Amnistía Internacional exhorta a los integrantes de las Comisiones del Distrito Federal y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a rechazar la iniciativa de la ley de manifestaciones para el Distrito Federal, que será discutido en comisiones el 10 de diciembre, el mismo día que el mundo celebra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La organización considera que la propuesta de ley como está actualmente redactada atenta contra el derecho de libertad de expresión y asociación tal y como han sido establecido por las normas y mecanismos internacionales de derechos humanos y podría resultar en el uso aún más frecuente de la fuerza excesiva por parte de la policía. Esta ley impondría un régimen legal que no garantizaría el derecho a la manifestación pacifica sin discriminación al previlejar el uso de espacios públicos para los intereses comerciales y de tránsito por encima de los intereses legítimos de manifestantes pacificas. La Comisión Interamericana de derechos humanos ha señalado que esto es incompatible con las obligaciones de derechos humanos. El Relator de la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas ha recomendado que las manifestaciones no deban ser sujetas a autorización previa, sino como máximo a notificación. El proceso de notificación debe tener el objetivo de facilitar el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica y de tomar las medidas para proteger la seguridad pública, tanto de los manifestantes como terceros. El proceso de autorización debe realizarse con presunción a favor de la manifestación pacífica y debe reconocer el uso igualitario de los espacios públicos, incluso las calles y avenidas principales. El proceso no debe ser burocrático, arbitrario o punitivo y debe ser fundado en la aplicación transparente de los criterios de la necesidad y la proporcionalidad de las medidas tomadas en torno a las protestas. La propuesta de ley actual no establece estas condiciones. Por el contrario, emplea terminología ambigua para definir manifestaciones; limita las manifestaciones legitimas a las que tienen un objetivo conforme con “las buenas costumbres”; el “aviso” requerido en realidad constituye una autorización con criterios confusos y potencialmente arbitrarios; impone límites de horas (de 11:00 a 18:00) y lugares sin tomar en cuenta criterios de necesidad y proporcionalidad; podría resultar en el uso de la fuerza para disolver una manifestación pacífica que no haya recibido autorización o en qué casos en que solo una minoría de manifestantes cometan actos de violencia. Amnistía Internacional reconoce que durante el último año se han realizado actos violentos durante varias manifestaciones, incluyendo actos realizados por la fuerza pública. Sin embargo, la organización considera que esto se debe en gran medida a las graves deficiencias en los operativos de las corporaciones policiales encargados con preservar el orden público y los derechos de los manifestantes y terceros. Es de recordar que elementos de la policía implicados en tortura y maltrato y detenciones arbitrarias documentados por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no han rendido cuentas ante la justicia. Esta impunidad manda un mensaje de tolerancia de abusos contra los manifestantes y pone entredicho el compromiso de las autoridades de prevenir el uso excesivo de la fuerza. Amnistía Internacional recuerda a las autoridades mexicanas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente al nervio principal del sistema democrático”.
