La tortura, los homicidios y la desaparición forzada, prácticas generalizadas entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley

Londres.- La tortura, los malos tratos y los homicidios perpetrados por las fuerzas de seguridad continúan siendo tratados con persistente impunidad en Turquía, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy. La investigación y el procesamiento de graves violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes de la policía y de la gendarmería están llenos de deficiencias, agravadas por las decisiones contradictorias de fiscales y jueces. La consecuencia es el retraso o la denegación de la justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos. "El sistema de justicia penal necesita una reforma que sitúe firmemente la protección de los derechos humanos de los ciudadanos por encima de lo que se consideran intereses de las instituciones y los altos cargos del Estado”, ha dicho Nicola Duckworth, directora del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional. El informe de Amnistía Internacional, titulado Turkey: The entrenched culture of impunity must end, examina los factores que contribuyen a la impunidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos retrasos administrativos, fallos en los procedimientos judiciales e intimidación de personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y periodistas. El informe subraya la ausencia de un órgano independiente que pueda investigar de forma imparcial y eficaz las violaciones de derechos humanos perpetradas por funcionarios y la falta de un sistema centralizado de recopilación de datos sobre violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad. Las principales conclusiones del informe son: - Tortura y malos tratos durante la detención no oficial, en el transcurso y después de manifestaciones, en las cárceles y durante el traslado de presos. - Casos de juicios en marcha en Turquía en los que declaraciones presuntamente extraídas bajo tortura, que el tribunal ha declarado admisibles, constituyen parte fundamental de las pruebas. - Negación de los tribunales a reconocer pruebas medicas independientes en casos de tortura u otros malos tratos. Los tribunales normalmente sólo aceptan las pruebas facilitadas por el Instituto Médico Forense, vinculado institucionalmente al Ministerio de Justicia. - Reintroducción de una disposición polémica en la revisada Ley de Lucha contra el Terrorismo que no expresa de forma explícita que el uso de la fuerza debe ser el estrictamente necesario y proporcionado y que el uso de fuerza letal sólo es permisible cuando sea “estrictamente inevitable para proteger una vida”. - Falta de avances en la investigación de incidentes de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad con consecuencias letales en situaciones que no eran enfrentamientos armados y que podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales. En marzo de 2006 se efectuaron detenciones en masa tras unas manifestaciones contra el gobierno en Diyarbakir, este de Turquía. Hubo numerosas denuncias de torturas u otros malos tratos bajo custodia policial. Según informes del servicio de asistencia letrada del Colegio de Abogados, se calculó que el 95% de los detenidos, en ocasiones menores, habían sido torturados o víctimas de alguna otra forma de maltrato. Según los informes, se abrieron 34 investigaciones sobre denuncias de tortura u otros malos tratos. Más de un año después, no se habían emprendido acciones judiciales contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional acoge con satisfacción que el gobierno turco se haya declarado comprometido con una política de “tolerancia cero para la tortura” y con la protección de los derechos humanos. La organización ha señalado que hay menos informes de tortura y malos tratos bajo custodia judicial y que han mejorado las salvaguardias para la protección de los sospechosos contra los malos tratos durante su aprehensión, detención e interrogatorio. “El compromiso del gobierno con la ‘tolerancia cero de la tortura’ no podrá considerarse una política sincera y plenamente efectiva hasta que se tomen verdaderas medidas para asegurar que los agentes que violan la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos son puestos a disposición judicial. La tolerancia cero de la tortura y otras violaciones graves debe suponer que los responsables son investigados de forma minuciosa e independiente, procesados y condenados”, ha dicho Nicola Duckworth. “Sólo una política de ‘tolerancia cero de la impunidad’ aplicada en toda su amplitud terminará con el fantasma de la tortura y otros malos tratos, de los homicidios y de las desapariciones forzadas que aún malogra el expediente de derechos humanos de Turquía”. Información complementaria Hasta hace poco, la tortura era una práctica sistemática bajo custodia de la policía y la gendarmería en toda Turquía. Con el golpe de 1980 fueron detenidas un millón de personas, muchas de las cuales fueron torturadas y murieron bajo custodia policial, fueron sometidas a desaparición forzada o fueron juzgadas sin garantías. En la década de 1990, las violaciones en masa de los derechos humanos en las regiones suroriental y oriental de Turquía, de mayoría kurda, se produjeron en forma de desapariciones forzadas y homicidios a manos de autores desconocidos que las autoridades del Estado no mostraron voluntad de resolver, y del desalojo forzoso de aproximadamente un millón de habitantes de poblados evacuados y destruidos por las fuerzas de seguridad durante el conflicto con los grupos armados separatistas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha fallado en reiteradas ocasiones que Turquía ha violado sus obligaciones internacionales en casos relacionados con el derecho a la vida y a no sufrir tortura ni malos tratos y con los derechos a un juicio justo, a la libertad y la seguridad, a la libertad de expresión, a un recurso efectivo y a la protección de la propiedad.