La Premio Nobel de la Paz y abogada iraní Dra. Shirin Ebadi, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Campaña Internacional para los Derechos Humanos en Irán, la Comisión Internacional de Juristas, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Liga Iraní para la Defensa de los Derechos Humanos, la Union Internationale des Avocats y la Organización Mundial contra la Tortura han condenado hoy la detención continuada sin cargos ni juicio de la abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh en Irán, y han pedido su liberación inmediata e incondicional, ya que permanece recluida exclusivamente por su trabajo de defensa de otras personas.
Los firmantes del llamamiento han advertido de que la detención de Nasrin Sotoudeh es la última de una serie de medidas destinadas a impedir a la población de Irán –especialmente a quienes critican a las autoridades– acceder a asistencia letrada adecuada y competente, un derecho fundamental y una importante garantía de juicio justo.
Nasrin Sotoudeh, madre de dos niños de corta edad, ha defendido a numerosos activistas destacados de derechos humanos y activistas políticos, entre ellos el periodista Isa Saharkhiz y Heshmatollah Tabarzadi, líder del proscrito Frente Democrático de Irán. El primero fue sentenciado y el segundo juzgado tras la detención de Nasrin Sotoudeh. La abogada ha representado también a delincuentes menores de edad que se enfrentaban a la pena de muerte, y ha actuado como abogada de Shirin Ebadi en varios casos.
Permanece recluida en la Prisión de Evin, en Teherán, desde el 4 de septiembre de 2010, después de presentarse en cumplimiento de una citación judicial. Desde entonces sólo se le ha permitido hacer tres llamadas telefónicas: dos a su casa y una a su abogado, pero no se le han permitido visitas ni de su familia ni de su abogado.
Los motivos exactos de su detención aún no están claros, pero la citación enumeraba “propaganda contra el sistema” y “reunión y colusión con el fin de dañar la seguridad del Estado”. Estos cargos tan vagamente redactados son algunos de los artículos incluidos en el Código Penal Islámico de Irán sobre la “seguridad nacional” que castigan actividades que son simplemente el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Estas disposiciones ya se han utilizado anteriormente para procesar a abogados por declaraciones y actividades en defensa de sus clientes.
A Nasrin Sotoudeh ya le habían advertido anteriormente de que dejara de representar a Shirin Ebadi o se enfrentaría a represalias. Asimismo, desde su detención, su esposo, Reza Khandan, y su abogado, Nasim Ghanavi, han sido advertidos de que no hablen públicamente sobre la situación de Nasrin Sotoudeh. Reza Khandan ha sido incluso citado para interrogatorio en la Sala 1 del Tribunal Revolucionario, en lo que él ha descrito como una “serie de amenazas”.
En los últimos meses se ha intensificado la persecución contra los abogados defensores. Mohammad Oliyaeifard, abogado y miembro de la junta directiva de la organización de derechos humanos Comité de Defensa de los Presos Políticos en Irán, cumple una pena de un año de prisión impuesta por hablar contra la ejecución de uno de sus clientes en entrevistas a medios de comunicación internacionales. Su cliente, el menor Behnoud Shojaee, fue ahorcado por un asesinato cometido cuando tenía 17 años. Mohammad Olyaeifard ha defendido a muchos presos de conciencia, entre ellos sindicalistas independientes, y a delincuentes menores de edad. Su abogada es Nasrin Sotoudeh.
Otros dos abogados, ambos colegas de Shirin Ebadi en la ONG Centro para Defensores de los Derechos Humanos, que todos ellos ayudaron a fundar, también corren peligro de ser procesados por su labor de derechos humanos. Abdolfattah Soltani y Mohammad Ali Dadkhah fueron detenidos tras las controvertidas elecciones presidenciales de junio de 2009. Aunque ambos quedaron más tarde en libertad bajo fianza, tienen causas judiciales pendientes por cargos igualmente vagos que podrían dar lugar a su encarcelamiento y posible expulsión del Colegio de Abogados. Por su parte, Mohammad Seyfzadeh, destacado abogado y también miembro fundador del Centro para Defensores de los Derechos Humanos, se enfrenta a juicio por “formar una asociación […] cuyo objetivo es dañar la seguridad nacional” y por “pertenecer a una asociación cuyo objetivo es dañar la seguridad nacional”, ambos cargos en relación con el Centro para Defensores. En 2009 le prohibieron abandonar el país, al igual que al Dr. Hadi Esmailzadeh, también miembro del Centro para Defensores.
