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Los responsables del homicidio de un líder comunitario deben comparecer ante la justicia

El estado de Maranhão sufre el azote de los conflictos de tierra y la violencia contra los trabajadores rurales. © Amnesty International.

El cuarto aniversario del homicidio de un activo líder comunitario del Estado de Maranhão debe ser la señal de alarma que impulse al gobierno brasileño a abordar urgentemente la creciente violencia en la región. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

Flaviano Pinto Neto, líder de la comunidad de Charco, en el noreste de Brasil, murió por disparos el 30 de octubre de 2010. En abril de 2011 se acusó del homicidio a cuatro personas, pero ninguna de ellas ha comparecido aún a juicio.

“Este estremecedor caso es ilustrativo de las graves injusticias que sufren quienes defienden los derechos humanos en Brasil. Al no investigar de manera inmediata, exhaustiva e imparcial la muerte de Flaviano Pinto, el gobierno brasileño está negando la justicia a su familia y, en la práctica, está dando luz verde al asesinato de otros activistas”, ha manifestado Renata Neder, asesora sobre derechos humanos de Amnistía Internacional Brasil.

El Estado de Maranhão sufre el azote de los conflictos de tierra y la violencia contra los trabajadores rurales. Tan sólo este año, cinco líderes comunitarios han muerto en luchas por la tierra.

La impunidad por estas muertes es también demasiado habitual. Las cifras muestran que, de los 1.600 casos de homicidios por cuestiones de tierras cometidos entre 1985 y 2009, sólo el 5 por ciento, aproximadamente, llegaron a juicio.

Flaviano Pinto recibió siete disparos. Además de líder comunitario, era el presidente de la Asociación de Pequeños Productores Rurales de la Comunidad de Charco (Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Povoado do Charco).

Había tomado parte en la lucha para que su comunidad fuera reconocida oficialmente como “quilombo”: un grupo identificado como de personas afrobrasileñas que, en virtud de la Constitución de Brasil, gozan de cierta protección, incluido el acceso a títulos de propiedad de la tierra. El título de propiedad podría ayudar a proteger al grupo frente a poderosos hacendados locales.

En 2012, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria reconoció oficialmente a la comunidad de Charco como quilombo. Sin embargo, aún no se han dado los pasos administrativos necesarios para procesar esta identificación.

“Mientras los organismos gubernamentales procesan lentamente los pasos burocráticos, la comunidad de Maranhão sigue sufriendo amenazas y ataques. Esto tiene que cesar. Hoy, en el triste aniversario de la muerte de Flaviano Pinto, pedimos al gobierno brasileño que se enfrente al reto y aborde la violencia contra quienes defienden los derechos humanos en Maranhão”, ha manifestado Renata Neder.

Información complementaria

Los quilombos son asentamientos afrobrasileños establecidos a finales del siglo XVI en zonas rurales remotas de Brasil por esclavos fugados y liberados que se resistían a la esclavitud.

La Constitución brasileña de 1988 (artículos 215 y 216) reconoce el derecho de las comunidades descendientes a las tierras ocupadas históricamente por los quilombos. En particular, el artículo 68 del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias establece que “se reconocerá el derecho definitivo de propiedad a los descendientes de los quilombos que estén ocupando sus tierras y el Estado les otorgará los respectivos títulos de propiedad”. Se han promulgado una serie de leyes federales y estatales para regular la manera de identificar las tierras de los quilombos y de emitir títulos de propiedad para las comunidades que permanecen en ellas.

En Maranhão hay más de 1.000 quilombos. Se han iniciado cientos de procedimientos administrativos ante el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, pero hasta la fecha ninguna comunidad ha recibido su título de propiedad de la tierra.

La comunidad de Charco, con más de 90 familias, lleva más de 60 años defendiendo su derecho a la tierra y ha sido amenazada anteriormente con diversas órdenes de desalojo. En 2009 inició el proceso administrativo para que sus tierras se reconocieran como lo que queda de un asentamiento quilombo.

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