Londres.- El respeto por los derechos humanos es fundamental para lograr una paz sostenible en España y en el País Vasco, ha dicho Amnistía Internacional tras el anuncio de las conversaciones entre el gobierno español y el grupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA).
"Para que sea duradero, el proceso de paz debe estar firmemente basado en abordar las cuestiones de derechos humanos en el País Vasco y en España. Los derechos humanos deben ser respetados incondicionalmente y aplicados al margen de cualquier consideración política, y no ser utilizados como bazas para la negociación”, ha dicho Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional se ha dirigido al presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, para exponerle una serie de motivos de preocupación en el ámbito de los derechos humanos que la organización considera vitales para el futuro del proceso de paz. Amnistía Internacional pide a ETA que ponga fin a los abusos contra los derechos humanos que sigue cometiendo.
"ETA debe garantizar un final total e irreversible de los abusos contra los derechos humanos, incluido el fin del hostigamiento, las amenazas y otros actos violentos o intimidatorios”, ha dicho Nicola Duckworth.
Amnistía Internacional cree que es preciso determinar la verdad de todas las violaciones y abusos contra los derechos humanos cometidos en el pasado, incluidas las denuncias de homicidios o ejecuciones extrajudiciales de personas que se creía miembros de ETA a manos de los ilegales Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), y la posible connivencia del Estado, así como otras violaciones de derechos humanos, como torturas y malos tratos. ETA debe facilitar a cualquier mecanismo que pueda crearse para ocuparse de estas cuestiones del pasado toda la información disponible para determinar la verdad de los abusos cometidos.
“Las víctimas de actos terroristas y de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado tienen el mismo derecho a la verdad, la justicia y la reparación, como disponen el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Los autores de graves violaciones y abusos contra los derechos humanos deben ser puestos a disposición judicial”, ha dicho Nicola Duckworth.
"Los derechos de las víctimas nunca son negociables y no pueden depender del inicio o el fin de un cese de hostilidades o de las circunstancias concretas de un proceso de paz.”
Amnistía Internacional advierte contra la tentación de recurrir a amnistías o indultos que desvirtuarían los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
"No se deben aprobar amnistías o indultos para personas que, como parte de ETA, cometieron graves abusos contra los derechos humanos, ni para las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado sin que primero se hayan llevado a cabo actuaciones judiciales y se haya llegado a una sentencia clara de culpabilidad o inocencia”, ha dicho Nicola Duckworth.
Amnistía Internacional acogió con satisfacción en 1999 la aprobación de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, considerándola una medida positiva. Sin embargo, las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado, incluida la tortura y los malos tratos, deben tener el mismo grado de protección legal.
"Mientras las víctimas de actos terroristas disponen de vías legales para obtener justicia, verdad, recursos y reparaciones, las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado no tienen el mismo nivel de reconocimiento ni de protección legal”, ha afirmado Nicola Duckworth.
Uno de los motivos de preocupación más importantes y antiguos de la organización que afecta directamente al País Vasco, aunque sin duda no es exclusivo de él, es el clima de impunidad existente para las violaciones de derechos humanos graves debido a que no se investigan de forma independiente, imparcial y minuciosa todas las denuncias de este tipo de violaciones, en especial las denuncias de homicidios ilegítimos y torturas y malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y tampoco se procesa eficazmente a sus perpetradores. En este contexto, Amnistía Internacional ha pedido que se cree un mecanismo independiente de rendición de cuentas por parte de la policía que “garantizaría que se investigaran de forma independiente, imparcial, minuciosa y eficaz todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por organismos encargados de hacer cumplir las leyes, y que los responsables fueran puestos a disposición judicial”.
En el marco del proceso de paz, Amnistía Internacional renueva su petición al gobierno español para que revise y enmiende las leyes y prácticas que violan los derechos humanos y ponga la legislación y las prácticas existentes en España en sintonía con las normas internacionales. Amnistía Internacional pide también al gobierno español que:
- derogue las leyes que permiten ampliar el plazo de detención en régimen de incomunicación tras la aprehensión; - garanticen un verdadero acceso sin demora de todos los detenidos al abogado de su elección; - garanticen el derecho de los presos a cumplir sus condenas cerca de sus familias, cambiando la política penitenciaria de dispersión por todo el territorio español de los presos preventivos o condenados por terrorismo, que lleva aplicándose desde hace largo tiempo; - eliminar toda ambigüedad de la Ley de Partidos Políticos que permita la prohibición de partidos políticos que abogan pacíficamente por modificar los principios constitucionales o las leyes, ya que dicha prohibición vulnera las obligaciones internacionales de derechos humanos.
Información complementaria El 22 de marzo de 2006, ETA anunció un alto el fuego permanente, afirmando que el objetivo de esta decisión era “impulsar un proceso democrático en Euskal Herria [...] en el que sean reconocidos los derechos que como Pueblo nos corresponden”. La declaración llegó 10 meses después de que el Congreso de los diputados (cámara baja del parlamento español) autorizara al gobierno a abrir vías de diálogo con el grupo armado vasco si éste “abandonaba la violencia”.
ETA ha sido responsable de la muerte de más de 800 personas, incluidos policías y militares, durante su campaña de casi cuatro décadas por la independencia. Aunque el grupo lleva más de tres años sin cometer ningún atentado con víctimas mortales, durante 2005 se atribuyó la responsabilidad de 24 atentados contra negocios e intereses turísticos que causaron lesiones menores y daños a la propiedad.
Amnistía Internacional ha condenado siempre sin reservas los abusos contra los derechos humanos cometidos por ETA y ha negado categóricamente todo argumento u objetivo que trate de justificar abusos graves contra derechos humanos fundamentales. Además, la organización ha pedido sistemáticamente a ETA que acabe de forma definitiva e inmediata con su campaña de homicidios de civiles, secuestros, tomas de rehenes y otros abusos contra los derechos humanos.
Durante décadas, Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones de derechos humanos en el País Vasco, como homicidios ilegítimos, ejecuciones extrajudiciales, torturas y malos tratos. Amnistía Internacional ha planteado sistemáticamente a España, entre otras preocupaciones de derechos humanos, que ponga fin a la detención en régimen de incomunicación y se asegure de que los responsables de actos de tortura y malos tratos sean puestos a disposición judicial.
