Las autoridades militares de Egipto han resultado totalmente incapaces de cumplir las promesas de mejora de los derechos humanos que hicieron a los egipcios, y en lugar de ello han sido responsables de un catálogo de abusos que en algunos casos bate el récord de Hosni Mubarak, ha dicho hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe. En el informe, titulado Broken Promises: Egypt's Military Rulers Erode Human Rights (Promesas rotas: las autoridades militares egipcias socavan los derechos humanos), la organización documenta la deplorable actuación en materia de derechos humanos del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que asumió el poder tras la caída del ex presidente Hosni Mubarak en febrero. El informe se publica tras una serie de sangrientas jornadas en Egipto que se han saldado con muchas muertes y cientos de personas heridas, tras intentar el ejército y las fuerzas de seguridad dispersar violentamente a las personas que protestaban contra el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en la plaza de Tahrir de El Cairo. “Al emplear tribunales militares para juzgar a miles de civiles, reprimir las protestas pacíficas y ampliar el ámbito de aplicación de la Ley del Estado de Excepción de Mubarak, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha seguido la tradición de gobernar represivamente de la que tanto lucharon por librarse los manifestantes del 25 de enero”, ha dicho Philip Luther, director en funciones del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. "Quienes han criticado o cuestionado al Consejo –manifestantes, periodistas, blogueros, trabajadores en huelga– han sido reprimidos despiadadamente, tratando de silenciar sus voces. “El balance del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en el ámbito de los derechos humanos muestra que, tras nueve meses en el poder en Egipto, los objetivos y aspiraciones de la revolución del 25 de enero han sido aplastados. La brutal y severa respuesta a las protestas de los últimos días tiene todas las características de la época de Mubarak.” En su análisis de la situación de los derechos humanos bajo el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Amnistía Internacional concluye que las autoridades militares han cumplido pocos de los compromisos contraídos en sus muchas declaraciones públicas y en algunos aspectos han empeorado la situación. En agosto, el Consejo admitió que unos 12.000 civiles habían sido juzgados por tribunales militares en todo el país en juicios sumamente injustos. Al menos 13 habían sido condenados a muerte. Estas personas habían sido acusadas de “matonería”, “incumplimiento del toque de queda”, “posesión ilegal de armas”, “destrucción de bienes” e “insultos al ejército”. El caso del preso de conciencia Maikel Nabil Sanad, bloguero condenado a tres años de cárcel en abril por criticar al ejército y ser objetor de conciencia al servicio militar, es emblemático. Tras iniciar una huelga de hambre en agosto, las autoridades penitenciarias le negaron la medicación que necesitaba para sus problemas cardíacos. Actualmente sigue en la cárcel mientras otro tribunal ve su recurso de apelación presentado en octubre. En un claro intento de suprimir la cobertura informativa negativa sobre el Consejo en los medios de comunicación, decenas de periodistas y presentadores han sido citados a comparecer ante la fiscalía militar. La presión del ejército ha provocado la cancelación de varios importantes programas de noticias de actualidad. En sus primeras declaraciones, el Consejo prometía “desempeñar un papel destacado de protección de los manifestantes, independientemente de sus opiniones”, pero las fuerzas de seguridad, incluido el ejército, han reprimido violentamente varias protestas, provocando muertes y heridas. Al parecer, 28 personas murieron el 9 de octubre al disolver las fuerzas de seguridad una manifestación de cristianos coptos. Fuentes médicas dijeron a Amnistía Internacional que las muertes se habían producido por heridas de bala y por aplastamiento al ser atropellados los manifestantes por vehículos acorazados que circulaban a gran velocidad. En lugar de ordenar una investigación independiente, el ejército anunció que se encargaría de la investigación, y actuó rápidamente para reprimir las críticas. El destacado bloguero Alaa Abd El Fatta, que presenció los actos de violencia y criticó que fuese el ejército el que investigara la represión, sigue detenido tras ser interrogado por los fiscales militares el 30 de octubre, lo cual parece un intento por parte del Consejo para suprimir las críticas por su actuación en las protestas de Maspero. Amnistía Internacional afirmó que había visto informes coherentes de que las fuerzas de seguridad habían empleado baltagiya (matones) armados para atacar a los manifestantes, una conocida táctica que se empleaba bajo el régimen de Mubarak. La tortura bajo custodia ha seguido con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Amnistía Internacional ha entrevistado a detenidos que afirman que fueron torturados bajo la custodia del ejército. En septiembre circuló una grabación de vídeo en el que se veía a soldados y policías golpeando y aplicando descargas eléctricas a dos detenidos. Tras una aparente investigación, la fiscalía militar consideró que el vídeo era “falso” y lo rechazó sin más. Amnistía Internacional ha dicho que el Consejo ha usado las promesas de investigaciones para desviar las críticas ante las graves violaciones de derechos humanos, pero no ha cumplido estas promesas. No hay constancia de que ningún autor de tales abusos haya sido puesto a disposición judicial. Un ejemplo destacado es el anuncio efectuado por el Consejo el 28 de marzo de que investigaría el uso de “pruebas de virginidad” forzadas por el ejército para intimidar a 17 mujeres manifestantes el 9 de marzo, una investigación sobre la que no se ha dado a conocer públicamente ninguna información. Antes bien, la única mujer que presentó una denuncia contra el Consejo al parecer ha sido víctima de hostigamiento e intimidación. Amnistía Internacional ha dicho también que el ejército ha participado en desalojos forzosos de residentes de asentamientos precarios en Egipto después de que asumiera el desempeño de labores policiales a comienzos de 2011, y ha pedido el fin de este tipo de desalojos. La organización ha pedido a las autoridades egipcias –incluido el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas– que restauren la confianza en las instituciones públicas investigando de forma adecuada y transparente las violaciones de derechos humanos y retirando la Ley del Estado de Excepción. Cuando el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, se entrevistó con representantes del Consejo en junio, les instó a que retiraran la Ley del Estado de Excepción, que data de 1981 y restringe ilegalmente varios derechos fundamentales. Pero en septiembre, el ámbito de aplicación de la ley se amplió a delitos tales como interrumpir el tráfico, bloquear carreteras, emitir rumores, estar en posesión de armas y comerciar con ellas y “atentar contra la libertad de trabajar”. A las personas detenidas en aplicación de la legislación de excepción se las juzga ante tribunales especiales, conocidos como Tribunales Supremos de Seguridad del Estado (para el Estado de Excepción). “El ejército egipcio no puede seguir utilizando la seguridad como excusa para mantener las mismas prácticas del régimen del presidente Mubarak”, ha dicho Philip Luther. “Para que se produzca una verdadera transición al nuevo Egipto como la que exigen los manifestantes, el Consejo debe dejar de atenazar la libertad de expresión, asociación y reunión, levantar el estado de excepción y dejar de juzgar a civiles en tribunales militares.”
