueva oleada de detenciones arbitrarias y procesamientos de personas –entre ellas un periodista y varios raperos y youtubers–, llevadas a cabo en muchos casos únicamente por criticar al rey o a otras autoridades.
Amnistía Internacional ha documentado los casos de al menos 10 activistas que han sido sometidos ilícitamente a detención, interrogatorio y severas condenas de prisión desde noviembre. Cuatro de ellos han sido acusados de "ofender" o "insultar" al rey o la monarquía, una de las tres “líneas rojas” impuestas a la libertad de expresión en Marruecos. Los 10 han sido acusados de “ofender” a autoridades o instituciones públicas, acto tipificado como delito en el Código Penal marroquí.
El concepto de “línea roja” de las autoridades marroquíes es esencialmente una prohibición de las críticas al monarca o la instituciones públicas, que se está utilizando con renovado entusiasmo contra artistas y activistas pacíficos. Youtubers, raperos y periodistas se enfrentan ahora a largas penas de prisión, impuestas con arreglo a leyes represivas”, ha señalado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Es necesario que las autoridades reformen con urgencia el Código Penal marroquí, que contiene innumerables disposiciones que criminalizan la libertad de expresión y son utilizadas ilícitamente para eliminar la disidencia en el país.”
Entre noviembre de 2019 y enero de 2020, 9 de los 10 activistas fueron condenados a crueles penas de entre seis meses y cuatro años de prisión.
El 1 de diciembre, la policía de Settat detuvo al bloguero Mohamed Sekkaki, conocido como Moul El Kaskita, quien unos días antes había publicado en YouTube un vídeo donde se criticaba al rey y la imposición de un nuevo impuesto a los usuarios de este sitio web. El tribunal de Settat lo condenó a cuatro años de prisión y al pago de 40.000 dírhams (alrededor de 4.000 dólares) en virtud únicamente de disposiciones del Código Penal que penalizan “insultar al rey” y “ofender a autoridades públicas”. La vista de su recurso de apelación está prevista para el 11 de febrero.
El 5 de diciembre, la policía detuvo en Raba de al influencer de YouTube Omar Ben Boudouh, conocido también como Moul El Hanout, por ofender a "autoridades e instituciones públicas" e "incitar al odio". Amnistía Internacional ha examinado el informe del interrogatorio de Boudouh, que muestra en gran medida que fue detenido con arreglo a cargos falsos por expresar sus opiniones. El 7 de enero, fue condenado a tres años de prisión, por lo que desde entonces está en huelga de hambre en la prisión de Tifelt, donde se halla recluido.
Otro influencer y youtuber, Youssef Moujahid, fue detenido el 18 de diciembre y acusado de "ofender a autoridades e instituciones públicas" e "incitar al odio". La causa contra él se sumó a la de Boudouh, porque publicaba en su página, "Nhabek ya Maghribe", vídeos con comentarios sobre declaraciones de éste. La vista de sus recursos de apelación está prevista para el 12 de febrero.
El 17 de diciembre, el Tribunal de Primera Instancia de Mequinez condenó a Ayoub Mahfoud, estudiante de secundaria de 18 años, a tres años de prisión y al pago de 5.000 dírhams (alrededor de 500 dólares) por unos comentarios publicados en las redes sociales. Fue acusado de “ofender” a las autoridades e instituciones públicas. El 16 de enero quedó en libertad provisional, a la espera de la vista de su recurso de apelación, que está fijada para el 30 de marzo.
El 26 de diciembre fue detenido también un periodista, Omar Radi, por un tuit suyo en el que se criticaba el sistema judicial por haber confirmado la sentencia contra los manifestantes del movimiento Hirak del Rif. Quedó en libertad a los pocos días, a la espera de su próximo juicio, el 5 de marzo de este año.
Omar Radi ha dicho a Amnistía Internacional que la razón de su detención a su regreso de Argelia fue una entrevista que había concedido al medio de comunicación argelino Radio M, en la que criticó a las autoridades marroquíes por considerar que expropiaban tierras tribales.
El 29 de diciembre detuvieron en El Aaiún al rapero Hamza Sabaar, conocido como STALiN, que días más tarde fue condenado a tres años de prisión por una canción de rap que había publicado en Youtube. En la canción criticaba el deterioro de la situación socioeconómica en el país. El 16 de enero, un tribunal le redujo la pena a ocho meses.
El 24 de diciembre, las autoridades de la ciudad de Tata detuvieron al activista Rachid Sidi Baba, a quien los tribunales condenaron luego a seis meses de prisión y al pago de 5.000 dírhams (alrededor de 500 dólares) por publicar en YouTube un vídeo donde expresaba su frustración por la cesión de tierras a inversores extranjeros para su explotación sin beneficios significativos para las comunidades locales. La sentencia sobre su caso está prevista para el 13 de febrero.
El 9 de enero, un tribunal de Jenifra condenó a Abdelali Bahmad, alias Ghassan Bouda, a dos años de prisión y al pago de 10.000 dírhams (alrededor de1.000 dólares) de multa por "insultar" a la monarquía y sus símbolos. El fiscal presentó como prueba cuatro comentarios que Bouda había publicado en Facebook. Según su abogado, en uno de ellos había expresado su apoyo a las protestas del Hirak del Rif.
“Las autoridades deben retirar los cargos y dejar en libertad a todas las personas procesadas y condenadas simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, y deben dejar de aplicar las arcaicas disposiciones del Código Penal que criminalizan la libertad de expresión”, ha afirmado Heba Morayef.
“Las autoridades marroquíes deben reformar con urgencia el Código Penal para eliminar artículos que se han utilizado para reprimir la libertad de expresión”.
Información complementaria
En la información que presentó en mayo para el Examen Periódico Universal de Marruecos, Amnistía Internacional pidió a las autoridades marroquíes que revocaran esas disposiciones, especialmente porque el país había aprobado en 2016 un Código de Prensa que despenalizaba los delitos relacionados con la libertad de expresión. No obstante, en el Código Penal se introdujeron nuevas disposiciones que penalizaban "insultar" al islam y atentar contra la integridad territorial
En octubre de 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó al Parlamento un memorándum dirigido a reformar el Código Penal marroquí a fin de garantizar su compatibilidad con los principios de legitimidad, necesidad y proporcionalidad.