Las autoridades también están recurriendo a otros métodos para impedir a los abogados practicar su profesión libremente. Entre los métodos empleados están investigaciones fiscales no justificadas con las que las autoridades congelan las cuentas bancarias y otros bienes de los abogados, y que podrían conducir a su expulsión del Colegio de Abogados. La propia Shirin Ebadi ha sido objeto de uno de esos bloqueos económicos, cuando las autoridades, violando la ley, congelaron una cuenta bancaria que contenía el dinero procedente de su Premio Nobel. Antes de su detención, y también víctima de esta táctica, Nasrin Sotoudeh descubrió que no sólo se estaban investigando sus asuntos económicos, sino que se estaban preparando causas por irregularidades fiscales contra otros 30 abogados.
Además, las autoridades llevan años tratando de limitar la independencia del Colegio de Abogados iraní prohibiendo a candidatos presentarse a las elecciones a altos cargos por motivos discriminatorios, entre ellos sus presuntas opiniones políticas y sus actividades pacíficas de derechos humanos. Por ejemplo, en 2008, a Mohammad Dadkhah, el Dr. Hadi Esmailzadeh, Fatemeh Gheyrat y Abdolfattah Soltani –todos ellos miembros del Centro para Defensores de los Derechos Humanos– se les impidió presentarse para la Junta Central del Colegio de Abogados a causa de sus actividades como defensores de los derechos humanos. En junio de 2009, menos de una semana después de las controvertidas elecciones presidenciales, se adoptó un nuevo reglamento para la ley de 1955 que establece la independencia del Colegio de Abogados iraní. Este nuevo reglamento otorgaba a la judicatura el poder de aprobar la pertenencia al Colegio y las solicitudes de licencia de los abogados, minando así la independencia del Colego. Tras la oposición del Colegio y de abogados individuales, en julio de 2009 se anunció que la aplicación del reglamento se suspendía durante seis meses. Se cree que continúa suspendido, pero podría aplicarse en cualquier momento.
Shirin Ebadi no ha regresado a Irán desde las elecciones presidenciales, ya que allí no podría continuar con su trabajo de derechos humanos.
Otros abogados se han visto obligados a exiliarse por su propia seguridad. Shadi Sadr abandonó el país tras permanecer detenida 11 días en julio de 2009. Mohammad Mostafaei también se vio obligado a huir en julio de 2010, después de que, por su participación en el caso de Sakineh Mohammadi Ashtiani, mujer iraní condenada a lapidación, las autoridades dictaran contra él una orden de detención (detuvieron en su lugar a su esposa y al hermano de ésta).
El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), en el que Irán es Estado Parte, establece el derecho de todo acusado a contar con tiempo e instalaciones adecuados para preparar su defensa y comunicarse con un abogado de su elección. Los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados establecen que éstos deben poder realizar su trabajo “sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas”. Además, afirman el derecho de los abogados a la libertad de expresión, establecido también en el artículo 19 del PIDCP, un derecho que incluye “tomar parte en debates públicos sobre cuestiones relativas a las leyes, la administración de justicia y el fomento y la protección de los derechos humanos”.
Al relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados no se le ha permitido visitar el país pese a la invitación permanente cursada por Irán en 2002 a todos los mecanismos de derechos humanos de la ONU. Desde agosto de 2005 no se ha permitido a ningún experto en derechos humanos visitar Irán. En la actualidad, ocho procedimientos tienen solicitudes pendientes de visita al país, a las que las autoridades iraníes aún no han accedido.
“Yo, que he defendido a numerosos presos de conciencia, como por ejemplo los siete líderes bahaí encarcelados y otras personas, me encontraría con restricciones inaceptables a mi labor de derechos humanos si regresara a Irán, y eso en caso de que no me detuvieran”, ha manifestado Shirin Ebadi. “Ahora, mi propia abogada –que representa también a muchos otros activistas– está detenida, y su abogado ha sido amenazado con la detención por defenderla. ¿Dónde está la justicia si a tu abogado lo detienen por defenderte?”
Las organizaciones han manifestado que, al hacer pagar a los abogados su trabajo con su libertad, las autoridades están socavando aún más un sistema de justicia ya de por sí muy defectuoso. Con algunos abogados entre rejas y otros amenazados, sus clientes –en su mayoría víctimas a su vez de violaciones de derechos humanos– quedan indefensos a merced de las autoridades.
