El hecho de que Marruecos no tome medidas respecto a las persistentes denuncias de tortura y malos tratos en Témara y otros centros de detención socava los recientes progresos realizados por el país en el ámbito de los derechos humanos, ha declarado Amnistía Internacional en un informe hecho público hoy, 24 de junio. El informe, titulado Tortura en el marco de la campaña "antiterrorista". El caso del centro de detención de Témara, revela la práctica sistemática de la tortura y los malos tratos a los sospechosos recluidos en uno de los principales centros de detención de Marruecos, situado cerca de la capital, Rabat. Las decenas de personas presuntamente torturadas forman parte de los centenares de islamistas o presuntos islamistas a los que las autoridades han detenido desde 2002 como sospechosos de pertenecer a “bandas delictivas” o de estar implicados en actos violentos, como los atentados con explosivos perpetrados en Casablanca en mayo de 2003. La investigación de Amnistía Internacional se ha basado en los testimonios de ex detenidos, familiares, activistas de derechos humanos y abogados. El informe revela que en el centro de detención de Témara se han cometido una serie de infracciones de la ley marroquí y de las normas internacionales de derechos humanos:
- el centro está dirigido por el servicio interno de inteligencia de Marruecos, la Dirección de Vigilancia del Territorio (Direction de la Surveillance du Territoire, DST), y los miembros de su personal no son ni agentes ni oficiales de la policía judicial, y no están autorizados, en virtud de la ley marroquí, para detener, recluir o interrogar a sospechosos;
- a los detenidos se los ha mantenido recluidos en secreto, en ocasiones durante meses, y se les ha negado el acceso a sus familias o al mundo exterior;
- a los detenidos los han mantenido esposados y con los ojos vendados durante los interrogatorios. A algunos los han desnudado o los han colgado del techo en posturas contorsionadas. Muchos han denunciado haber sido golpeados o amenazados con detener o violar a su esposa o a mujeres de su familia;
- a los detenidos los han obligado a firmar o a suscribir con su huella dactilar declaraciones que, en muchos casos, se han utilizado como prueba en los tribunales para condenarlos;
- los magistrados no han ordenado investigaciones ni exámenes médicos a pesar de las persistentes denuncias de tortura y malos tratos;
- a los detenidos les han negado sistemáticamente su derecho a la asistencia letrada desde el comienzo del proceso judicial;
- algunos de los detenidos han sido condenados a muerte tras juicios flagrantemente injustos.
