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La seguridad y la supervivencia de los pueblos indígenas, en peligro

  • En las zonas guaraní y kaiowá, ¿qué ocurre? Hay mucha desnutrición. No tenemos tierras para cultivar. Precisamente por eso hay miseria y hambre en nuestra tierra [...] Los indígenas hemos tomado ya una decisión. Si se produce un desalojo en estas zonas de conflicto, nos mataremos. Nos mataremos porque no somos nada para nadie.
  • Líder indígena en una reunión pública con una comisión especial del Senado sobre asuntos indígenas, febrero de 2004.

Londres.- Mientras las necesidades de los pueblos indígenas continúen al final de la lista de prioridades del gobierno, la violencia y la pobreza crónica seguirán amenazando su existencia misma, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 30 de marzo de 2005, con motivo de la presentación de un informe sobre la cuestión de los pueblos indígenas de Brasil. En el informe se pone de relieve que, aunque se han hecho algunos progresos con respecto al respeto de sus derechos a lo largo de los años, los indígenas continúan sufriendo discriminación y agresiones en todo el país, como consecuencia, a menudo, de su lucha por tierras ancestrales.  El 13 de enero de 2003, Marcos Verón, de 72 años, líder del pueblo guaraní kaiowá del estado de Mato Grosso do Sul murió a causa de una paliza que recibió delante de miembros de su familia cuando intentaban expulsarlo de tierras ancestrales. Se detuvo a varios hombres, a los que se imputaron delitos como asesinato, tentativa de asesinato, secuestro y tortura. Se espera que los tribunales vean las causas este mismo año. "La continua falta de medidas efectivas de los gobiernos de Brasil para proteger a las comunidades indígenas las ha dejado expuestas a sufrir violaciones de derechos humanos y ha sentado las bases de la violencia actual”, ha señalado Amnistía Internacional. En el informe de la organización se explica cómo el hecho de que las autoridades federales no hayan garantizado el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras mediante la demarcación y ratificación de muchos territorios indígenas y la lentitud del proceso de aplicación de estas medidas en caso de que se adopten han hecho posible los ataques contra los indígenas. El 31 de marzo vencerá una orden judicial en virtud de la cual el gobierno ha asignado  unas tierras a la comunidad guaraní kaiowá de Cerro Marangatu, en el suroeste de Brasil. Si las autoridades no impiden su desalojo, la comunidad, que ha plantado allí cultivos esenciales para su supervivencia, quedará en la miseria. “En reiteradas ocasiones, las autoridades brasileñas no han hecho nada para impedir perdidas de vidas. No han tomado medidas para evitarlo ni siquiera habiéndose advertido insistentemente de posibles actos de violencia durante conflictos o invasiones de tierras indígenas, como en el caso de  los xukuru del estado de  Pernambuco o de los cinta larga del estado de Rondônia."  En todo el país, las comunidades indígenas sufren las consecuencias de graves privaciones económicas y sociales. "La tierra es esencial para el desarrollo de las comunidades indígenas. Al no proteger este derecho tan básico, las autoridades brasileñas están poniendo en peligro su seguridad y su supervivencia misma." "Al no cumplir con su obligación de elaborar y aplicar una política indígena clara, el actual gobierno está repitiendo y exacerbando los errores y omisiones de sus predecesores. No ha cumplido sus obligaciones constitucionales e internacionales, ni tampoco las grandes expectativas creadas por sus recientes compromisos electorales.”  Amnistía Internacional insta a las autoridades brasileñas a: - Establecer políticas claras y estrategias específicas para tratar las persistentes cuestiones de derechos humanos que afectan a la población indígena de Brasil. - Cumplir sus obligaciones internacionales y constitucionales resolviendo todas las reivindicaciones indígenas de tierras pendientes. - Investigar todos los casos de agresión y otros abusos contra miembros de comunidades indígenas y poner a los responsables a disposición judicial. “Sin un claro compromiso estratégico de las autoridades para garantizar la seguridad de los indígenas, resolver los conflictos sobre tierras y atender las reivindicaciones de tierras pendientes, parece inevitable que se repita la violencia y se produzcan nuevos retrocesos.”

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