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Los juicios de destacados activistas ponen de manifiesto la profunda hipocresía en la aplicación del Estado de derecho

La periodista Gao Yu, fotografiada en Hong Kong en 2007. © AFP/Getty
Los juicios, que se celebrarán el viernes, de dos destacados activistas –un hombre y una mujer– pondrán de manifiesto la duplicidad de las autoridades chinas respecto a la aplicación del Estado de derecho. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional. Gao Yu, periodista muy respetada de 70 años, está acusada de compartir secretos de Estado y podría ser condenada a cadena perpetua si es declarada culpable en su juicio, que se celebra en Pekín a puerta cerrada. En otro caso diferente en el otro extremo del país, en la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, está previsto que el destacado intelectual uigur Ilham Tohti, de 45 años, conozca el resultado de su apelación contra una cadena perpetua por “separatismo” dictada el 23 de septiembre. Los dos casos se han caracterizado por los graves defectos legales, incluido el uso de tortura y otros malos tratos. “Si Gao Yu e Ilham Tohti tuvieran un juicio realmente justo, los cargos contra ellos se rechazarían por ser una flagrante persecución política”, ha manifestado William Nee, investigador sobre China de Amnistía Internacional. “El presidente Xi ha subrayado la importancia del Estado de derecho, pero esa actitud no es más que una fachada cuando se trata de casos que el gobierno considera políticamente ‘delicados’. Las autoridades siguen decidiendo de manera selectiva cuándo aplicar el Estado de derecho.” Según la información publicada en los medios de comunicación, Gao está acusada de compartir con un sitio de noticias extranjero un documento ideológico interno del Partido Comunista, conocido como Documento nº 9. La información contenida en él no merece en modo alguno ser clasificada como secreto de Estado. El documento en cuestión ataca fuertemente la libertad de prensa y “valores universales” tales como la libertad, la democracia y los derechos humanos. En mayo, la emisora estatal de televisión CCTV retransmitió una “confesión” de Gao. Sin embargo, los abogados de la periodista afirman que esa confesión se obtuvo de forma ilegal, ya que Gao se sintió amenazada y estaba sometida a una fuerte presión psicológica. Además, no sabía que se iba a televisar. “Gao es la víctima más reciente de la ley de secretos de Estado china, una ley arbitraria y de texto muy impreciso que las autoridades siguen utilizando para atacar a activistas. Su ‘confesión’ televisada no demuestra nada, pero socava seriamente sus posibilidades de tener un juicio justo”, ha manifestado William Nee. El uso de la tortura y otros medios de coacción para obtener una “confesión” es ilegal en China, al igual que lo es según el derecho internacional, y estos testimonios no deben admitirse como prueba en un juicio. Sin embargo, en la práctica esta norma rara vez se cumple. El Estado de derecho fue el tema central de una reciente reunión anual clave del Partido Comunista chino. Las autoridades se comprometieron a aplicar salvaguardias para impedir que las confesiones obtenidas mediante tortura fueran utilizadas como prueba en los tribunales. El Tribunal Supremo Popular ha dado pasos para redactar una normativa al respecto. “En el mejor de los casos, la actuación de las autoridades es contradictoria. Por un lado, subrayan la importancia del Estado de derecho, mientras que por el otro animan a los tribunales a apartar la vista en casos ‘delicados’”, ha manifestado William Nee. Apelación de Ilham Tohti Mientras tanto, las autoridades se han negado a permitir que la familia de Ilham Tohti asista a su apelación. Según sus abogados, a Tohti le negaron el alimento durante 10 días y lo tuvieron con los pies encadenados durante más de 20 días mientras estuvo detenido antes de su juicio inicial en septiembre. Gran parte de las pruebas presentadas contra Tohti en aquel juicio procedían de las declaraciones de siete de sus antiguos estudiantes, detenidos junto con Tohti en enero de 2014 y que se enfrentan a cargos similares de “separatismo”. Existen motivos sólidos para creer que los estudiantes uigures, que permanecen detenidos, hicieron sus declaraciones bajo coacción y siguen sometidos a formas de tortura y otros malos tratos similares a las que sufrió Tohti. “El trato recibido por Ilham Tohti pone una vez más de manifiesto la hipocresía de las autoridades chinas en lo que se refiere a la aplicación del Estado de derecho. Ilham Tohti es un preso de conciencia y debe ser puesto en libertad de forma inmediata e incondicional”, ha manifestado William Nee.

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