Desde mayo de 2016, en Bahréin se ha intensificado alarmantemente la represión del derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica, asociación y circulación, dirigida en particular contra la oposición y las personas críticas con las autoridades. El 31 de mayo, un tribunal de apelación elevó de cuatro a nueve años la pena de prisión impuesta a Sheikh Ali Salman —secretario general del mayor grupo de oposición de Bahréin, la Sociedad Nacional Islámica Al Wefaq, y preso de conciencia— por pronunciar discursos críticos con el gobierno. En un caso relacionado, el líder espiritual de Al Wefaq, Sheikh Isa Qassem, fue despojado arbitrariamente el 20 de junio de la nacionalidad bahreiní y, al no tener otra, quedó convertido en apátrida. La noticia dio lugar a manifestaciones y a una sentada frente al domicilio de Sheikh Isa Qassem en la localidad de Duraz. La sentada continuaba a finales de agosto pese a que las autoridades habían prohibido que las personas no residentes en Duraz entrasen al pueblo, habían restringido el acceso a Internet y habían detenido a decenas de manifestantes y clérigos chiíes. El 17 de julio, Sheikh Isa Qassem fue acusado de “blanquear dinero” y “recibir fondos sin autorización” por haber recogido khums, donativos que, según el islam chií, los fieles deben entregar a su líder espiritual (o al representante de éste) para que los distribuya entre los pobres, y que equivalen a una quinta parte de las ganancias anuales del donante. Actualmente, Sheikh Isa Qassem está siendo juzgado. La represión de las autoridades contra Al Wefaq se incrementó notablemente en julio, al ordenar un tribunal de apelación la disolución del grupo y el embargo de todos sus bienes. Las autoridades bahreiníes no mostraron pruebas creíbles de que Al Wefaq fuera más que un movimiento pacífico de oposición. Amnistía Internacional considera que la disolución del grupo es un ataque contra la libertad de expresión y asociación de sus integrantes. Otras figuras de la oposición han sufrido medidas represivas similares a las adoptadas contra los líderes de Al Wefaq: Ebrahim Sharif, ex secretario general de Waad, ha sido encarcelado dos veces desde 2011 por ejercer su derecho a la libertad de expresión, mientras que otro líder de la oposición, Fadhel Abbas Mahdi Mohamed, de Al Wahdawi, continúa preso. Continúan encarcelados 11 activistas de la oposición —entre ellos Hassan Mshaima, líder del movimiento Al Haq, y el defensor de los derechos humanos Abdulhadi al Khawaja— por dirigir el levantamiento de 2011 o participar en él. El doctor Ali al Ekri también continúa encarcelado por prestar atención médica a manifestantes heridos y denunciar la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante el levantamiento. Amnistía Internacional considera a todas estas personas presas de conciencia. Desde junio, las autoridades también han intensificado la represión contra la sociedad civil y contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. El 12 de junio se impidió que cinco activistas, entre los que había defensores de los derechos humanos, salieran de Bahréin para asistir al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Al día siguiente, Nabeel Rajab, destacado defensor de los derechos humanos y presidente del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, fue detenido por publicar y compartir comentarios pacíficos en Twitter. Nabeel, que tenía prohibido viajar desde noviembre de 2014, es preso de conciencia y su juicio está en curso. A otras dieciocho personas, entre ellas un abogado y una periodista, se les ha impedido viajar o se les ha prohibido oficialmente salir del país. Entre el 20 de junio y el final de agosto, al menos 60 clérigos chiíes fueron citados para interrogarlos sobre las protestas de Duraz. A la mayoría se los acusó de “reunión ilegal” y, a fecha de 26 de agosto, unos 13 permanecían detenidos. Uno de ellos, Sheikh Ali Humaidan, fue condenado el 18 de agosto a un año de prisión por “reunión ilegal”. Otro clérigo, Sheikh Maytham al Salman, también defensor de los derechos humanos, fue detenido el 14 de agosto e interrogado sobre su trabajo en favor de los derechos humanos y sobre las protestas de Duraz. Se le acusó de “reunión ilegal” y quedó en libertad al día siguiente. Lleva esperando un nuevo pasaporte desde enero de 2016; hasta que lo reciba, a efectos prácticos, no puede viajar. Desde 2011, la represión contra toda forma de disidencia es una constante en el panorama de los derechos humanos en Bahréin. Las autoridades continúan coartando el derecho a la reunión pacífica e incluso han prohibido todo tipo de manifestaciones públicas en la capital, Manama, medida vigente desde agosto de 2013. Fuera de Manama siguen celebrándose manifestaciones y, a menudo, la policía responde a ellas con un uso excesivo de la fuerza, lo que incluye la utilización de gas lacrimógeno y munición de perdigones. Aunque las autoridades deben garantizar el orden público y la