Londres.- Amnistía Internacional expresa su profunda preocupación y su condena por el reciente brote de violencia entre las fuerzas policiales y civiles armados que sufre la capital de Haití desde el 30 de septiembre. Amnistía Internacional condena en los términos más enérgicos la decapitación de agentes de la Policía Nacional, presuntamente a manos de partidarios de Lavalas. En las últimas semanas, decenas de civiles y diez policías han muerto por arma de fuego en los enfrentamientos entre presuntos partidarios del Partido Lavalas y las fuerzas de seguridad. También ha habido informes de actos de saqueo y vandalismo en diferentes zonas de la capital. La mayoría de las víctimas vivían en zonas pobres de la capital como Bel-Air, Cité Soleil y Martissant, consideradas bastiones de Lavalas. A Amnistía Internacional le preocupa hondamente el desprecio por las vidas y la seguridad de las personas que viven en los barrios pobres de Puerto Príncipe que se manifestó en estos incidentes. La organización reconoce la grave amenaza para la seguridad que suponen los grupos armados, pero insta al gobierno a que adopte una estrategia que asegure la protección de los derechos fundamentales a la vida, la seguridad, el debido procedimiento legal y la participación política. La organización reitera su petición al gobierno de transición para que ponga en marcha un amplio programa de desarme. A fin de garantizar que todos los sectores de la sociedad haitiana reciben protección adecuada frente a los abusos y las amenazas a su vida, Amnistía Internacional formula las siguientes recomendaciones al gobierno de transición de Haití: - Comunicar clara y públicamente a las fuerzas de policía nacional y a los civiles armados que no se admitirán las ejecuciones extrajudiciales y que sus autores serán procesados. - Garantizar que todas las muertes en circunstancias sospechosas se investigan sin demora y de forma eficaz, independiente e imparcial, sea cual sea la condición social de la víctima. - Garantizar que los testigos y sus familias reciben protección si dan información. - Garantizar que la policía sólo hace uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario y sólo en el mínimo grado que exigen las circunstancias. No deberán utilizarse medios letales salvo que sea estrictamente inevitable y sólo para proteger la vida. - Iniciar un exhaustivo programa de formación de todos los miembros de la policía sobre normas internacionales de derechos humanos, incluido el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979). - Formar un comité independiente para establecer el diálogo con los partidarios del Partido Lavalas y mediar para lograr una solución pacífica a la crisis política. Amnistía Internacional pide al Partido Lavalas que: - Condene enérgica y públicamente los actos de violencia perpetrados por sus simpatizantes. - Tome todas las medidas posibles para terminar con la violencia de sus simpatizantes. - Busque soluciones a la crisis basadas en el respeto pleno a los derechos humanos y al Estado de derecho, como iniciar un diálogo con las autoridades y otros agentes políticos. - Coopere con el gobierno de transición y la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) en la aplicación de un programa de desarme. Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que: - Ayude al gobierno de Haití a impartir una formación completa en derechos humanos a todas sus fuerzas de seguridad. - Ayude al gobierno de Haití a establecer un diálogo con representantes de las organizaciones locales de Lavalas y un plan de acción para suprimir la violencia política. - Tome medidas para el total y rápido despliegue de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), tal como dispone la resolución 1542 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada el 30 de abril de 2004, a fin de que dicha misión lleve a cabo su mandato de establecer el Estado de derecho y la seguridad y el orden públicos en Haití. - Ayude al gobierno de transición a poner en marcha urgentemente un programa de desarme, desmovilización y reintegración de todos los grupos armados.
La violencia desenfrenada debe terminar
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