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17 de julio: Día de la Justicia Internacional

Los Estados deben asumir un compromiso con la justicia internacional sin interferencias políticas

Corte Penal Internacional, La Haya © APGraphicsBank

Las víctimas de Tíbet y Myanmar son las primeras desamparadas por la reforma que restringe la aplicación de la jurisdicción universal en España

 

Madrid.- Con motivo del Día de la Justicia Internacional y la conmemoración del XII aniversario de la adopción del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional (TPI), Amnistía Internacional (AI) destaca la necesidad de reforzar el sistema de justicia internacional. “Las víctimas de los crímenes más atroces tienen derecho a obtener verdad, justicia y reparación. Este derecho solo se verá garantizado si los Estados de todo el mundo apoyan las labores del Tribunal Penal Internacional sin anteponer sus intereses políticos, y si asumen un compromiso real con los principios de jurisdicción universal para perseguir, investigar y sancionar a los responsables de crímenes del derecho internacional”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Un mayor compromiso de los Estados con las labores del TPI
Desde la creación de la Corte Penal Internacional, un triunfo histórico en la lucha contra la impunidad, 111 países han ratificado el Estatuto de Roma. Sin embargo, hay todavía preocupantes ausencias, como es el caso de países como Estados Unidos, China, Federación Rusa, Israel o Irán que aún no ratificaron el texto, siendo los tres primeros miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Durante los últimos doce años se han producido notables avances, como las dos órdenes de detención dictadas por el TPI contra Omar Al-Bashir, las primeras contra un jefe de Estado en activo: en marzo de 2009 por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por su respaldo a la guerrilla yanyauid en Darfur y, hace apenas una semana, por genocidio.

Sin embargo, el TPI se sigue enfrentando a grandes retos, ya que los Estados no han comprendido aún que los crímenes internacionales que se encuentran bajo su competencia atentan contra toda la humanidad y no se limitan a sus intereses particulares. Hace apenas un mes finalizaba la primera Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma en Kampala, dejando al descubierto algunos peligros a los que se enfrenta la Corte: como la decisión de autorizar al Consejo de Seguridad de la ONU, un órgano político, el control de los casos que investigaría y enjuiciaría la Corte sobre delitos de agresión; los impedimentos para que el TPI investigue y enjuicie delitos cometidos por ciudadanos de países que no ratificaron el Estatuto de Roma, o por ciudadanos de Estados que hayan ratificado el Estatuto pero no hayan aceptado la reforma negociada en Kampala; o la negativa a eliminar el artículo 124 del Estatuto de Roma, que permite a los Estados declarar que la Corte no puede investigar ni enjuiciar crímenes de guerra cometidos por sus ciudadanos durante los siete años siguientes a su ratificación.

Los Estados deben perseguir los Crímenes Internacionales
Otro importante instrumento para luchar contra la impunidad es la jurisdicción universal, por la cual, en atención a la naturaleza atroz de ciertos crímenes reconocidos como tales por la comunidad internacional, los Estados están autorizados, y de ser el caso incluso obligados, a investigar y juzgar a los presuntos perpetradores, con independencia del lugar donde se haya cometido el crimen, la nacionalidad del autor o la víctima, y los intereses particulares de un Estado. El principio de jurisdicción universal es un instrumento de lucha contra la impunidad con el que lograr la rendición de cuentas por la comisión de crímenes de derecho internacional. Además de un principio de enorme relevancia para las víctimas de estos crímenes cuando los Estados en que son cometidos no pueden o no quieren llevar a cabo este tipo de procedimientos.


También hace casi 12 años se dictaba una orden de detención desde España contra Pinochet, en aplicación del principio de Jurisdicción Universal, en lo que supuso un hecho histórico en la lucha contra la impunidad de los más graves crímenes. Aquel caso inspiraría después actuaciones similares en países como Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca,  Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Senegal, Suecia y Suiza. El impulso a la lucha contra la impunidad mediante el ejercicio de la jurisdicción universal movió a la realización de justicia incluso en los propios tribunales nacionales y lanzó el esperanzador mensaje de llevar ante la justicia a criminales que hasta el momento se sentían a salvo. En este periodo tuvo lugar la detención y procesamiento de algunos responsables de los más graves crímenes, incluidos antiguos jefes de Estado, como el peruano Alberto Fujimori, condenado el año pasado por crímenes contra la humanidad; o el liberiano Charles Taylor.

En estos grandes avances registrados en todo el mundo el papel de España fue de enorme relevancia. Ante la Audiencia Nacional se han presentado querellas por crímenes internacionales en Argentina, Chile, Guatemala, Perú, China, Ruanda, Colombia, Sáhara Occidental, El Salvador, Gaza, Cuba, Marruecos, Irak y Guinea Ecuatorial. También por los “vuelos secretos” de la CIA en territorio español, los campos de concentración nazis, o la muerte en Irak del cámara José Couso, caso recientemente reabierto por orden del Tribunal Supremo, después de que fuese archivada la causa en 2009 por la Audiencia Nacional. En el caso del argentino Adolfo Scilingo, se llegó a celebrar un juicio oral que terminó en sentencia condenatoria. Otras querellas no prosperaron ante la jurisdicción española, bien por ir dirigidas contra Jefes de Estado en ejercicio bajo el criterio de inmunidad, bien porque se entendió que en los países en los que se perpetraron estos crímenes existían procesos judiciales en marcha. La mayoría de los casos mencionados siguen en fase de investigación en los tribunales españoles.

Sin embargo, en octubre de 2009, España reformaba el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, restringiendo gravemente el principio de Jurisdicción Universal con la pretensión de hacerlo casi inaplicable y sumando a España a las tendencias más restrictivas para combatir la impunidad. Amnistía Internacional consideró entonces vergonzoso que con esta reforma se exigieran requisitos de “conexión nacional” expresamente rechazados por el Tribunal Constitucional desde su sentencia en el caso Guatemala en 2005. Esta carencia de 'conexión relevante' con España impuesta en la nueva redacción, ha supuesto que las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos en Tíbet y Myanmar, que habían denunciado a los responsables ante la Audiencia Nacional, hayan quedado desamparadas en sus demandas de justicia. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial es señalada en sendos autos judiciales como fundamento para el archivo de la instrucción en marcha de una de las causas sobre el Caso Tíbet, y para la inadmisión a trámite de una querella en el Caso Myanmar.

En junio de 2010, todos los grupos parlamentarios del Senado volvían a demostrar una preocupante falta de compromiso con la legalidad internacional, al aprobar la reforma del Código Penal, cuyo texto está muy lejos de satisfacer el cumplimiento de las obligaciones internacionales adquiridas por España. Como paso elemental, AI pidió en numerosas ocasiones que el Código Penal tipificase adecuadamente como delitos la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial y definiese el delito de tortura "conforme al Derecho Internacional", sin que ninguna de estas recomendaciones fuese incluida en el texto final de la reforma.

Cualquier limitación al principio de jurisdicción universal, no sólo resta a las víctimas  un recurso valioso para la obtención de verdad, justicia y reparación, tal como les reconoce el derecho internacional, sino también habilita resquicios de impunidad para los perpetradores de estos crímenes. “El mensaje lanzado por España no puede ser más desalentador, ni más contrario a la evolución de la justicia internacional”, ha declarado Beltrán. Amnistía Internacional seguirá trabajando para combatir la impunidad de los crímenes mas atroces para el derecho internacional e instando a las autoridades a eliminar los obstáculos legislativos, judiciales y políticos que impiden una efectiva aplicación de los principios de jurisdicción universal en España, así como en pro de la ratificación universal del Estatuto de Roma.