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Las autoridades arremeten contra el derecho a protestar

La policía dispersa violentamente una protesta espontánea frente al tribunal donde se fallló el caso Bolotnaya, Moscú, febrero de 2014. © Denis Bochkarev / Amnistía Internacional

El derecho a protestar está en peligro de desaparecer en Rusia a medida que la represión de los detractores del gobierno y las voces disidentes se intensifica desde hace ya unos meses, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.


En A right, not a crime: Violations of the right to freedom of assembly in Russia se analizan los cambios legislativos y de políticas que se han llevado a cabo desde que, hace ya dos años, el presidente Vladimir Putin tomara posesión de su cargo por un tercer mandato. El informe se publica en un momento en que el Parlamento ruso está aprobando leyes que criminalizan a las organizaciones que infrinjan reiteradamente la sumamente restrictiva regulación de las reuniones públicas.
 
La intransigente respuesta dada a la sucesión de manifestaciones que han tenido lugar en Moscú en febrero y marzo de este año muestra cuán difícil y peligroso resulta ya organizar protestas y participar en ellas –ha señalado Denis Krivosheev, director del Programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central–. El derecho a la libertad de reunión está limitado en Rusia desde hace mucho tiempo, pero ahora corre peligro de desaparecer por completo.”   

La draconiana legislación que tan rigurosamente se está aplicando supone lo siguiente:

  • Todas las concentraciones públicas han de autorizarse con antelación, salvo si se celebran en zonas remotas designadas para ello. Las infracciones se sancionan con fuertes multas a organizadores y participantes. Las personas acusadas de ofrecer resistencia a la policía pueden quedar detenidas hasta 15 días.
  • Las reuniones organizadas por personas con opiniones críticas, disidentes o minoritarias no se autorizan casi nunca en los lugares solicitados.
  • Sólo pueden realizarse si autorización piquetes individuales, e incluso en estos casos se vienen poniendo arbitrariamente obstáculos en los últimos meses.
  • Las reuniones espontáneas son consideradas automáticamente ilegales y, por lo general, disueltas. Quienes participen en ellas, aunque sean pacíficas, se exponen a ser detenidos de manera arbitraria, con el riesgo de que les multen o les tengan recluidos brevemente

 
En el informe se documenta la prohibición de las protestas, la dispersión violenta y detención arbitraria de los manifestantes y la inacción de los tribunales para hacer respetar el derecho a la libertad de reunión.
 
Tras el cese temporal de las actividades de protesta a raíz de la represión de la protesta de la plaza de Bolotnaya en mayo de 2012, Amnistía Internacional documentó 10 actos de protesta organizados en Moscú en febrero y marzo de este año; de ellos, al menos siete fueron disueltos por la policía, que detuvo a más de un millar de manifestantes pacíficos. Se condenó a pagar cuantiosas multas a centenares de ellos y a varios días de privación de libertad a más de una decena en juicios injustos.
 
También se están utilizando nuevas leyes aprobadas en 2012 para disolver las reuniones espontáneas e impedir las protestas contra el gobierno en zonas concurridas.
 
En varias ocasiones se ha permitido a contramanifestantes intimidar, e incluso agredir físicamente, a los participantes en las protestas antes de disolverlas. Asimismo, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley hacen con frecuencia uso indebido de la fuerza con casi total impunidad.
 
Durante 2013 y a principios de 2014 se negó la autorización a todas las acciones públicas que los activistas de Amnistía Internacional quisieron realizar en zonas concurridas de Moscú. Los lugares alternativos propuestos por las autoridades eran remotos y desolados parques.


En cambio, las manifestaciones en favor del gobierno se permiten celebrar a menudo en lugares que se les niegan a las voces disidentes, e incluso en zonas oficialmente prohibidas.

 

Un grupo independiente realizó un estudio del tránsito de personas en los distintos lugares. En los solicitados por Amnistía Internacional y otros grupos había una media de entre 788 y 5374 transeúntes por hora. En cambio, en los lugares alternativos propuestos por las autoridades el número de transeúntes no superaba los 34.
 
Los tribunales rusos han dado reiteradas muestras de no proteger el derecho a la libertad de reunión. Son contados los casos en que han declarado ilegal la decisión de prohibir una protesta, y nunca lo han hecho a tiempo para poder celebrarla.


Debido a la reducción de las garantías de procedimiento en las demandas civiles y a la renuencia de muchos jueces que conocen de ellas a someter debidamente a examen las afirmaciones de la policía, si es que llegan siquiera a comprobarlas, se han impuesto multas a centenares de personas y se ha privado de libertad a varias en juicios sin garantías.  


“Es cada vez más evidente que las autoridades rusas están empeñadas en tener completo control del uso del espacio público y de las opiniones que puedan comunicarse o expresarse en él, y que los tribunales rusos no pueden o no están dispuestos a oponerse a ello”, ha afirmado Denis Krivosheev.
 
“Con las protestas prohibidas, las ONG críticas se están viendo obligadas a cerrar, los medios de comunicación independientes se ven amordazados y la disidencia está cada vez más confinada a la privacidad de las casas particulares. Es un situación preocupante, que recuerda ominosamente el no tan lejano pasado de Rusia.”

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