El histórico reconocimiento de Palestina como Estado observador, sin categoría de miembro, de las Naciones Unidas trae aparejadas obligaciones en virtud del derecho internacional. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
La votación celebrada el jueves en la Asamblea General de la ONU en Nueva York se decidió por 138 votos a favor, 41 abstenciones y 9 votos en contra.
Palestina se encuentra en posición de ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y otros tratados de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, reforzando así la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y los delitos de derecho internacional.
“Esto abriría la puerta a que las víctimas de abusos contra los derechos humanos busquen justicia y puedan reclamar sus derechos”, ha manifestado Widney Brown, directora general de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.
“En particular, ayudaría a los esfuerzos por conseguir que se haga justicia internacional para los crímenes de guerra y los posibles crímenes contra la humanidad cometidos por todas las partes del conflicto de 2008-2009 en Gaza y el sur de Israel”.
“Palestina debe adherirse sin demora al Estatuto de Roma afirmando que acepta la competencia de la CPI sobre los delitos cometidos desde el 1 de julio de 2002. También debe adherirse a los tratados y acuerdos afines”.
“Las víctimas que sufrieron durante el conflicto de 2008-2009 han esperado demasiado tiempo a la justicia. Palestina debe actuar rápidamente para garantizar que la justicia no se demora más”, ha manifestado Widney Brown.
Presión inaceptable para renunciar a la justicia Amnistía Internacional ha recibido con preocupación los informes que indican que varios Estados, entre ellos Reino Unido y Estados Unidos, presionaron a diplomáticos palestinos para que renunciaran a los mecanismos de rendición de cuentas respecto a los delitos de derecho internacional.
“El acceso de las víctimas a la justicia no es un elemento con el que se pueda negociar”, ha declarado Widney Brown.
“Esta actitud resulta especialmente alarmante teniendo en cuenta los informes sobre violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en Gaza e Israel durante las recientes hostilidades entre Israel y grupos armados palestinos”.
Amnistía Internacional ha condenado la constante negativa tanto de la administración de facto de Hamás en Gaza como de Israel a llevar a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre los delitos presuntamente cometidos durante el conflicto de 2008-2009. Castigo colectivo También suscitan especial preocupación las amenazas de Israel respecto a retener el dinero que debe pagar a la Autoridad Palestina, como protesta por la votación en la ONU sobre la condición de Palestina.
Las restricciones impuestas por Israel a la circulación de personas y bienes ya estrangulan la economía palestina, y han obligado a muchos palestinos a depender de la ayuda humanitaria.
Amnistía Internacional ha instado reiteradamente a Israel a levantar por completo su bloqueo sobre Gaza, que supone un castigo colectivo contra más de 1,4 millones de palestinos y constituye así una clara violación del derecho internacional.
“El retener dinero o recursos agravará la situación humanitaria”, ha manifestado Widney Brown. “En virtud del derecho internacional, Israel, como potencia ocupante, tiene prohibido utilizar el castigo colectivo, y es responsable del bienestar de las personas que habitan en el territorio ocupado”.
Información complementaria En enero de 2009, tras el conflicto, de 22 días de duración, en Gaza y el sur de Israel, la Autoridad Palestina presentó una declaración en la que invocaba el artículo 12.3 del Estatuto de Roma de la CPI y reconocía la competencia de la CPI sobre los delitos de derecho internacional cometidos durante dicho conflicto armado. Esa declaración tenía como finalidad permitir que el fiscal de la CPI llevara a cabo un examen preliminar de esos delitos.
El 3 de abril de 2012, el fiscal concluyó que no podía proceder con la investigación y el enjuiciamiento de esos delitos a menos que los órganos pertinentes de la ONU (en particular, el secretario general y la Asamblea General) o la Asamblea de los Estados Partes de la CPI (compuesta por los 121 Estados que han ratificado el Estatuto de Roma) decidieran que Palestina constituía un Estado dentro del significado de la disposición en virtud de la cual la Autoridad Palestina había presentado la declaración.
Amnistía Internacional ha pedido reiteradamente a la Asamblea General de la ONU que remita al Consejo de Seguridad el informe de la misión de investigación sobre el conflicto de 2008-2009 entre Gaza e Israel, con el fin de que el Consejo pueda considerar si remite la situación al fiscal de la CPI para que éste investigue los delitos de derecho internacional cometidos por ambas partes.
