Las fuerzas de seguridad libanesas han cometido alarmantes violaciones contra las personas refugiadas sirias, que han sido detenidas, a menudo de forma arbitraria, por cargos relacionados con el terrorismo, empleando algunas de las mismas técnicas de tortura atroces que se utilizan en las cárceles más notorias de Siria, ha dicho Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
El informe de Amnistía “I wish I would die”: Syrian refugees detained on terrorism-related charges and tortured in Lebanon documenta una serie de violaciones cometidas principalmente por el servicio de inteligencia militar libanés contra 26 detenidos y detenidas, que incluyen violaciones del derecho a un juicio justo, así como torturas como palizas con barras de metal, cables eléctricos y tuberías de plástico. Las personas afectadas también afirmaron que las habían colgado cabeza abajo o las habían obligado a mantener posturas en tensión durante periodos prolongados.
“Este informe ofrece una panorámica del trato cruel, abusivo y discriminatorio que infligen las autoridades libanesas a refugiadas y refugiados sirios detenidos como sospechosos de cargos terroristas. En muchos casos, personas refugiadas que han huido de la guerra, una represión despiadada y la tortura generalizada se han encontrado detenidas arbitrariamente y recluidas en régimen de incomunicación en Líbano, donde sufren muchos de los mismos horrores que se emplean en las prisiones sirias”, afirmó Marie Forestier, investigadora de Amnistía Internacional sobre derechos de las personas refugiadas y migrantes.
“No hay duda de que los miembros de grupos armados responsables de abusos contra los derechos humanos deben rendir cuentas de sus actos, pero la fragrante violación por las autoridades libanesas del derecho al debido proceso de las personas refugiadas sirias es una burla a la justicia. En cada etapa, desde el arresto hasta el procesamiento en juicios injustos, pasando por el interrogatorio y la detención, las autoridades libanesas ignoran por completo el derecho internacional de los derechos humanos”.
El informe documenta los casos de 26 personas refugiadas sirias, cuatro de ellas menores de edad, recluidas en Líbano por cargos de terrorismo entre 2014 y 2021, y se basa en entrevistas con personas exdetenidas y detenidas, así como con abogados, y en el examen de la documentación judicial.
Desde 2011, cientos de personas refugiadas sirias están detenidas en Líbano, a menudo de forma arbitraria por cargos falsos de terrorismo o, en ocasiones, en relación con su pertenencia a grupos armados.
Tortura y otros malos tratos generalizados
En 25 de los 26 casos documentados por Amnistía Internacional, las personas refugiadas denunciaron haber sido torturadas durante el interrogatorio o la detención. Con mucha frecuencia, esto se produjo en el centro de inteligencia militar de Ablah, la oficina de Seguridad General de Beirut o el Ministerio de la Defensa.
Dos de las personas sobrevivientes de tortura tenían sólo 15 y 16 años, respectivamente, en aquel momento. Al menos cuatro hombres dijeron que les habían propinado una paliza tan brutal que perdieron el conocimiento y dos tenían dientes rotos.
Las personas detenidas dijeron que habían sido sometidas a algunas de las mismas técnicas de tortura empleadas habitualmente en las prisiones sirias, como la “alfombra voladora” (se ata a la persona a un tablero plegable), “shabeh” (se la cuelga de las muñecas y se la golpea) o “balango”, en la que se cuelga a la persona durante horas con las muñecas atadas a la espalda.
Bassel, exdetenido sirio, dijo a Amnistía Internacional que después de ser trasladado a la prisión de Rihaniyyeh, le propinaron unas palizas tan brutales cada día durante tres semanas que sus heridas se ulceraron. “Nos pegaban en la espalda con tubos de plástico del baño. Tenía heridas abiertas en la espalda que empezaron a ponerse realmente mal. Al final, tenía gusanos dentro de las heridas”, dijo.
Ahmed, que contó su terrible experiencia como detenido en el centro de inteligencia militar de Ablah, dijo que le pegaron en los genitales hasta que perdió el conocimiento.
Otro refugiado detenido dijo que un agente de seguridad le golpeó en los genitales con tanto encono que estuvo varios días orinando sangre. Mientras le pegaba, el agente decía: “Te pego aquí para que no puedas traer más hijos a este mundo que no contaminen esta comunidad”.
Varias personas detenidas dijeron que las fuerzas de seguridad libanesas hicieron referencia a su oposición al presidente Bachar al Asad mientras las pegaban, lo que indicaba la posible motivación política de las agresiones.
