Las nuevas autoridades libias deben eliminar de raíz la detención arbitraria y los abusos generalizados a detenidos, afirma Amnistía Internacional en un documento que ha publicado hoy. En Detention Abuses Staining the New Libya, la organización pone al descubierto la práctica recurrente de palizas y malos tratos contra presuntos seguidores, soldados y mercenarios de Gadafi capturados en el oeste de Libia. En algunos casos existen indicios claros del uso de tortura para obtener confesiones o como medida de castigo. “Sin una acción contundente e inmediata, existe el peligro real de que algunas prácticas habituales del pasado se reproduzcan. La detención arbitraria y la tortura eran sellos distintivos del régimen del coronel Gadafi”ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África. “Somos conscientes de que el gobierno de transición se enfrenta a numerosos problemas, pero si no establece ahora una ruptura clara con el pasado, el mensaje que estará emitiendo en la práctica es que en la nueva Libia se tolera ese trato a los detenidos”. Desde finales de agosto, milicias armadas han detenido y puesto bajo custodia a no menos de 2.500 personas en Trípoli y Zawiya. La organización afirma que en casi todos los casos se había detenido a la persona sin una orden judicial, y en la mayoría sin la intervención de la Fiscalía General. Estaban recluidas bajo la custodia de autoridades locales –civiles o militares– o de milicias armadas, fuera de la supervisión del Ministerio de Justicia. Entre agosto y septiembre, Amnistía Internacional entrevistó a unos 300 reclusos. A ninguno le habían mostrado una orden de detención y muchos de ellos en realidad habían sido secuestrados de su casa por captores no identificados que llevaban a cabo registros en busca de presuntos combatientes o seguidores de Gadafi. Al menos dos guardias de distintos centros de detención reconocieron a Amnistía Internacional que habían golpeado a detenidos para tardar menos en obtener su “confesión”. En el suelo de un centro de detención, la organización encontró un palo, cuerda y una manguera de goma que, por sus características, podía servir para golpear a los detenidos, también en las plantas de los pies (técnica de tortura denominada falaqa). En un centro oyeron gritos y el sonido de latigazos procedentes en una celda cercana. La organización afirma que, al parecer, las palizas y torturas a detenidos se infligen sobre todo al principio de la detención, a modo de “bienvenida”. Entre un tercio y la mitad de los detenidos eran africanos subsaharianos sospechosos de ser mercenarios. Algunos han sido liberados al no encontrarse pruebas que los vinculen a los combates. Un hombre de Níger, que había sido presentado a Amnistía Internacional como “mercenario y asesino”, se derrumbó y explicó que había “confesado” después de recibir palizas casi constantes durante dos días. Negó haber participado en los enfrentamientos. También corren especial peligro los libios de piel negra, sobre todo los de la región de Tawargha, que las fuerzas de Gadafi utilizaron como base en sus intentos de recuperar el control de Misrata. Decenas de habitantes de esta región han sido secuestrados de sus hogares, de puestos de control y hasta de hospitales. La organización averiguó también que se había recluido a menores de edad junto a personas adultas y que mujeres detenidas habían sido sometidas a registros por guardias varones. Un joven chadiano de 17 años acusado de violación y de ser mercenario contó a Amnistía Internacional que unos hombres armados lo habían secuestrado de su casa en agosto y recluido en una escuela, donde le habían dado puñetazos y golpeado con palos, cinturones, fusiles y cables de caucho. "Las palizas eran tan intensas que acabé diciendo lo que querían oír. Les dije que había violado a mujeres y matado a libios”.Amnistía Internacional pidió garantías al Consejo Nacional de Transición de que ninguna persona es detenida sin una orden de la Fiscalía General, y de que todos los centros de detención están sujetos al control del Ministerio de Justicia. La organización ha afirmado que todas las personas privadas de su libertad deben ser autorizadas a impugnar la legalidad de su detención o quedar en libertad. En el oeste de Libia están suspendidas todas las actuaciones judiciales desde que el Consejo tomó el control. En el este del país, bajo el control del Consejo desde febrero, continúan suspendidas. En reuniones con Amnistía Internacional celebradas en septiembre, representantes del Consejo reconocieron los motivos de preocupación relativos a la detención arbitraria y los malos tratos y se comprometieron a tomar más medidas para dominar a las milicias armadas y garantizar idéntica protección de la ley a todas las personas detenidas. “El Consejo Nacional de Transición debe actuar con urgencia para transformar en acción sus compromisos públicos, antes de que este patrón de abusos se consolide y empañe el historial de la nueva Libia en materia de derechos humanos” afirmó Hassiba Hadj Sahraoui. "Estas personas han sido detenidas sin orden judicial en la mayoría de los casos y han sufrido golpes –y en algunos casos cosas peores– en el momento del arresto y a su llegada al centro de detención. Están expuestas a sufrir abusos a manos de unas milicias armadas que suelen actuar por iniciativa propia”. “Las autoridades no pueden limitarse a dejar que esto suceda porque se encuentran en una etapa de ‘transición’. Deben permitir que estas personas se defiendan como corresponde o ponerlas en libertad”.
