No se debe permitir a los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC) que albergan una serie de grandes eventos deportivos que oculten su historial de constantes violaciones de derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, cuando se aproximan la Copa Mundial de la FIFA en Qatar y el Gran Premio de Fórmula 1 en Emiratos Árabes Unidos; ambos se celebrarán en noviembre.
En al menos cuatro Estados del GCC —Arabia Saudí, Qatar, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos— hay al menos 75 personas encarceladas simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación o reunión pacífica. Arabia Saudí acaba de ser designada como sede de los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029.
“Los gobiernos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin han reprimido reiteradamente la disidencia mientras invierten grandes recursos en dar la imagen de Estados que respetan los derechos. Las personas aficionadas al deporte deberían detenerse a pensar y considerar las decenas de personas que se consumen entre rejas en países del GCC simplemente por ejercer derechos fundamentales, y deberían pedir su liberación”, ha manifestado Amna Guellali, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“En los países del GCC, las reuniones públicas están severamente restringidas, a las mujeres se les imponen escandalosas penas de cárcel simplemente por publicar comentarios en Twitter, y las ONG están restringidas o prohibidas. Las autoridades de la región reprimen la disidencia encarcelando a quienes critican al gobierno e imponiendo una estricta censura. Todas las personas encarceladas por ejercer sus derechos humanos deben ser puestas en libertad de inmediato, y a toda la población de los países del GCC se les debe permitir hablar y circular libremente.”
Amnistía Internacional está haciendo campaña por la liberación de las 75 personas, destacando nueve casos emblemáticos de represión y restricciones de los derechos humanos en países del GCC en una página web especial, que pueden seguir aquí: “Silence is king: the persecution of activists in the GCC”.
Salma al-Shehab, estudiante de doctorado de la Universidad de Leeds, fue condenada a 34 años de cárcel en Arabia Saudí exclusivamente por su actividad pacífica en Twitter. Inicialmente había sido condenada a seis años de prisión a mediados de 2022. Tras una apelación, un juez elevó la pena a 34 años de prisión en un juicio manifiestamente injusto, seguidos de la prohibición de viajar durante otros 34 años a partir de la fecha de la excarcelación. Muchas otras personas han corrido una suerte similar.
En Emiratos Árabes Unidos, el defensor de los derechos humanos Ahmed Mansoor ha pasado hasta la fecha cinco años y medio en régimen de aislamiento por su labor de derechos humanos. Mansoor cumple actualmente una pena de 10 años de prisión tras haber sido injustamente condenado por el “delito” de “insultar la categoría y el prestigio de Emiratos Árabes Unidos y sus símbolos, incluidos sus líderes” en relación con su activismo de derechos humanos, que incluye publicaciones en las redes sociales.
En Qatar, los abogadosHazza y Rashed bin Ali Abu Shurayda al-Marri, ambos miembros de la tribu Al Murra, fueron condenados a cadena perpetua por cargos de organizar reuniones públicas no autorizadas y cuestionar una ley electoral ratificada por el emir que es discriminatoria con los miembros de su tribu.
En Bahréin, el defensor de los derechos humanos Abdulhadi Al-Khawaja lleva los últimos 11 años encarcelado indebidamente tan sólo por participar en protestas pacíficas. Siguen negándole el tratamiento médico adecuado por las lesiones que sufrió en 2011 cuando fue torturado.
