La condena de muerte dictada por crímenes de guerra contra una destacada figura de la oposición de Bangladeshno traerá justicia a los millones de víctimas de la guerra de independencia. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Además, el equipo de la defensa ha expresado una preocupación constante por el hecho de que los procedimientos judiciales no han respetado las normas sobre juicios justos.
Motiur Rahman Nizami, líder de Jamaat-e-Islami, el tercer partido político más grande de Bangladesh, ha sido condenado hoy a muerte por crímenes de guerra por el Tribunal de Crímenes Internacionales, un tribunal de Bangladesh establecido para investigar lo sucedido durante la guerra de independencia bangladeshí de 1971.
“Bangladesh debe anular la condena de muerte dictada contra Motiur Rahman Nizami y todos los demás condenados. La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante y no puede ser nunca una manera de administrar justicia”, ha manifestado Abbas Faiz, investigador de Amnistía Internacional sobre Bangladesh.
“Los crímenes cometidos durante la guerra de independencia fueron atroces y no cabe duda de que las víctimas merecen justicia. Pero la pena de muerte sólo sirve para perpetuar el círculo de violencia.”
“La pena de muerte no sólo constituye una violación del derecho a la vida, sino que, si conduce a la ejecución, es una pena irreversible, que no da opción a corregir los posibles errores de juicio o violaciones del derecho a un juicio justo ocurridos durante los procedimientos.”
Todas las sentencias condenatorias hasta ahora se han dictado contra personas asociadas al partido de oposición Jamaat-e-Islami. El Tribunal de Crímenes Internacionales ha sido objeto, desde su establecimiento, de denuncias de juicio injusto formuladas por grupos de defensa de los derechos, unas denuncias de las que el equipo de la defensa de Nizami se hizo eco durante el juicio.
“El Tribunal de Crímenes Internacionales representa una oportunidad única para la justicia y la reconciliación en Bangladesh. Sin embargo, las constantes preocupaciones expresadas por el equipo de la defensa respecto a la falta de justicia del juicio hacen temer que este tribunal sólo sirva para lograr el efecto contrario y crear un resentimiento aún mayor”, ha manifestado Abbas Faiz.
Las sentencias de muerte anteriores dictadas por el Tribunal de Crímenes Internacionales han dado lugar a grandes protestas callejeras, y Jamaat-e-Islami ya ha convocado una huelga nacional (hartal) de tres días para protestar por la sentencia de hoy.
“La situación política en Bangladesh es sumamente tensa, y existe un peligro real de que las manifestaciones callejeras puedan dar lugar a estallidos de violencia. Es fundamental que las fuerzas de seguridad garanticen que se respeta el derecho de la población a la manifestación pacífica, y que los líderes de todos los bandos insten a sus partidarios a no cometer abusos”, ha manifestado Abbas Faiz.
A fecha de hoy, 140 países han abolido la pena de muerte en la ley o en la práctica. Bangladesh fue uno de los únicamente nueve países que llevaron a cabo ejecuciones cada año entre 2009 y 2013.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, independientemente de la naturaleza o las circunstancias del delito, de la culpabilidad, la inocencia u otras características del presunto delincuente, o del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La organización pide a las autoridades de Bangladesh que dicten de inmediato una moratoria de las ejecuciones, como primer paso hacia la abolición, y que conmuten todas las condenas de muerte.