Karim, periodista que estuvo detenido ocho días en la oficina de Seguridad General de Beirut, dijo que sus interrogadores le habían preguntado si apoyaba al presidente sirio y que, cuando dijo que no, lo golpearon con más saña.
Las personas detenidas también hablaron de las duras condiciones en las que estuvieron recluidas. “Estuve tres días seguidos, noche y día, de pie en el pasillo, esposado y con los ojos vendados... Teníamos que suplicar para ir al baño y para que nos dieran agua. Nos daban comida una vez al día. Había agentes custodiándonos para que no nos sentáramos ni durmiéramos. Si alguien lo intentaba, lo obligaban a ponerse de pie otra vez”, dijo un hombre.
No ha habido investigaciones sobre ninguna de las denuncias de tortura que ha documentado Amnistía Internacional, ni siquiera en casos en los que las personas afectadas o sus abogados dijeron al juez que las habían torturado. En algunos casos, los agentes de seguridad pidieron el aplazamiento de las vistas judiciales, con lo que desaparecían las cicatrices de las palizas u otras formas de tortura.
Amnistía Internacional documentó los malos tratos infligidos a dos mujeres que sufrieron acoso sexual y agresiones verbales en detención. A una le obligaron a mirar cómo los agentes de seguridad torturaban a su hijo y a otra, cómo pegaban a su esposo.
Líbano promulgó una ley contra la tortura en 2017, pero no se aplica sistemáticamente y las denuncias de tortura rara vez llegan a los tribunales.
“Las autoridades libanesas deben hacer cumplir inmediatamente su propia ley contra la tortura y respetar sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Deben garantizar que las denuncias de tortura son investigadas efectivamente y que los responsables de estos espantosos abusos rinden cuentas de sus actos”, añadió Marie Forestier.
Violaciones del derecho a un juicio justo
A los 26 detenidos y detenidas cuyos casos fueron documentados por Amnistía Internacional se les negó el acceso a defensa letrada durante el interrogatorio inicial, lo que conculca las propias leyes de Líbano, así como el derecho y las normas internacionales. Esto menoscabó su capacidad para defenderse o impugnar su detención. Las personas detenidas denunciaron que, tras el arresto, a menudo tuvieron que esperar varias semanas para comparecer ante un juez instructor y en nueve casos, los juicios se aplazaron hasta dos años, lo que es contrario al derecho internacional.
En muchos casos, los jueces se basaron sobre todo en confesiones obtenidas bajo tortura o en pruebas de informantes poco fiables, y los fallos condenatorios se basaban en cargos de terrorismo poco precisos y excesivamente generales. Al menos 14 personas dijeron a Amnistía que habían confesado delitos que no habían cometido tras ser torturadas o amenazadas.
En 23 de los casos documentados, las personas detenidas —dos de ellas menores de edad— fueron juzgadas en tribunales militares, lo que vulnera las normas internacionales, que prohíben los juicios de civiles ante tribunales militares.
En al menos tres casos, se dictaron órdenes —y, en un caso, la orden se ejecutó— de deportar a Siria a las personas detenidas, lo que viola el principio de no devolución del derecho internacional, que prohíbe a los Estados la devolución de personas a un lugar donde correrían un riesgo real de sufrir violaciones graves de derechos humanos.
Amnistía Internacional pide también a las autoridades libanesas que garanticen que todas las personas sirias detenidas reciben un juicio con las debidas garantías en el que se respeten las normas internacionales. Además, deben poner fin con carácter urgente a la práctica de juzgar a civiles en tribunales militares.
En 14 de los casos documentados, Amnistía Internacional halló que las acusaciones de terrorismo contra las personas refugiadas sirias se formularon de forma discriminatoria, teniendo en consideración la afiliación política de la persona. En 9 casos, el mero hecho de expresar oposición política al gobierno sirio se consideró una prueba que justificaba la sentencia condenatoria por cargos de “terrorismo”.
Varias personas sirias que viven en el norte de Líbano fueron detenidas basándose en su participación, real o supuesta, en la batalla de Arsal de 2014, cuando miembros de Yabhat al Nusra y el grupo armado Estado Islámico atacaron al ejército libanés y secuestraron a 16 miembros de las fuerzas de seguridad. La batalla de Arsal finalizó con un acuerdo de alto el fuego que permitió que miles de combatientes de Yabhat al Nusra y sus familias regresaran a Idlib, en Siria.
Entre los casos examinados también figuran los de varias mujeres sirias, detenidas en relación con las supuestas actividades de sus familiares varones o para presionar a éstos para que confesaran o se entregaran.
