- el centro está dirigido por el servicio interno de inteligencia de Marruecos, la Dirección de Vigilancia del Territorio (Direction de la Surveillance du Territoire, DST), y los miembros de su personal no son ni agentes ni oficiales de la policía judicial, y no están autorizados, en virtud de la ley marroquí, para detener, recluir o interrogar a sospechosos;
- a los detenidos se los ha mantenido recluidos en secreto, en ocasiones durante meses, y se les ha negado el acceso a sus familias o al mundo exterior;
- a los detenidos los han mantenido esposados y con los ojos vendados durante los interrogatorios. A algunos los han desnudado o los han colgado del techo en posturas contorsionadas. Muchos han denunciado haber sido golpeados o amenazados con detener o violar a su esposa o a mujeres de su familia;
- a los detenidos los han obligado a firmar o a suscribir con su huella dactilar declaraciones que, en muchos casos, se han utilizado como prueba en los tribunales para condenarlos;
- los magistrados no han ordenado investigaciones ni exámenes médicos a pesar de las persistentes denuncias de tortura y malos tratos;
- a los detenidos les han negado sistemáticamente su derecho a la asistencia letrada desde el comienzo del proceso judicial;
- algunos de los detenidos han sido condenados a muerte tras juicios flagrantemente injustos.