seguridad de la población, también tienen la obligación de asegurar el derecho de los y las bahreiníes a la reunión pacífica. Toda restricción debe ser acorde con las normas y el derecho internacionales. Ante la reducción de los espacios de protesta pacífica, muchas personas críticas han recurrido a las redes sociales para expresar su disconformidad. Las autoridades han reaccionado procesando a numerosas personas por publicar en Twitter comentarios que el gobierno consideraba “insultantes”. En febrero de 2014, “insultar al rey” pasó a ser punible con hasta siete años de prisión. A algunas personas se las ha despojado arbitrariamente de la nacionalidad por razones imprecisas relacionadas con la seguridad nacional. Desde 2012, al menos 316 personas —entre ellas ex parlamentarios y defensores de los derechos humanos— han perdido la nacionalidad por motivos arbitrarios. La mayoría no tiene otra nacionalidad, lo que las convierte en apátridas. Desde 2014, al menos seis personas despojadas de la nacionalidad han sido expulsadas del país. Amnistía Internacional sigue documentando detenciones arbitrarias y torturas y otros malos tratos, entre otras de personas detenidas bajo sospecha de estar involucradas en delitos relacionados con la seguridad. El principal propósito de estas torturas y malos tratos parece ser el de obtener “confesiones” para usarlas como prueba en procedimientos judiciales. Algunas personas declaradas culpables a partir de estos testimonios han sido condenadas a muerte. Los juicios injustos siguen siendo frecuentes en el país. Las autoridades no han atajado eficazmente el uso de torturas y otros malos tratos contra personas detenidas, ni otras violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. Aunque se han establecido organismos de derechos humanos, como la oficina del Defensor del Pueblo del Ministerio del Interior y la Unidad de Investigaciones Especiales, en la práctica su independencia y eficacia aún están por demostrar, y persiste una cultura de la impunidad. Muy pocos miembros de las fuerzas de seguridad han sido procesados por utilizar la tortura o cometer otros abusos contra manifestantes y personas detenidas, entre ellas las que murieron a raíz de la tortura o del uso excesivo de la fuerza durante el levantamiento de 2011. En general, los procesados han sido agentes de baja graduación y, en su mayoría, han sido absueltos. En los pocos casos en los que se los ha hallado culpables, las condenas no han reflejado la gravedad de los abusos. Amnistía Internacional insta al gobierno de Bahréin a:
- poner en libertad inmediata e incondicional a todos los presos y presas de conciencia encarcelados únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica;
- garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, lo que incluye la investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial de las mismas, con el objetivo de asegurar que los responsables penales —incluido aquellos con responsabilidad superior— comparezcan ante la justicia;
- revocar o reformar todas las leyes que penalizan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación, hacerlas compatibles con el derecho internacional y suspender la prohibición de las protestas pacíficas en Manama;
- garantizar la independencia e imparcialidad de las instituciones de derechos humanos de Bahréin y de sus investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, en particular las del Defensor del Pueblo del Ministerio del Interior y la Unidad de Investigaciones Especiales;
- poner fin a las expulsiones de ciudadanos bahreiníes y a cualquier revocación de su nacionalidad que pueda convertirlos en apátridas, permitir que las personas expulsadas regresen a Bahréin y restituir la nacionalidad a todas aquellas a las que se haya despojado de ella arbitrariamente;
- retirar la prohibición de viajar impuesta a Nabeel Rajab y a otras personas a las que se ha impedido viajar desde junio de 2016 debido a sus actividades en favor de los derechos humanos, y entregar a Sheikh Maytham al-Salman su nuevo pasaporte sin más dilación;
- asegurar que, durante todas las actuaciones policiales relacionadas con manifestaciones, el mantenimiento de la ley y el orden, la realización de detenciones y el tratamiento e interrogatorio de personas detenidas o presas, los agentes de seguridad actúan en estricto cumplimiento del derecho y las normas internacionales relativas a los derechos humanos y a la aplicación de la ley;
- garantizar que los juicios son acordes con el derecho y las normas internacionales sobre juicios justos, lo que excluye el uso de declaraciones u otras pruebas obtenidas mediante torturas, malos tratos u otro tipo de coacción;
- confirmar la visita del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que debe producirse a la mayor brevedad, e invitar a visitar Bahréin al relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación y al relator especial sobre el derecho a la libertad de expresión.
