Los gobiernos de todo el mundo deben redoblar los esfuerzos para poner fin a las desapariciones forzadas, ha afirmado hoy Amnistía Internacional durante una reunión internacional de expertos sobre este asunto. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada se reunirá por primera vez del 8 al 11 de noviembre en Ginebra, casi un año después de que entrara en vigor el tratado internacional que prohíbe esta práctica. “La desaparición forzada es una de las violaciones de derechos humanos más cruel y deshumanizadora. Mediante el aislamiento y el silencio, las desapariciones forzadas siguen destrozando familias y comunidades en muchos países”, dijo Michael Bochenek, director de Derecho y Política de Amnistía Internacional. “Todos los Estados deben adherirse a la Convención contra las Desapariciones Forzadas y adoptar leyes nacionales efectivas para abolir esta práctica.” La desaparición forzada tiene lugar cuando se recluye a una persona sin desvelar su suerte o paradero. Esta práctica no sólo afecta a las personas detenidas, sino también a sus familias y amistadas, a quienes se les niega sistemáticamente la información sobre la persona desaparecida. En estos casos, las autoridades suelen negarse a admitir la detención de la persona en cuestión y las familias y amistades no saben si su ser querido ha sido torturado, agredido sexualmente o ha muerto bajo custodia. En muchos países, Amnistía Internacional ha documentado el hostigamiento, los malos tratos y la intimidación continuos sufridos por los familiares que piden respuestas sobre la suerte de la persona desaparecida. Los nazis de la Alemania de Adolf Hitler fueron los primeros en formalizar esta práctica, y desde entonces han recurrido a ella gobiernos represivos y grupos armados en decenas de países: por ejemplo, las dictaduras latinoamericanas a partir de la década de 1950, Sri Lanka durante los decenios del prolongado conflicto armado interno, Pakistán desde 2001 con el pretexto de combatir el terrorismo y gobiernos autocráticos de Oriente Medio y el Norte de África. Durante decenios se ha hecho desaparecer a cientos de miles de personas con relativa impunidad. Sin embargo, gracias al impulso de varios gobiernos y a la acción de familias de desaparecidos y la sociedad civil de todo el mundo, se firmó en 2007 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El tratado entró en vigor en diciembre de 2010, una vez que lo hubieron ratificado 20 Estados. Activistas de la Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas, grupo compuesto por decenas de ONG que trabajan en este ámbito, asistirán a la reunión de la ONU para elaborar estrategias destinadas a reforzar el alcance del tratado. Amnistía Internacional ha publicado No Impunity for Enforced Disappearances, un exhaustivo análisis jurídico que describe las obligaciones contraídas por los Estados en virtud del tratado y ofrece orientación sobre cómo aplicarlo en el ámbito nacional. “Una vez que los Estados se comprometen a poner fin a las desapariciones forzadas, deben actuar en consecuencia no sólo ratificando el tratado, sino también poniendo en marcha medidas firmes de ámbito nacional que reflejen plenamente y de forma efectiva las disposiciones del tratado y las mejores prácticas del derecho internacional", declaró Michael Bochenek. Unos 90 países han firmado la Convención contra las Desapariciones Forzadas, pero sólo 30 la han ratificado hasta la fecha. Amnistía Internacional y otros miembros de la Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas seguirán instanto a todos los gobiernos a que se sumen al tratado y lo apliquen con el fin de impartir justicia, verdad y reparación a las víctimas de desaparición forzada y a sus familias. Han firmado y ratificado la Convención los siguientes Estados: Albania, Alemania, Argentina, Armenia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Chile, Cuba, Ecuador, España, Francia, Gabón, Honduras, Irak, Japón, Kazajistán, Malí, México, Montenegro, Nigeria, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Senegal, Serbia, Túnez, Uruguay y Zambia. Para más información, se puede consultar el documento de preguntas y respuestas sobre desapariciones forzadas.
