Las autoridades bahreiníes deben dejar de inmediato en libertad a 13 activistas de la oposición que son presos de conciencia, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, en espera de que se tome una decisión judicial sobre su caso la semana próxima. En septiembre se confirmaron en apelación las condenas y sentencias de estos 13 hombres, a los que un tribunal militar había declarado el año pasado culpables de cargos como "establecer grupos terroristas para derrocar el régimen y cambiar la Constitución" a raíz de que participaran en manifestaciones contra el gobierno.
El lunes 3 de diciembre, el Tribunal de Casación, con sede en la capital bahreiní, Manama, decidirá si accede a la solicitud de la defensa de dejarlos en libertad bajo fianza.
El Tribunal decidirá si anular o confirmar las condenas y las sentencias en una vista posterior, que muy probablemente no se celebre el lunes.
"La decisión del lunes será una verdadera prueba para las autoridades bahreiníes y sus aliados si quieren demostrar de una vez por todas que están verdaderamente comprometidos con el respeto y la protección de los derechos humanos", ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
"Estos hombres deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones -ha añadido-. Y deben anularse sus condenas y sentencias. Además, los aliados de Bahréin tienen que ejercer presión sobre las autoridades para que dejen de fingir que están haciendo reformas y respalden de inmediato sus palabras con hechos verdaderos."
Los 13 hombres, entre los que figuran los destacados activistas de la oposición Abdulhadi Al-Khawaja y Ebrahim Sharif, fueron condenados originalmente, en junio de 2011, a entre cinco años de prisión y cadena perpetua por un tribunal militar.
Todos sostienen su inocencia. Amnistía Internacional no ha encontrado indicio alguno de que utilizaran o propugnaran la violencia en las manifestaciones del año pasado contra el gobierno, por lo que considera que están recluidos únicamente por ejercer su derecho legítimo a la libertad de expresión, asociación y reunión.
La semana pasada, coincidiendo con el primer aniversario del informe de la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin, Amnistía Internacional publicó un documento informativo en que denunciaba la aplicación insuficiente de las recomendaciones de la Comisión y el empeoramiento de la situación de los derechos humanos en el país.
En el informe de la Comisión se consideraba al gobierno bahreiní responsable de graves violaciones de derechos humanos y se documentaban abusos generalizados. También se formulaban en él una serie de recomendaciones a las autoridades, entres ellas que hicieran rendir cuentas a los responsables de abusos contra los derechos humanos y llevaran a cabo investigaciones independientes sobre las denuncias de tortura y otras violaciones de derechos humanos.
En su informe, titulado Bahrain: Reform shelved, repression unleashed, Amnistía Internacional puso de relieve la creciente represión y la falta de rendición de cuentas por los abusos cometidos en el país, incluido el continuo encarcelamiento de personas consideradas por la organización presos de conciencia, como estos 13 activistas de la oposición y Nabeel Rajab, presidente del Centro de Derechos Humanos de Bahréin.
El gobierno bahreiní respondió a las críticas diciendo que las denuncias eran infundadas y que se había comprometido a aplicar las recomendaciones de la Comisión Independiente de Investigación.
Sin embargo, Amnistía Internacional ha documentado continuos abusos contra los derechos humanos en los últimos meses, así como falta de rendición de cuentas e impunidad por los perpetrados anteriormente, en especial falta de investigaciones independientes e imparciales sobre todas las denuncias de tortura y otros malos tratos, incluidas las formuladas por estos 13 activistas de la oposición, que aseguran haber sufrido tortura u otros malos tratos bajo custodia.
En vez de emprender reformas, en los últimos meses las autoridades se han dedicado a ejercer mayor represión, lo que culminó, en octubre de 2012, con la prohibición de todas las concentraciones y reuniones en el país, violando con ello el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y, en noviembre, con la decisión de retirar la nacionalidad bahreiní a 31 figuras de la oposición.
